El arte de evitar el debate

Por Joseba Arregui (EL CORREO DIGITAL, 24/03/07):

En casi todas las sociedades con presencia de más de una lengua, también cuando las diferentes lenguas son igualmente oficiales, las cuestiones lingüísticas siempre son fuente de debates y de problemas. No creo que sea una exageración afirmar que las cuestiones lingüísticas son también problemáticas en Euskadi: hasta qué punto y cómo debe ser promocionado el euskera, cuál es el tratamiento debido al español, cuál debe ser la relación de las dos lenguas en el sistema escolar, cuál la política de apoyo a la cultura según sea la lengua en la que se produzca, todo ello es fuente de discusiones y de conflictos.

Pero, al mismo tiempo, la politica lingüística ha desarrollado todo un arte para tratar de neutralizar el debate, para dar a entender que son cuestiones sobre las que se pueden mantener posiciones diferenciadas, pero que en el fondo son pacíficas. Y que es bueno que así sea. Porque, se argumenta, el debate hay que circunscribirlo al plano técnico, que es neutral y en el que es preciso escuchar, y seguir, la opinión de los expertos.

Porque, se sigue argumentando, es necesario extraer el euskera del debate político y partidista, porque el euskera es patrimonio de todos, porque se trata de promocionar el euskera sin que ello suponga detrimento alguno del español. Porque, continúa la argumentación, se trata sólo de cumplir las leyes ya consensuadas, se trata de llevar a la práctica la cooficialidad de las lenguas proclamada por el Estatuto de Gernika, se trata sólo de que todos los ciudadanos estén en pie de igualdad lingüística y no queden descolgados por tener un conocimiento deficiente de alguna de las lenguas cooficiales, del euskera para ser más exactos. Porque existe un acuerdo básico de mejorar el conocimiento del euskera.

Pero la manera de definir la política lingüística no es una mera cuestión técnica y el interés por reducirla a simple cuestión técnica esconde una toma de posiciones que no se quiere debatir. En tiempos, los técnicos, los llamados sociolingüistas, habían establecido el dogma de que es imposible que en el mismo espacio social dos lenguas puedan convivir en igualdad de condiciones, pues la lengua mayor siempre se impondría a la menor, a la minorizada. Por eso, aunque se siguiera hablando de bilingüismo, el fin de la buena política lingüística, la que recomendaba la neutralidad técnica, era la de avanzar hacia el monolingüismo euskaldun.

La necesaria igualdad de todos los ciudadanos vascos ante la exigencia del conocimiento igualmente competente en ambas lenguas oficiales se deriva de una forma de definir la sociedad vasca, una definición que conlleva la definición de los puestos de trabajo de la Administración, los criterios para decidir las subvenciones, los modelos linguísticos que se empleen en los medios de comunicación públicos, etcétera. Claro que si se parte de una sociedad perfectamente bilingüe, de una en la que todos los ciudadanos deben ser igualmente competentes en euskera y en español, quien no domine una de las dos lenguas, en general el euskera, se puede encontrar discriminado, como sucede en la actualidad. Pero, ¿es tan evidente el fin de una sociedad perfectamente bilingüe en todos sus miembros? ¿Debe ser ésa la meta a alcanzar? ¿O es algo que debemos debatir con tranquilidad previamente?

Todo lo que se plantea a favor del euskera, su promoción, la discriminación positiva del conocimiento y del uso del euskera no va contra ninguna otra lengua, especialmente no va contra el español, se dice. Pero el problema es que la lucha lingüística en una sociedad no se plantea entre las lenguas, al menos no sólo. El problema es que la lucha se plantea entre quienes encarnan las lenguas. Y las medidas que pueden aparecer como no contrarias al español sí pueden ser, y lo son demasiado a menudo, contrarias para los hispanohablantes, para los que no conocen, o no suficientemente, el euskera.

Es preciso, pues, quitar la máscara al discurso oficial de la política lingúística, quitar la máscara de que, en el fondo, todos queremos lo mismo, de que no hay diferencias sustanciales, de que lo único que se quiere conseguir es la igualdad de todos, dentro del mayor respeto a todas las lenguas, de que sólo se trata del cumplimiento de la ley. Pues la definición de la sociedad vasca como una sociedad en la que existen dos lenguas cooficiales no implica que todos los ciudadanos vascos deban poseer la misma y exacta competencia en ambas lenguas. Pues la norma de la Ley de Normalización del euskera dice que quienes finalicen la enseñanza obligatoria deberán haber adquirido competencia en ambas lenguas, pero no dice cuál es el nivel de esa competencia, si se trata del equivalente al ‘First’ del inglés o cualquier otro nivel.

Tampoco las leyes dicen que el hecho de que alumnos que han cursado sus estudios en el modelo A -con el español como lengua vehicular y el euskera como primera segunda lengua obligatoria- no alcancen suficiente nivel de conocimiento se deba al modelo en sí, o si se pueden y se deben buscar otras razones. En ninguna ley, orgánica o normal, está establecido que la meta a alcanzar sea que la sociedad vasca en todos sus miembros llegue a ser perfectamente bilingüe, es decir, una sociedad en la que todos los ciudadanos son competentes en las dos lenguas de una forma exactamente igual. Me temo que detrás de este ideal lo que existe es el viejo ideal de una sociedad homogénea que, partiendo de una situacion de pluralidad de lenguas, consigue eliminar y neutralizar esa pluralidad haciendo de cada ciudadano alguien que en sí mismo ha integrado perfectamente la diferencia de lenguas siendo un bilingüe perfecto.

Puede haber, y de hecho las hay, personas que son casi perfectamente bilingües, o bilingües perfectos. Es casi imposible, o sin casi, que toda una sociedad y todos y cada uno de sus miembros sea perfectamente bilingüe. Pero si se continúa con la máscara de que ése es el ideal a alcanzar sin someterlo a debate, se estará, como lo estamos haciendo en estos momentos, impidiendo el debate, imponiendo a algunos obligaciones que pueden afectar a sus derechos, discriminando, estableciendo igualdades imposibles, sabiendo además que lo son, y promocionando así desigualdades reales en aras de imposibles igualdades abstractas.

Nada hay que objetar a la revisión de los modelos lingüísticos. Hasta podríamos decir que algunos han llegado bastante tarde al debate. Pero que nadie nos engañe: una cosa es la revisión de los modelos lingüísticos y otra una reforma para anular el modelo A, para decretar que el español deja de ser lengua vehicular en toda la enseñanza obligatoria. Una cosa es revisar los modelos lingüísticos y otra muy distinta imponer un programa escolar de inmersión ‘a la catalana’, pero sin decirlo, escondiéndolo detrás de la máscara de la eficacia técnica y del igualitarismo abstracto.

Si una sociedad no puede ser perfectamente bilingüe en cada uno de sus componentes, el pluralismo y la diferencia siguen existiendo, no existe homogeneidad, y las administraciones públicas deben dar respuesta en derecho a esa situación diferencial. Si no existe una situación de igualdad total, construyámosla: ésa parece ser la idea de la que parten los políticos nacionalistas. Entonces podremos tratar a todos por igual y todo será más fácil. Pero si es imposible alcanzar esa igualdad, si las diferencias van a seguir existiendo, y si quienes son diferentes en sus capacidades lingüsticas deben conservar sus derechos -porque los derechos lingüísticos son de quienes hablan las lenguas-, entonces las administraciones públicas deben responder con políticas diferenciadas a la realidad lingüística plural, y no proceder a una uniformización en aras de un fin inalcanzable.

La política lingüística se enfrenta a un problema clave: la creciente diferencia que puede existir entre el crecimiento del conocimiento de una lengua y el menor aumento de su uso social. La constatación de esa diferencia, que se supone grave para lo que algunos entienden por normalización, parece que impulsa a algunos políticos nacionalistas a apretar las tuercas todavía más en la producción automática de vascoparlantes, esperando que ello repercutirá en el aumento deseado del uso en la vida diaria.

Pero me temo que cuanto más se aprietan las tuercas y se niegan derechos elementales -el derecho a recibir la educación en la lengua materna-, mayor es la desafección de los potenciales hablantes de la lengua que se les ha impuesto como obligación.