El arte privado es patrimonio de todos

¿Tienen derecho a quejarse los propietarios de obras de arte cuando el Estado impide su venta fuera del territorio español? Los ciudadanos españoles tenemos nuestros derechos recogidos en la Constitución de 1978 y en otras leyes. Pero hace tiempo que los derechos han perdido el carácter absoluto con el que nacieron. También frente a su asignación inicial a los individuos o ciudadanos, ahora deben contemplarse en el contexto de una sociedad y, por tanto, condicionados por el interés general.

La función social de la propiedad limitó el derecho a ella hace mucho tiempo y se da como natural la expropiación forzosa de tierras y otras propiedades por una justa causa y con una justa indemnización. Pero cada vez más otros derechos pierden ese carácter absoluto e individual inicial. Así lo vemos cuando padecemos, sin dejar de ser ciudadanos libres, ciertas limitaciones: controles de acceso en los aeropuertos, vigilancia de nuestra identidad y datos, cámaras que graban nuestros movimientos en lugares públicos o, en el campo de la seguridad financiera, todos los sistemas de prevención del blanqueo de capitales que permiten el seguimiento de movimientos financieros por todo el mundo.

En el caso de los bienes del patrimonio histórico, la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español establece un sistema de protecciones y, con ellas, también limitaciones a los derechos individuales, por entender que la sociedad y el interés general son bienes jurídicos más importantes. Se trata de una ley restrictiva de esos derechos en comparación con otros países, aunque estos otros suelen ser países con menor patrimonio que el nuestro y, en algunos casos, que desean y fomentan la importación de obras de arte. Nuestra ley se alinea con países como Italia, donde el enorme patrimonio histórico y su gran relevancia abarcan tanto instituciones públicas como propietarios privados, y en estos casos deben someterse a controles.

En España hemos tenido recientes ejemplos de un actuar defensivo del patrimonio. Se pueden citar como ejemplos la incautación de un cuadro de Picasso en Córcega sin autorización para su exportación y la denuncia ante los tribunales de un delito de contrabando, la recuperación de las monedas del pecio de la fragata Mercedes, expoliada por una empresa cazatesoros americana, la defensa judicial en Estados Unidos del cuadro de Pissarro legítimamente adquirido por el barón Thyssen y que este posteriormente vendió con el conjunto de su colección al Estado español, la declaración de expolio de actuaciones urbanísticas que afectan a lugares declarados Bien de Interés Cultural (BIC) o la prohibición de exportación al extranjero de numerosos cuadros y obras de arte únicos en su género. Además se ejercen derechos de tanteo y opciones de compra, de tal manera que el actuar de la Administración no sólo es reactivo, sino proactivo, y en ocasiones es el resultado de una planificada adquisición como recientemente ha sucedido con la Virgen de la Granada de fray Angelico para el Museo del Prado, donde han participado todos: la Administración del Estado, el organismo autónomo del museo y la sociedad civil a través de los Amigos del Museo.

Las razones para la defensa del patrimonio mediante acciones públicas frente a la voluntad libre del particular no surgen ya sólo de la función social de la propiedad privada (sirve a todos), sino también porque forma parte de la identidad de un pueblo y ambos –pieza patrimonial y pueblo– se benefician mutuamente, se pertenecen… Ello es independiente de su origen español, pues muchas obras de origen extranjero también por razones históricas o artísticas justifican su pertenencia al Patrimonio Histórico español. (Ejemplo: los objetos de la Embajada de Japón a Felipe II incluidos en la colección del Palacio Real de Madrid o el retrato de Carlos V en la batalla de Mülberg pintado por Tiziano). La identidad debe ser defendida a través del mantenimiento del patrimonio que la sustenta. Además ambos –identidad y patrimonio– constituyen la base de la inspiración para la creación artística e intelectual, participan en la explosión del genio cultural y a través de este en todo, también en los milagros económicos.

Existe la creencia de que los españoles somos un pueblo capaz de grandes hazañas porque la historia, el patrimonio heredado y el genio colectivo así lo demuestran. Reducir alguno de ellos a cambio de una compensación económica individual, rápida e inmediata olvida el papel que este patrimonio juega para la sociedad presente y la futura.

Quizá sería importante evitar el conflicto en este campo mediante algún tipo de acuerdo social, más allá de la literalidad de la norma. Entre tanto, algunos –algunas asociaciones– piensan que se deberían limitar aún más los derechos de los particulares e incluso utilizar más la figura del expolio contemplada en la ley. Otros han fomentado el conflicto, especialmente abogados con intereses económicos en operaciones mercantiles con obras de arte, sin sensibilidad artística o histórica. Ellos hablan de que las limitaciones a las exportaciones de bienes históricos o artísticos son ya antiguas, como de otro régimen, y vulneran el Tratado de la Unión Europea de libertad de movimientos. Sin embargo, la ley no impide ese movimiento, como tampoco las leyes financieras españolas prohíben, con carácter general, los movimientos de capitales dentro de la Unión Europea. Pero en determinadas circunstancias (ejemplo: transporte de efectivo por frontera por encima de 10.000 euros o exportación de bienes históricoartísticos) precisan de una autorización. Esta necesidad de solicitar autorización tiene su base en la necesidad de implantar un control preventivo ante una operación que pueda causar una grave alteración de la economía o del patrimonio que una exportación relevante puede causar para el país.

Asimismo permite comprobar rutinariamente la legalidad de la operación y de esta manera impedir las salidas ilegales de capitales (blanqueo) o de patrimonio (tráfico ilícito). En frontera encuentran un filtro policial eficaz y se añaden a otras medidas a tomar respecto de aspectos fiscales. Todos estos controles están amparados en normativa nacional e internacional. Quizás, en vez de centrarnos en el conflicto con una voluntad individual limitada por el interés general que encarna la Administración Pública, deberíamos reconducir la relación a una mutua fraternidad/colaboración. Así el particular propietario debería compartir sus obras sin perder la propiedad, lo que además podría suponer un incremento del valor económico. El Estado debería agradecer ese gesto mediante reconocimientos y colaboraciones, con la exposición de esas obras que sería una forma de ponerlas en valor para beneficio mutuo (beneficio del interés general por el acceso a la cultura y del valor económico del patrimonio privado). A ello se añadirían otras medidas, como las ventajas fiscales, las daciones en pago de impuestos o los incentivos para las actividades de patrocinio y mecenazgo.

Ojalá las próximas Medallas a las Bellas Artes que entregan Sus Majestades los Reyes estén llenas de ejemplos de esta colaboración más que los tribunales llenos de casos de denuncias por conflicto entre la Administración y los particulares. Que así sea.

Miguel Ángel Recio Crespo, Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas.


Le contesta el Duque de Segorbe: Patrimonio cultural y propiedad privada.

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