El asedio a la democracia de EE. UU.

Los recientes desafíos a las instituciones y procesos democráticos en Estados Unidos plantean preguntas políticas y legales fundamentales ante las que todas las democracias liberales deben contar con respuestas convincentes. ¿Cuándo deben negarse los líderes militares a seguir las órdenes presidenciales que consideren inconstitucionales? ¿En qué punto asume la policía la responsabilidad por el efecto deslegitimador del racismo? ¿Por qué deben los periodistas poner la verdad por encima de la apariencia de neutralidad? ¿Y cuándo se debe quitar la protección legal a las palabras o imágenes que deliberadamente hacen caso omiso de hechos demostrables?

Los desafíos que enfrenta EE. UU. pueden orientarnos un poco. El general Mark Milley, el oficial militar estadounidense de más alto rango, pidió disculpas por haber participado en la arrogante caminata del presidente Donald Trump a través de Lafayette Square, en Washington D. C. No solo se usaron balas de goma y gas lacrimógeno para liberar al área de manifestantes pacíficos, sino que Trump utilizó obviamente a los militares como títeres en la política interna.

De manera similar, hay motivos para coincidir con el jefe de policía de Detroit, James Craig, cuando usó la palabra «asesinato» para describir la muerte de George Floyd, un hombre negro desarmado, a manos de la policía de Mineápolis. El oficial agresor y sus tres colegas debieron saber que presionar con la rodilla sobre el cuello de una persona durante más de ocho minutos es suficiente para causar asfixia. En la medida que resulta razonable inferir intencionalidad en tal acto, el homicidio es una acusación justificada (suponiendo que aceptemos la premisa de que las vidas negras importan).

Poco después, el New York Times publicó un artículo de opinión del senador estadounidense Tom Cotton, incondicional aliado de Trump, que urgía al gobierno federal a invocar la Ley de Insurrección de 1807 y desplegar a la fuerzas armadas para suprimir las protestas públicas. La junta editorial de la publicación repudió después el comentario y afirmó que la decisión de publicarlo se debió a que no se verificó adecuadamente que la caracterización espuria por Cotton de los manifestantes como anarquistas y «criminales nihilistas» coincidiera con la realidad.

No se debe confundir la difusión de desinformación con la defensa de la «diversidad de opinión». Quienes sostienen que una mayor expresión es el mejor antídoto contra las expresiones falaces probablemente estén en lo cierto, siempre que la cuestión implique la expresión de verdaderas opiniones o ideas. La mayor expresión dejó en claro el esfuerzo de Cotton para engañar a los lectores y puso en duda la decisión del Times de publicarlo. Pero una mayor expresión es una respuesta fútil a las palabras o imágenes que simplemente procuran fomentar la violencia o desmantelar los esfuerzos de buena fe para comunicar.

La desinformación política disfrazada y sin identificar, los videos «ultrafalsos» (deep fakes) y los engaños injuriosos proliferan en Facebook, Twitter y otras plataformas de redes sociales todos los días. Las democracias deben ser capaces de defenderse a sí mismas contra el uso de palabras o imágenes que deliberadamente siembran confusión y desconfianza para desarticular el discurso público significativo. La Suprema Corte estadounidense dictaminó que la protección de la Primera Enmienda de la Constitución no alcanza a las declaraciones que amenazan con violencia inminente. Este límite se debiera aplicar tanto a las «palabras hostiles» como a las que buscan interferir la señal para destruir las condiciones esenciales de la propia comunicación.

Todos estos recientes desafíos al gobierno democrático tienen un denominador común: la mala fe. Un decreto del poder ejecutivo que viola los principios fundamentales del autogobierno es de mala fe. La policía racista es de mala fe. Dejar de lado el deber de la prensa independiente de plantar cara con la verdad al poder es de mala fe. Sembrar confusión y desconfianza difundiendo deliberadamente desinformación es de mala fe. Politizar a las agencias independientes es de mala fe.

La mala fe a esta escala amenaza con inutilizar los mecanismos constitucionales que existen controlar las concentraciones excesivas de poder en cualquiera de los poderes de gobierno, también amenaza con deshilachar el acuerdo social más amplio al socavar los valores democráticos de los cuales el Estado deriva su legitimidad.

Cuando un presidente llama a las fuerzas armadas para aplastar el disenso, el pueblo —fuente principal de la autoridad estatal— se convierte en enemigo del Estado. De igual manera, cuando un presidente vilipendia y amenaza a los periodistas, la prensa libre —el mejor guardián de «todos nuestros derechos», como la describió James Madison— se convierte, según palabras de Trump, en «enemigo del pueblo».

Finalmente, cuando el poder ejecutivo usa al Departamento de Justicia para recompensar a sus aliados políticos (como los exasesores de Trump, Michael T. Flynn y Roger Stone) y para purgar a quienes percibe como sus enemigos (como el exdirector del FBI, James Comey, y el fiscal federal Geoffrey S. Berman), la justicia igualitaria y el estado de derecho se convierten en el enemigo. Y cuando el proceso político para designar jueces federales eleva la lealtad al jefe del ejecutivo por encima de la fidelidad a la ley y el compromiso con las decisiones imparciales, el poder judicial entero pierde credibilidad.

Cuanto más lejos se permita llegar a esta polarización entre amigos y enemigos, más profunda será la crisis de legitimidad. Es fundamental entonces trazar una línea contra el poder estatal ejercido de mala fe; pero identificar los abusos de poder no alcanza, los defensores de la democracia también deben asegurarse de que haya una acción colectiva significativa si se cruza esa línea.

Las protestas masivas son el último recurso de la resistencia democrática. Los fundadores de Estados Unidos lo sabían, por eso «el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para solicitar al gobierno la reparación de agravios» está entre las primeras garantías de la Carta de Derechos de EE. UU.

Si una República no puede defenderse a sí misma de los actos descarados de mala fe, o decide no hacerlo, sus días están contados. La vigilancia eterna puede ser el precio de la libertad, pero la tiranía solo fracasa cuando hay suficientes ciudadanos dispuestos a resistirla. Como muchos hicieron durante el mes pasado, los estadounidenses deben continuar reuniendo coraje para defender y fortalecer las instituciones democráticas de las cuales dependen sus libertades.

Richard K. Sherwin is Professor of Law and Director of the Visual Persuasion Project at New York Law School. He is the co-editor (with Danielle Celermajer) of A Cultural History of Law in the Modern Age (Bloomsbury, 2019).

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