El autismo europeo

Si algo ha sabido crear esta Europa hoy en crisis ha sido un modelo de bienestar económico y jurídico -por más que hoy esté amenazado- que ha ido extendiéndose por el continente a lo largo de más de medio siglo. Ese ha sido el "efecto llamada" para las sucesivas incorporaciones de países y para las expectativas de otros que llaman a sus puertas.

Efecto llamada también para ciudadanos de terceros países, algunos hoy ya en el jirón europeo y otros sin una expectativa próxima (y quizás ni lejana) de incorporación, que han emigrado hacia los países europeos en busca de esa seguridad económica y jurídica de que ha hecho gala Europa en la segunda mitad del siglo XX y el arranque del XXI.

En 1995, con el proceso de Barcelona, se creyó llegado el momento de exportar dicho modelo, y los valores democráticos que lo sustentaban, a los países de la orilla sur del Mediterráneo, aun cuando la perspectiva de unión política no estuviera contemplada. La caída del muro de Berlín había permitido la apertura hacia el Este de la Comunidad Europea y el clima de paz que entonces reinaba en Oriente Próximo permitió pensar en una apertura hacia las fronteras del Sur de Europa, aunque, eso sí, estableciendo una barrera difícilmente salvable por imperativo de la geografía.

La esperanza de un Mediterráneo de paz y estabilidad que incluyera la democracia en sus presupuestos se ahogó por razones políticas con el recrudecimiento del conflicto palestino-israelí desde el año 2000.

La ya Unión Europea imaginó otras fórmulas de apertura hacia sus vecinos de la cuenca mediterránea consistentes en incentivar las reformas en los países que aspirasen a una convergencia con los valores y el modelo europeo, con un trato especial, privilegiado, el estatuto avanzado, que permitiera una proximidad en muy diversos ámbitos, aunque sin un acceso pleno a las instituciones de la UE.

Entre esos países se destacó a Marruecos, que había puesto en marcha ciertas reformas, aunque al ritmo homeopático marcado por los lastres de unas estructuras sociales y políticas arcaizantes que han trabado y traban dicha convergencia institucional y jurídica con Europa.

Pero el logro de ese estatuto se ha usado por las autoridades de Marruecos como aval y carta blanca para reforzar las derivas autocráticas de un sistema político que se ufana en su singularidad y en su especificidad para no sintonizar con los valores que han permitido la construcción europea.

La deriva de los últimos meses resulta preocupante, hasta el punto de que uno de los pocos periódicos independientes que van quedando en el país, Tel

Quel, considera que Marruecos va encaminándose hacia una burda dictadura a la tunecina, donde toda disidencia es perseguida. Las críticas que, desde el primer ministro hasta una cohorte de partidos oficialistas, se han cebado en la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) por disentir de la unanimidad forzada en la cuestión del Sáhara (en su reciente congreso se coreó la autodeterminación para el Sáhara), los ataques a las libertades individuales más esenciales cometidas contra los periodistas Ali Amar (uno de los ex directores de la suprimida Le Journal hebdomadaire) y Zineb El Rhazoui (cofundadora del MALI, Movimiento Alternativo por las Libertades Individuales), las expulsiones de religiosos cristianos por supuestos "delitos" de proselitismo, las censuras cada vez más frecuentes de radios y medios de comunicación por la expresión de opiniones que no pasarían en otros contextos de meras bromas, por poner solo unos ejemplos recientes, deberían ser considerados incompatibles con ese estatuto avanzado que Marruecos pregona como el premio a sus "avances democráticos".

El riesgo de "tunificación" de Marruecos es tanto más preocupante cuanto que también Túnez parece que va a ser "agraciado" con dicho estatuto avanzado por una Europa que hace cada vez más oídos sordos a las críticas por las violaciones de los derechos humanos de sus socios privilegiados. La banalización de esa "vecindad privilegiada" aumentará aún más el recelo con que miran a Europa ciertas élites ilustradas que luchan en sus países por construir un Magreb en sintonía con los valores que dice afirmar la Unión.

Recientemente, tuvo lugar en Madrid un acto público de diversas asociaciones tunecinas de derechos humanos que vinieron a advertir a las autoridades españolas, en ejercicio de la presidencia de la UE, de los riesgos del apoyo incondicional a un Gobierno como el tunecino, que persigue toda disidencia sin que ello le impida negociar el estatuto avanzado. El acto público, celebrado en el Ateneo madrileño, fue "reventado" literalmente por un buen número de miembros de una "sociedad civil" a las órdenes del Gobierno, traída ex profeso desde Túnez a cargo de su erario público, para desacreditar el acto con los más burdos métodos -y argumentos- concebibles. Fui testigo.

Pocas semanas más tarde, el Gobierno tunecino, no contento con coartar la libre expresión de opiniones incluso fuera del país, ha presentado un proyecto para modificar un artículo del Código Penal que prevé sanciones de hasta 20 años de prisión contra quienes contacten con "agentes de una potencia extranjera con el fin de dañar la situación militar o diplomática de Túnez". El contexto en que esta modificación va a ser aprobada y el historial de una justicia a las órdenes del poder ejecutivo no hacen sino prever lo peor de una aplicación que puede servir para reprimir a quienes osen hablar críticamente de la situación del país fuera de sus fronteras.

Una Europa contraria a sus valores, que se muestra autista ante estas derivas autocráticas, ya sea en Túnez, en Marruecos o en cualquier otro país, no pasará de ser más que un holding de países interesados en su propio beneficio, alejándose de día en día de cuantos creyeron que podía ser una esperanza para el cambio democrático en los países de su entorno.

Bernabé López García, catedrático de Historia del Islam Contemporáneo en la UAM y miembro del Comité Averroes.