El autobús quemado

Es una vieja historia de los años de plomo vascos. Tuvo lugar en Irún, en casa de una prima nacionalista de mi mujer, cuando cerca ya de la cena comenzaron a preocuparse por la tardanza del hijo menor, quien además aparentaba ser más joven. Llegó al fin en estado convulso, denunciando la agresión sufrida de los grises. “¡Pegaban a los niños! ¡Pegaban a los niños!”, decía una y otra vez. Todos, claro, comentaban la barbarie de la policía. Cuando ya se calmó, le pregunté: “¿Y qué hacíais los niños?”. “Pues quemar un autobús”, fue su respuesta.

A mayor escala, es lo que está sucediendo en Cataluña. ¿Por qué perseguir judicialmente a unos políticos que al proclamar la independencia de Cataluña contra la Constitución, el Estatuto y las normas del propio Parlament —recordemos el 6 y 7 de septiembre— solo pretendían hacer un ingenuo ejercicio de libertad de expresión? Frente a semejante coartada, conviene recordar algo elemental: eso que viene llamándose “el choque de trenes” es en realidad el conflicto inevitable entre una estrategia nacionalista de destrucción del orden democrático, con el objetivo desde 2012 de imponer la independencia de Cataluña, y la inevitable posición de defensa del Estado de derecho. A partir de sus primeros pasos, la ofensiva asumió la forma de una paradoja pragmática: si el Estado cerraba los ojos a la “transición nacional”, es decir, al decisionismo independentista, no había problemas, independencia; si le oponía la legalidad constitucional, cometía un crimen de lesa democracia al enfrentarse a los deseos del poble catalá, y todo valía para llegar a la independencia.

Desde entonces al discurso de investidura de Turull, “pueblo catalán” no significa “sociedad catalana”, sino el conjunto (minoritario hasta hoy) de catalanes que conscientes de su identidad afirman la necesidad de un Estado propio. Son los auténticos catalanes, desde los tiempos de Prat de la Riba, hermano menor en racismo de Sabino Arana, así que los de fuera, si no se convierten y asumen su posición subordinada, son enemigos mortales como Arrimadas (“que se quede en Andalucía a resolver problemas, y no venga aquí a darnos…”, afirmaba el comentario de un lector en La Vanguardia). A esta exigencia de imponer las propias decisiones políticas, la llaman “democracia” hasta la saciedad, sin que importe excluir de entrada a más de la mitad de los catalanes. Los discursos subversivos del presidente del Parlament, son el mejor ejemplo. Con la complicidad de Podem, se trata de convertirla fractura social vigente en un enfrentamiento violento, de cuya faceta se encarga la CUP.

Torrent utiliza su cobertura en la legalidad constitucional y estatutaria, para atacarlas, buscando de forma implacable su destrucción. Ni siquiera respeta los usos parlamentarios con la oposición: a la líder del partido más votado no la recibe porque tiene su agenda cubierta. Desde las elecciones del 21-D, Puigdemont sirvió para mascarón de proa, pero han sido los partidos independentistas, con Torrent al frente, quienes han impedido de modo consciente el regreso a una vida política normal. De ahí que estemos en un callejón sin salida: a eso iban. ¿Dónde estaría Torrent de no haber democracia? La democracia española, que es también la democracia catalana, tiene esta virtud.

La estrategia viveriana llevaba a este desenlace. A la luz de las Diadas, si el fraude de ley sistemático no conseguía una independencia indolora, intervendría la movilización antisistémica, más el cerco y la difamación de los constitucionalistas, en todos los niveles, desde la lluvia de basura en tuits y pintadas, al citado menosprecio en el Parlament. No importa el coste social y económico para Cataluña. El Gobierno acertó tardíamente a jugar con el 155 la vía de la defensa rigurosa del orden constitucional, la denostada judicialización. Ignoró en cambio que la defensa de la democracia catalana implicaba asimismo la acción política, desenmascarar el procés, resaltar esa acumulación de mentiras que acaba presentándose como verdad. No hacía falta esperar a los jueces para exponer que una DUI, como la del 27 de octubre, desde una minoría de representación social, desde el aplastamiento de la oposición en las sesiones del 6 y 7 de septiembre, y contraviniendo de lleno la Constitución, tenía que tropezar con el Estado de derecho. Ante todo, por la salvaguardia de la democracia en Cataluña. Para los sediciosos, obviamente, toda respuesta del Estado a la rebelión era ilegítima. La quema del autobús no existía.

Ahora bien, tampoco el constitucionalismo se ha dado cuenta de que ante la demanda independentista, es preciso ofrecer una efectiva reforma constitucional, a mi juicio con federalismo y autodeterminación regulada. Otra cosa es confiar erróneamente en que se pudra el conflicto.

La posición independentista es sólida en su base: la elite autóctona ha confiscado el poder en una sociedad étnicamente dual, con la práctica totalidad del vértice político en manos de los Ocho apellidos catalanes. Logró una amplísima base entre los fácticamente excluidos del poder, y mediante una rigurosa estrategia totalista ha implantado una ideología del odio frente a España.

Cuenta con la ayuda de ese sorprendente reducto de justicia totalmente ciega ante la realidad política que va dibujando un golpe tras otro al Estado de derecho español en nombre de los Derechos Humanos. Vale la pena seguir las declaraciones del juez Casadevall en TV3 y Catalunya Radio, y releer sentencias y dictámenes recientes del Tribunal de Estrasburgo y del Comité de Derechos Humanos de la ONU, convenientemente manipulados por el secesionismo, para entender el sentido de esa actuación. Entre tanto, sin bazas políticas ni mayoría social, llega la hora del asalto, esta vez con movilizaciones tan pacíficas que ocasionan decenas de heridos. Igual de pacíficas que el 20-S. Hay que incendiar de nuevo el autobús, esgrimiendo el señuelo de la democracia.

Antonio Elorza

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