El balance de la política

La derogación del trasvase del Ebro en 2004, a las pocas semanas de comenzar la legislatura que ahora termina, constituyó un importante paso, un hito histórico, en el giro hacia la política de aguas impulsado por la nueva Directiva Marco europea del Agua. No hay que olvidar, para valorar esa decisión con la perspectiva necesaria, que diez años antes un Gobierno del mismo signo político que éste había propuesto un sistema de trasvases que prácticamente cuadriplicaba el que se derogó en 2004. Con esa decisión se dio un paso importante para cerrar un ciclo histórico de ideas ('aguas que se pierden en el mar', 'llevar agua de donde sobra a donde falta'...), comprensibles en su contexto histórico, pero que no responden ni a las circunstancias socioeconómicas, ni a los retos ambientales y las potencialidades tecnológicas actuales.

Paralelamente a estas medidas, en la legislatura 2004-2008 se ha intentado, con desigual acierto, acometer las actuaciones necesarias para la efectiva implantación de la Directiva Marco del Agua, asignatura pendiente desde su aprobación en 2000. El Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001, en ausencia de un auténtico proceso de participación o concertación social, había generado una espiral de resistencias y polémicas que impidieron concentrar los esfuerzos de los responsables de la política del agua y de la sociedad en general en las nuevas cuestiones planteadas por la entrada en vigor de la Directiva europea. En buena parte, los años transcurridos desde la aprobación del PHN en 2001 hasta 2005 fueron años perdidos en un debate estéril y obsoleto.

Al mismo tiempo, el nuevo ciclo de sequía (que comenzó en el año hidrológico 2004-2005 y que se prolonga hasta hoy, con acusada virulencia en Cataluña y en las cabeceras del Tajo, Guadiana y Guadalquivir) vuelve a poner a prueba el sistema hidráulico español. Respondiendo a este reto, el Ministerio de Medio Ambiente ha empezado a activar instrumentos ya previstos en la legislatura 2000-2004: los planes especiales de sequía (que la Ley de PHN mandaba elaborar), la cesión de derechos de aguas (posibilitada por la reforma de la Ley de Aguas de 1999) y la modernización de regadíos. Al margen de un fuerte debate sobre las condiciones de su implantación concreta, existe un acuerdo generalizado en la comunidad científica y técnica acerca de la necesidad y conveniencia de todas ellas.

Existe un acuerdo general de que en los últimos años en España se han producido cambios significativos e importantes avances de ideas, normas y realizaciones en la gestión del agua. Sobre este telón de fondo positivo se proyectan las contradicciones propias de una realidad compleja, acerca de las cuales las percepciones de los expertos son diversas y matizadas. Como idea fundamental destaca la impresión de que la nueva política, tras la derogación del trasvase del Ebro y otras medidas significativas (modificación del trasvase Júcar-Vinalopó, cancelación de algunos embalses en Málaga y en las cuencas del Duero y Ebro), no ha podido superar las inercias sociales, económicas y culturales ni la presión política, institucional y mediática de los sectores y 'lobbies' opuestos a ella. Al valorar las insuficiencias de la política del agua en los últimos años, sin ignorar la responsabilidad de los políticos que están al frente de las instituciones, hay que subrayar el bloqueo que ha representado el clima de tensión política y mediática sobre los intentos de avanzar hacia una racionalización y modernización en profundidad del uso del agua en España: no se ha podido establecer una tasa mínima sobre la disponibilidad del recurso (precio del agua como recurso); no se ha podido avanzar en el principio de recuperación de costes; existen grandes dificultades para limitar el uso del agua en los cultivos extensivos en función de mínimos de rentabilidad económica y social; no se ha podido garantizar la devolución al medio natural de los caudales ahorrados por modernización o abandono de cultivos, pese a los intentos efectuados; no se han podido establecer mínimos de rendimientos de las redes como condición para ampliar la dotación de los abastecimientos; los procesos de participación pública se retrasan y no garantizan una participación activa de todas las partes.

En el Programa Agua -que sustituyó al trasvase del Ebro y cuya concepción original introdujo avances teóricos y prácticos en la política del agua- se ha debilitado el principio de implantar capacidad de oferta sólo con el compromiso firme de compra por los futuros usuarios con plena recuperación de costes. Esta situación, que ha ocasionado cierta deriva del Programa Agua hacia un planteamiento de oferta tradicional basado en nuevas tecnologías (desaladoras frente a grandes trasvases), se hace especialmente visible en algunas zonas del litoral mediterráneo en las que se programan crecimientos urbanísticos desproporcionados. Asimismo, se están implantando importantes capacidades de desalación en algunos lugares en los que se siguen gastando grandes volúmenes de agua en regadíos extensivos. Esta tendencia se ve también agravada por la persistencia del desgobierno que sigue caracterizando el uso de las aguas subterráneas, que facilita el acceso a este recurso y la falta de demanda de recursos desalados a un coste significativamente mayor. Casos paradigmáticos de estas situaciones son los regadíos extensivos del acuífero de la Mancha Oriental, la sobreexplotación de acuíferos en Almería, con la consiguiente infrautilización de la desaladora de Carboneras, o los proyectos de expansión de riegos con aguas del Segre.

Estas concesiones a la vieja política del agua han sido, posiblemente, el precio que la política del agua en esta última etapa ha tenido que pagar para evitar su completo bloqueo a consecuencia de la resistencia de los grupos de presión y la politización extrema. El punto de compromiso alcanzado resulta comprensible para unos y decepcionante e inadmisible para otros. La discusión difícilmente se cerrará con un consenso general.

La respuesta de fondo a esta situación tiene que venir de un impulso de la información social, explicando los costes económicos y ambientales -basados en privilegios y legitimidades que no se corresponden con intereses sociales mayoritarios- que el mantenimiento de esta política hoy conlleva; y en el apoyo decidido a los procesos de participación activa, para extender y fortalecer las ideas de cambio, de gestión de la demanda y de responsabilidad económica de los usuarios a las que obliga el propio marco legal vigente.

Leandro del Moral Ituarte y Nuria Hernández-Mora, miembros de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de Bakeaz.