El Banco de España

Algunas declaraciones políticas han puesto en cuestión, los últimos meses, la actuación ante la crisis de una de las instituciones con más prestigio hasta ahora en nuestro país: El Banco de España. Cabe recordar que se trata de una institución que, a partir del estatuto garante de su independencia, debe permitir la preservación de su mandato de regulación, supervisión y tutela de las entidades financieras españolas. Una función importante, ya que España cuenta con un sector financiero que juega en la champions league de los mejores bancos, por encima de lo que es España en el conjunto de la economía mundial.

Es cierto que la creación del Banco Central Europeo (BCE) ha resituado las competencias de los bancos nacionales. Y también es acertada la creencia de que el poder que estos bancos emisores tenían de discrecionalidad en la variación del tipo de interés, ha pasado a mejor vida. Ello se debe a la pauta marcada desde Fráncfort, sede del BCE, de relacionar el tipo de interés con la inflación y el output potencial de la zona monetaria, con el objeto de dar la estabilidad macroeconómica que requieren los mercados a partir de la llamada regla de Taylor. De modo que se mire como se mire, los poderes de Alcalá ( sede del Banco de España, BdE) la regulación y tutela del sistema financiero continúan siendo decisivos para el buen funcionamiento de la economía del país.

Presión política

A estas alturas de la crisis, es probable que el banco y el gobernador a su cabeza piensen que se ha hecho todo lo que podía y más para estabilizar el sistema en solvencia y liquidez, y se reafirme que sin un cambio en las condiciones estructurales con las que opera nuestra economía nada del trabajo realizado se sostenga. Por eso quizá se haya reclamado por activa y por pasiva lo que el Gobierno en algún momento no ha querido hacer: una reforma de verdad del mercado de trabajo y una desregulación de los corsés que coartan la iniciativa empresarial española.

Nadando contracorriente de los mercados y de la crisis, y sin haber sido los políticos capaces de acordar el anhelado pacto por la estabilidad y el crecimiento, ahora le llueven las críticas al mensajero. Son críticas que deben tomarse con cautela, al menos en la parte que proceden de quienes son máximos corresponsables de la situación: ¿Quién, si no, nombró responsables de cajas, hizo posible determinada legislación del suelo, y se benefició incluso de la situación crediticia, más allá de algunos directivos caradura que ahora afloran? También se han de matizar las críticas indignadas por lo que tienen de confusas, por falta de conocimiento y capacidad de proponer alternativas realistas.

En cualquier caso me permito hacer cuatro reflexiones autocríticas. Creo que el BdE es víctima hoy de la estrategia que, con el mejor de los propósitos, ha querido seguir. Se optó por las fusiones, integraciones y SIP (Sistema Institucional de Protección o fusión fría), y no por el manguerazo al que aspiraban algunos para hacer una limpieza rápida y sin rastro de errores y omisiones, con cargo al sufrido contribuyente.

Contra ello, el BdE ha buscado siempre minimizar el coste público de la crisis. El FROB es el mejor ejemplo de ello: dinero pedido prestado y remunerado a quien suscribe deuda FROB, y no creando más déficit público. También con la utilización de los fondos de garantía de depósitos, integrando incluso los de cajas y bancos, a disgusto de estos últimos, donde no haya llegado la utilización de las provisiones anticíclicas.

Sin embargo, para conseguir aquellas fusiones frías o calientes, ha habido que vencer resistencias (las propias autonomías, directivos, empleados…). Así, empujados por las urgencias, se han aceptado como parte de la autonomía de gestión de las cajas ciertas prácticas, tan humanas como -ya se ha visto- mezquinas.

Está justificado el argumento del BdE de que no cuenta con armas legales para frenar tales comportamientos, al menos directamente, siempre que las conductas de estas entidades no hayan generado responsabilidad civil o criminal. La civil tiene su proceso y saltárselo, buscando la ejemplaridad en caliente, hace fácil la defensa y el sobreseimiento posterior de los expedientes afectados, dado que en España los procesos judiciales son muy garantistas. En cuanto a la responsabilidad penal, esta requiere de la participación de la fiscalía.

Pasarán dos años tras las actuaciones del BdE, constantes y desconocidas por los medios, hasta que lleguen las resoluciones, del propio Consejo de Gobierno del banco al BOE. Y de los errores de la gestión, el BdE puede hacer poco si los comportamientos descritos no están contemplados en la ley de disciplina bancaria. Errores en todo caso a valorar y reprimir por las entidades desde sus órganos de gobierno, los consejos y las autonomías con competencia de tutela, que para eso sí tienen la competencia exclusiva.

Más exigencia

Todo esto no exime del hecho de que el BdE, empujado por las premuras de la crisis, stress tests y rumores diversos, quizá no ha hecho lo suficiente para reclamar responsabilidades a quien correspondía exigirlas. El BdE no legisla. Legisla el Gobierno. O en la falta de celeridad en la aplicación de la normativa europea de remuneraciones. O no forzando que las normas del Gobierno sobre las ayudas públicas (FROB 1 y 2) establecieran limitaciones claras a las remuneraciones de los directivos y exigieran mayor transparencia. Tampoco se ha sabido aprovechar la bajada de los sueldos de los funcionarios (y de los altos cargos, incluidos los del BdE) para reclamar que se extienda a todas las entidades con ayudas públicas.

También merecía más reflexión que se acepten planes de reconversiones con prejubilaciones masivas a una edad temprana y garantizando un elevadísimo porcentaje del sueldo, en lugar de apostar por regulaciones de empleo (ERO) como en el resto de la economía. También podía evitarse que el simple traspaso de la actividad de la caja a un banco activase los contratos blindados, cuando debieron ser bajas voluntarias. No era ciertamente nuestra competencia, la del BdE, pero a algunos nos hubiera gustado que se hubiera hecho más en este terreno.

En resumen, aún con cierta razón vista la dificultad del momento, parecen haber importado más los grandes números (solvencia, liquidez, etcétera), ante los avatares del día a día del mercado, que las pequeñas miserias, sin valorar suficientemente la importancia de la ejemplaridad pública ante una sociedad hipersensible dados los sacrificios múltiples que se le exigen. Aunque ello no fuera competencia directa del BdE. Pero esto no justifica ahora algunos ataques de débil fundamento jurídico-económico o reformas apresuradas más pensadas en clave política que, para corrigiendo errores, mantener y mejorar el prestigio de la institución.

G. López Casasnovas, catedrático de Economía UPF.

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