El 31 de mayo de 2006, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, anunció que se reuniría con la ilegalizada Batasuna después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hubiera comparecido en el Congreso con carácter previo al inicio de los contactos con ETA. Puesto que ocho dirigentes de esa formación política ilegalizada comparecían esos días en la Audiencia Nacional imputados por integración en banda armada y amenazas terroristas, López pidió a los jueces que tuvieran en cuenta "la actual situación del País Vasco". Añadió que se abrían dos escenarios, "uno para el diálogo entre el Gobierno y ETA para hacer efectivo el abandono de las armas y la desaparición del terrorismo; y otro para el diálogo político en Euskadi". Como consecuencia de dichas negociaciones se llegó al acuerdo de legalizar al brazo político de ETA. Finalmente, el 20 de junio de 2012, Sortu fue legalizado por el Tribunal Constitucional por tan solo un voto de diferencia.
A partir de ese preciso momento es cuando determinadas instituciones del Estado comienzan el bochornoso proceso de la rehabilitación de la organización terrorista ETA al legalizar a su brazo político. Desde esta perspectiva, se puede afirmar sin lugar a duda alguna que la banda armada vasca fue derrotada policialmente, pero ganó políticamente, que era lo que realmente les interesaba. Es una vergüenza moral el blanqueo al historial de los asesinos, los secuestradores y sus cómplices. Hoy se sientan en la instituciones personas que ocupan cargos públicos gracias a ETA, que se lo deben todo a la banda armada vasca, aunque ahora quieran vivir como si nunca hubiera existido.
Uno de los ejemplos actuales de estas maniobras políticas de rehabilitación es el de Arnaldo Otegi, en su momento integrado en ETA político-militar y vinculado a diversos secuestros de la organización terrorista. Hoy afirma ser un "hombre de paz". En la reciente entrevista de TVE que le brindaron con el fin de blanquear su pasado, comentó con un medido descaro: "Lo siento de corazón si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer". Es increíble e incluso osado que Otegi afirme que tenían derecho a causar daño a las víctimas del terrorismo en un medio de comunicación del Estado y que se lo permitan.
Por lo general, en todos países que han padecido las consecuencias del terrorismo, sus gobiernos han tratado de pasar página lo antes posible una vez que estas actividades criminales han finalizado, bien sea como consecuencia de negociaciones o de una derrota policial, como ha sucedido recientemente en Colombia con las FARC, hace unos años en Irlanda con el IRA y ahora en España con ETA. En los dos primeros países todos los terroristas fueron puestos en libertad sin esclarecerse los crímenes que habían perpetrado y ambos grupos terroristas han formado su propio partido político que participa en las instituciones. Algo parecido esta pasando con ETA aquí. Todos los miembros de la banda armada vasca, tanto los que permanecen en prisión como los muchos que disfrutan de libertad, viven de su agrupación política EH Bildu, que ocupa numerosos cargos políticos en Congreso o el Senado español, así como en el Parlamento vasco y en numerosos Ayuntamientos del País Vasco.
Los terroristas de ETA lograron de los distintos organismos del Estado la legalización de su organización política, de la que obtienen ingentes ingresos económicos de los que disfrutan todos con el fin de que tengan solventadas sus vidas para reintegrarse en la sociedad, según se decidió institucionalmente. Además de esta decisión de profundo calado político, durante las negociaciones entre el Gobierno de Zapatero y ETA, la banda consiguió otras contrapartidas de los representantes del Ejecutivo. Prometieron a los etarras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumbaría la Doctrina Parot, como así sucedió tiempo después provocando la salida de prisión de 63 miembros de la organización armada. Así mismo, llegaron a otros acuerdos, entre ellos evitar las detenciones de miembros de ETA en Francia. Para tal fin se creó un dispositivo policial que llevó a cabo lo que se denominó el chivatazo del bar Faisán con el objetivo de comunicar a un miembro de la organización que no acudieran a una cita porque iban a ser detenidos.
En la hoja de ruta de las negociaciones también se trató del futuro de los presos de la banda que quedasen en las cárceles, llegando al acuerdo de que, tras la disolución de ETA, a los encarcelados de la organización se les iría acercando a prisiones próximas al País Vasco, como ya se esta haciendo en Francia y en España. Posteriormente, serán trasladados a centros penitenciarios vascos. Y, como esta pactado, una vez que se transfieran las competencias sobre esta materia al Gobierno vasco se modificará el reglamento penitenciario en un sentido más laxo con el fin de facilitar la excarcelación de los presos de la banda terrorista que sigan cumpliendo sus condenas. Todo está estudiado, planificado y pactado para blanquear a ETA y pasar página sobre los 40 años de terror en nuestro país. Todo ello recogido en lo que hoy en día se encajaría en el llamado acuerdo de normalización y reconciliación del País Vasco. En cualquier caso, se podría decir que el recorrido que se ha llevado a cabo para el final de ETA siempre ha estado amparado por las distintas instituciones del Estado.
Resulta evidente el favoritismo que a lo largo de la trágica historia de ETA, de sus pistoleros y de su brazo político, han mantenido con ellos los distintos Gobiernos de nuestro país. Sin embargo, y guardando las distancias con los activistas del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco, en nuestro país existen una serie de funcionarios de los Cuerpos y Fuerza de Seguridad del Estado, entre los que me encuentro, que nos jugamos la vida durante muchos años en la lucha antiterrorista, a los que altos responsables políticos de nuestro país implicaron en la denominada guerra sucia contra los terroristas vascos, y a los que nos han marginado y despreciado esos mismos Ejecutivos que siempre han favorecido a los pistoleros de la banda armada vasca. Para justificarse ante el Gobierno francés y la opinión pública internacional, el poder político, a través de filtraciones a distintos medios de comunicación, nos convirtieron en sus cabezas de turco a mí y a uno de los subordinados que tenía a principios de los años 80, Michel Domínguez. No contar la verdad desde el principio fue nuestro principal error. Nos condenaron, perdimos nuestras profesiones, nuestra forma de vida y la de nuestras familias, pasamos varios años en la cárcel, no nos indultaron y nuestros responsables políticos no cumplieron ninguna de sus promesas. Nos dejaron en el abandono más absoluto. Hemos tenido que pasar múltiples calamidades y seguimos sobreviviendo de mala manera.
En los años 80, mi buen amigo Jesús Diego de Somontes, coronel del Ejército, desempeñaba la jefatura del CESID (hoy CNI) para todo el País Vasco, donde yo desarrollaba una labor profesional similar para la Policía. Durante el ejercicio de su actividad en los Servicios de Inteligencia colaboré con él durante un determinado periodo de tiempo en distintas labores de información relacionadas con ETA y su brazo político Herri Batasuna. El mencionado Servicio de Inteligencia elaboró numerosos documentos clasificados en los que detalladamente hacen referencia a las actividades de los GAL. Parte de esos escritos que siguen custodiados con carácter secreto por el CNI llegaron a mis manos por conductos obvios.
En ningún momento a lo largo de estos años se nos ha ofrecido el amparo de las instituciones del Estado como hacen con los terroristas de ETA. Nos han dejado totalmente tirados, nos usaron descaradamente para tapar sus responsabilidades políticas y judiciales. Ante esta evidente tropelía, es necesario conocer en algún momento la realidad que vivimos y la de los relevantes cargos políticos que nos llevaron a esta nefasta situación. Para ello existe una solución muy sencilla, desclasificar los documentos que existen en el CNI sobre la creación, financiación y la responsabilidad de cada uno en las actividades de los GAL. De esta manera se verá la que tuvimos yo y mi subordinado Michel Domínguez, y se determinará si fue justo el castigo que nos obligaron a asumir y el desamparo al que se nos viene sometiendo.
Por consiguiente, y dado el denigratorio trato que hemos recibido de las instituciones del Estado y de nuestros responsables políticos, estimo que ha llegado el momento de rehabilitarnos desclasificando los documentos a los que he hecho referencia y que custodia el CNI. Ese momento ha llegado, por lo tanto aconsejo al responsable de levantar el secreto sobre la documentación señalada que los haga públicos lo antes posible. En caso contrario, lo haré yo en el momento que considere más oportuno para nuestros intereses y los aportaré a la Audiencia Nacional. Que Dios los ampare a todos.
José Amedo Fouce es ex subcomisario de Policía.