Por Josep M. Colomer, profesor de Investigación en Ciencia Política del CSIC y de la Universidad Pompeu Fabra (EL PAÍS, 26/10/05):
Ahora que todo el mundo ha expresado abiertamente, incluso vociferando, sus preferencias acerca del proyecto de Estatuto de Cataluña, cabe examinar las interacciones posibles para producir un resultado colectivo. Tras las largas negociaciones entre los partidos en el Parlamento de Cataluña, los actores decisivos son ahora residentes en Madrid: los grupos dirigentes del PSOE y del PP. Lo demás, es decir, las reacciones de los partidos catalanes a las diversas decisiones que éstos pueden tomar, ya han sido anunciadas con bastante claridad.
Para una gran parte del PSOE, lo ideal sería pactar con el PP. Cierto es que Rodríguez-Zapatero (ZP) facilitó el amplio acuerdo final con los nacionalistas en el Parlamento catalán, pero eso fue para evitar una crisis inmediata que podría haber comportado la caída de su propio Gobierno. No hizo más que posponer la cuestión. Como se dice en catalán: 'quien día pasa, año empuja'. Ahora, en cambio, destacados dirigentes socialistas, incluso en Cataluña, han pedido abiertamente al PP que vote sus enmiendas al proyecto de Estatuto en las Cortes Generales. El modelo de referencia es más bien el Estatuto valenciano, pactado por el PP y el PSOE. Aunque al final Cataluña y la Comunidad Valenciana no obtuvieran, por supuesto, estatutos idénticos, el resultado de un acuerdo como éste confirmaría la simetría dentro del Estado de las autonomías, sin grave menoscabo de los poderes del Gobierno central.
Parece bastante claro que los demás partidos catalanes, CiU, ERC e ICV, se opondrían a una revisión profunda del proyecto aprobado previamente en Cataluña, podrían intentar retirarlo de las Cortes y, en caso de que esto no fuera viable, propugnar el voto negativo en el ulterior referéndum popular. Pero si, a través de un proceso ciertamente intrincado, llegase a aprobarse un Estatuto apoyado por el PSOE y el PP, el ganador principal sería el PSOE, que aumentaría su cohesión en torno a ZP, aparecería como un partido fiable y podría obtener amplios apoyos en una gran parte de España. Precisamente por ello, es difícil que el PP apruebe las enmiendas del PSOE, por más que coincida en el deseo de impedir que la Generalitat de Cataluña asuma más poderes. Otra cosa es la operación conjunta en Valencia, donde el PP preside la comunidad y puede reforzar así sus apoyos. Pero la extraordinaria agitación y demagogia de una gran parte de los medios de comunicación residentes en Madrid, así como el tremendismo del propio Aznar, están directamente orientados a este objetivo: evitar que el PP pacte con el PSOE una nueva versión, ni aunque sea a la valenciana, del Estatuto catalán.
A falta del apoyo del PP, el PSOE podría, pues, verse obligado a aceptar el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña en los aspectos fundamentales (competencias y financiación). El resultado sería un autonomismo asimétrico, más cercano a lo que se suele entender como Estado multinacional. De hecho, con el nuevo Estatuto, la Generalitat de Cataluña aún tendría bastantes menos poderes que los Estados de Estados Unidos, Flandes en Bélgica, los territorios de Alemania o los cantones de Suiza. Pero, en comparación con la situación actual, el Gobierno central perdería un control sustancial sobre la población, el territorio y los recursos catalanes. En esta hipótesis, el ganador principal sería Pasqual Maragall, que se convertiría en un líder muy ampliamente apoyado en Cataluña. Pero en una gran parte del resto de España es posible que la hostilidad del PP le reportara nuevos apoyos populares. El PSOE sería acusado de venderse a los nacionalistas catalanes, podría experimentar alguna crisis interna y perder apoyo electoral.
Las presiones internas de diversos líderes territoriales socialistas y la amenaza del PP de erigirse en el único defensor de España podrían, pues, impedir que el PSOE apoye el proyecto de Estatuto catalán. En esta tercera hipótesis, el PSOE quedaría en medio del bocadillo formado por los catalanistas y el PP, sin una mayoría parlamentaria definida. El resultado sería que no habría, por ahora, reforma estatutaria. Los principales ganadores serían CiU y ERC, que convertirían el proyecto aprobado por casi el 90 por ciento del Parlamento de Cataluña en su programa permanente de reivindicación. El PP, por su parte, también podría ganar apoyos como partido fiable que ya advirtió desde el principio que esto iba a ser un lío sin salida. La principal víctima sería Maragall y probablemente el PSC podría sufrir una crisis interna significativa.
Pese a todo, los dirigentes del PSOE podrían decantarse por esta última opción, el abandono del Estatuto catalán. Ciertamente tendrían que hacer malabarismos para obtener apoyos parlamentarios suficientes al Gobierno de ZP. Muy probablemente, habría elecciones anticipadas en Cataluña, a las que CiU y los demás partidos catalanistas, con la bandera del proyecto de Estatuto, concurrirían con ventaja. Pero el Gobierno central mantendría los poderes que ahora ejerce en Cataluña. Aplazaría la cuestión catalana durante algunos años más. Y si el PSOE cambiara de tema y manejara bien el calendario, aún podría volver a ganar las elecciones generales en el conjunto de España, incluso con un resultado no muy malo en el territorio catalán.
En resumen, si el PP se mantiene en el boicot al Estatuto, el PSOE podría sentirse tentado a hacer algo similar. El proceso parlamentario ahora iniciado puede demorarse, pero es probable que antes de seis meses ya se haya decantado visiblemente el resultado final.