Los partidarios del Brexit (la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea) aseguran que su propuesta no supone casi costo alguno y que no afectaría al comercio internacional del Reino Unido. Se equivocan. Cuando el 23 de junio los votantes británicos emitan su opinión en el referendo, deberán reflexionar sobre las consecuencias reales de abandonar la UE y si podrán mantener los beneficios del libre comercio que hoy disfrutan (y dan por sentados).
Empecemos por lo básico. Abandonar la UE implica que el RU dejará de pertenecer a la Unión Aduanera, que es la base del libre comercio a través de las fronteras entre los 28 estados miembros de la UE (y que establece un arancel externo común para el comercio con países ajenos al bloque). También implica abandonar el Mercado Único, base del libre movimiento de bienes y servicios entre los estados miembros de la UE. Por definición, los países ajenos al bloque no pueden participar del Mercado Único.
¿Qué pasaría después? Durante los dos años hasta que la retirada de Gran Bretaña termine de efectivizarse, habrá negociaciones entre el RU y la UE en relación con muchos temas, como soberanía, orden jurídico, inmigración, finanzas y asuntos económicos. Es de suponer que un objetivo fundamental para Gran Bretaña sería negociar una relación comercial tan parecida como sea posible al régimen actual de libre comercio.
Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Lo mejor sería si todos los actores acordaran mantener el nivel de libre comercio ya alcanzado; el RU debería fijar un nuevo arancel externo sobre la base de un régimen preferencial. Es lo que sucedió en los setenta, cuando Gran Bretaña y Dinamarca dejaron la Asociación Europea de Libre Comercio y se negociaron acuerdos de libre comercio entre los miembros de la AELC, y entre ellos y la UE (o CEE, como se llamaba entonces).
Pero los partidarios del Brexit deben darse cuenta de que no hay garantías de que esto se repita, y en todo caso, no sería fácil. Si bien la solución funcionaría para el 45% de las exportaciones británicas que se venden en mercados de la UE, anularía toda protección para las industrias de Gran Bretaña. Según las reglas de la Organización Mundial del Comercio, a todos los miembros de la OMC se les deben aplicar los mismos aranceles, es decir que si Gran Bretaña no gravara las importaciones procedentes de la UE, tampoco podría hacerlo con las que vengan de otros países.
La alternativa sería que los exportadores del RU acepten el arancel común externo de la UE, y que el RU cree un arancel propio para todas las importaciones, incluidas las que vengan de la UE. Como el arancel común en productos industriales y de pesca es relativamente bajo, tal vez esto no sería una barrera insuperable para las exportaciones del RU, y dejaría cierta flexibilidad para proteger a las empresas del RU de las importaciones. Pero el posible problema es que cualquier aumento del arancel británico por encima del nivel de la UE expondría al RU a reclamos de compensación de otros países de la OMC.
La pregunta más importante que deben responder los partidarios del Brexit es cómo asegurar un alto nivel de acceso al mercado interno de la UE. Esto es esencial para las industrias de servicios británicas, particularmente para la exportación de servicios financieros desde la City londinense.
Hay un único precedente de países ajenos a la UE que fueron capaces de negociar un acceso al mercado interno equivalente al de los miembros de la UE. Fue el acuerdo del Área Económica Europea firmado por la UE con Noruega, Islandia y Liechtenstein en 1992.
En opinión de muchos observadores (entre los que me incluyo), esa solución ya no es practicable. Pero ¿y si nos equivocamos? El caso es que semejante acuerdo iría contra todos los instintos (y la retórica) de los partidarios del Brexit, porque implicaría aceptar las “cuatro libertades” de la UE: no solamente libre movimiento de bienes, servicios y capital, sino también de personas. Sería difícil de compatibilizar con el objetivo que aquellos aducen de poder controlar las fronteras británicas. Además, en el contexto de un acuerdo al estilo del AEE, Gran Bretaña estaría obligada a seguir aportando al presupuesto de la UE, algo que los partidarios del Brexit tampoco verían con agrado.
Claro que podría haber arreglos específicos para determinados sectores. Pero no parece probable que pudieran lograrse en el sector de servicios financieros y en los principales servicios profesionales (incluidos médicos, arquitectos y abogados), que son importantes para los competidores de Gran Bretaña en Europa. De hecho, podría ocurrir que la UE adopte una actitud mercantilista dura: si Gran Bretaña quiere acceso privilegiado, que no se vaya del club.
La consecuencia final del Brexit es que el RU perdería los acuerdos de libre comercio con terceros países incluidos en los numerosos tratados firmados por la UE desde 2000. Reemplazarlos con tratados bilaterales llevaría tiempo. No hay garantías de que la UE acepte una continuación interina del régimen de libre comercio, y parece seguro que las exportaciones del RU se enfrentarán en esos terceros países a aranceles más altos que las de sus exsocios de la UE (lo que supondría una desventaja competitiva para los exportadores británicos).
Los partidarios del Brexit van muy lejos cuando nos piden creer que los más importantes líderes del mundo (dentro y fuera de Europa) entendieron mal los efectos que traería el Brexit. En lo referido al comercio internacional, ya hemos visto al Fondo Monetario Internacional, al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y a la OCDE (por no hablar del Tesoro del RU) decir a los británicos que la salida de la UE perjudicará la economía. De nada sirve responder que la OCDE “está a sueldo de la UE” o que Obama es antibritánico porque su padre fue un keniano que vivió en tiempos de la colonia británica.
La predicción económica es una ciencia inexacta. Pero cuando casi todos los pronósticos apuntan en la misma dirección (que el Brexit será inmensamente dañino para el RU) es hora de decidir a quién hay que creerle.
Roderick Abbott is a former deputy director-general at the WTO and a former deputy director-general at the European Commission Directorate-General for Trade. Traducción: Esteban Flamini