El plan negociado entre el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk y el primer ministro británico, David Cameron, para la permanencia del Reino Unido en la UE ha sido considerado de mínimos en ese país y de máximos en Europa. Sobre esta propuesta parece existir una posición generalizada de todos los países europeos para llegar a un acuerdo.
Conociendo la actitud posibilista que va a dominar en el Consejo Europeo, sería exigible al Gobierno español en funciones el mayor celo posible en la preservación del acervo comunitario, porque si sale mal y el Brexit se precipita, el interés principal de los restantes 27 países será el de desincentivar otras futuras tentativas de salida. Eso podría reflejarse en los términos del eventual acuerdo de abandono que se ofrezca a Londres, que no deberían ser entonces demasiado generosos para que no cunda el ejemplo.
Nos encontramos por lo tanto ante una verdadera cuadratura del círculo: ofrecer una adecuada respuesta a las cuatro peticiones de Cameron, sin quebrantar los principios de la Unión ni la esencia de su acervo. Es necesario entonces situar en sus justos términos la promesa de una Unión "cada vez más estrecha e integrada".
El primero de los asuntos que forman parte de la propuesta de Tusk es la gobernanza económica, que hace referencia al respeto mutuo entre los países que desean profundizar en la Unión Económica y Monetaria y los que no. Parece que está claro que no debe existir un veto de estos últimos en la toma de decisiones o en la adopción de las que resulten urgentes.
El segundo de los componentes de la negociación se refiere a la competitividad. Se trataría, de acuerdo con la propuesta, de acrecentar los esfuerzos para reforzarla, simplificar la legislación y reducir la burocracia. Lo que se pretende es algo que ya se está haciendo desde la Comisión Juncker, hasta el punto de que ha frenado cualquier nueva regulación al respecto hasta tanto no quede resuelto el referéndum británico.
El tercer compromiso entre Tusk y Cameron se refiere a la soberanía. O a la subsidiariedad, que es el mayor enemigo en potencia de la construcción europea, pues a través de este principio se esconden quienes pretenden regresar a las instancias nacionales como adecuado amparo para sus pretensiones euroescépticas o simplemente anti europeas.
El cuarto de los asuntos pactados entre el presidente del Consejo y el primer ministro británico se refiere a los beneficios sociales y la libre circulación. Es sin duda el asunto más espinoso para la UE y el que más preocupa a los británicos. El acuerdo se refiere a los llamados "abusos" que se producirían en esta materia: la exportación de los beneficios para las familias o los que correspondan a los nuevos trabajadores que lleguen a territorio británico procedentes de otros países de la Unión. La necesaria temporalidad de esta medida -siempre de acuerdo con los Tratados- debiera convertirse en una exigencia del Gobierno español en funciones en la mesa de negociación.
Estamos en presencia de la apertura por el Reino Unido de un melón que, de una u otra manera, permanecía cerrado. Abierto éste, quizás los demás países pudiéramos deslizarnos de una manera poco prudente en los asuntos que aún quedan pendientes de resolver en nuestros propios dominios, afecten o no a nuestra relación con la UE o sean bilaterales con el Reino Unido. Por poner sólo un ejemplo: ¿es aceptable que Reino Unido mantenga en territorio reivindicado por España, como es el caso de Gibraltar, un paraíso fiscal o que establezca unas aguas territoriales que no están reconocidas por Tratado alguno? O, por poner otro ejemplo, este sobre la posición de España en lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones en cuanto a nuestro déficit público: ¿excepciones solo para Reino Unido? No parece que eso sea justo.
En definitiva, entendemos que España no debería asumir la responsabilidad de decir que no a las pretensiones británicas sin perjuicio de que, en las actuales circunstancias en las que vive sumido nuestro continente, cualquier frenazo que le propinemos a la construcción europea no sólo sería un error, sino una grave responsabilidad. Europa debe ir hacia un modelo de integración política, justo lo contrario de lo que nos piden los británicos que pactemos. Pero es necesario también enviar un mensaje claro al Reino Unido, que suponga una especie de aviso a estos o a otros navegantes: es peor quedarse en la UE para desvirtuar el proyecto europeo que abandonarla.
No seremos sin embargo nosotros quienes habremos creado la Europa de las dos velocidades. Pero si es así, si es esa la Europa que terminamos por crear, si este acaba siendo el proyecto europeo, al menos que se nos permita que avancemos a mayor velocidad quienes creemos de verdad en una Unión Europea más estrecha, más integrada, más política, más federal.
Fernando Maura es diputado nacional de Ciudadanos.