El bumerán de la seguridad en Centroamérica

Miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en el calabozo de la comisaría de Quezaltepeque (San Salvador, 20 de mayo de 2013). GETTY

El reconocido psiquiatra y autor estadounidense James Gilligan asegura que la violencia nace de la voluntad de aplastar la sensación de vergüenza o humillación y sustituirla por orgullo. A un nivel más global, podría decirse que eso es exactamente lo que sucede en los últimos 25 años en el llamado Triángulo Norte de América Central –compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador– que desde hace años lleva el deshonroso título de ser una de las regiones más violentas del mundo. Pero detrás del flagelo de las maras o pandillas, los homicidios y el crimen, subyace toda una historia de humillación y políticas fallidas que han contribuido a que esta región de unos 30 millones de habitantes viva en una creciente espiral de odio y represión.

Como numerosos expertos de seguridad venían alertando desde hace tiempo, las políticas de “mano dura” en El Salvador y Honduras, y hasta cierto punto también en Guatemala, basadas en la persecución de miembros de las maras y en el empeoramiento de las ya deplorables condiciones carcelarias, prolongan una crisis de seguridad inexorable.  Estas recetas han llegado a ser tan contraproducentes –las prisiones de El Salvador están entre las más masificadas del mundo, y albergan tres veces más personas que su capacidad– que se han convertido en incubadoras de actividad criminal. Las maras coordinan sus redes delictivas más lucrativas desde dentro de las cárceles, sobre todo la extorsión, y son prácticamente responsables del mantenimiento de las instalaciones, haciéndose cargo de gastos de reparaciones eléctricas o el amueblado. No menos adversos son los efectos de la política de “mano dura” en las nuevas generaciones. Mientras que los veteranos líderes pandilleros muestran su preocupación porque sus hijos e hijas no cometan sus mismos errores, las redadas policiales, las ejecuciones extrajudiciales denunciadas por la prensa local y los organismos de derechos humanos, así como la clasificación en Honduras y El Salvador de las pandillas como grupos terroristas, van encaminadas a estigmatizar a los jóvenes y a fortalecer la razón de ser de las maras como parias sociales enfrentados a las fuerzas de seguridad.

Esta suerte de guerra no convencional que se libra en El Salvador entre pandillas y policía se ha intensificado en los últimos años, a pesar de los esfuerzos de negociación de una tregua entre 2012 y 2014.  Ya en 2008, cuando se estrenó el documental La vida loca –que le costó la vida a su director, Christian Poveda– sobre el día a día de varios miembros de la mara Barrio-18, las pandillas se declaraban abiertamente en guerra contra el Estado:  “Esta guerra no tiene fin. Estamos comenzando todavía. Una guerra nunca se gana de un día para otro”, aseguraba uno de los mareros filmado por Poveda durante el funeral de un compañero. Nueve años más tarde, muchos pandilleros y pandilleras han dejado atrás sus característicos tatuajes para pasar desapercibidos ante la mirada de las autoridades; sus técnicas de financiación se han diversificado; y tienen una creciente penetración en las instituciones.

Como respuesta a la sofisticación de estos grupos, el aumento de la violencia, el fracaso de la tregua y el hastío popular, en abril de 2016 el gobierno salvadoreño, liderado por el exguerrillero Salvador Sánchez Cerén, decidió poner en marcha las llamadas “medidas extraordinarias” que endurecen las condiciones de prisión y persecución de las pandillas y que recientemente han sido prolongadas. “No queda otro camino, no hay espacio para diálogo, no hay espacio para treguas, no hay espacio para entenderse con ellos”, reconocía Sánchez Cerén días antes de anunciar su nueva política de guerra contra las pandillas.

Aunque la perspectiva del presidente es compartida por sus homólogos en Honduras y Guatemala, y por gran parte de los ciudadanos de estos países, numerosas razones llevan a pensar que, ahora más que nunca, es necesario un cambio de rumbo. Aplicar medidas criminales a una problemática que no es estrictamente criminal, sino sobre todo social, es una aproximación errónea que necesita ser repensada. Entender la historia y las nuevas formas de actuación de las pandillas, así como reflexionar sobre las lecciones aprendidas de las políticas aplicadas hasta la fecha, es esencial a la hora de plantear nuevas estrategias de seguridad encaminadas a frenar este ciclo de violencia que para muchos se ha convertido en un modo de supervivencia.

Conflicto y deportación, antecedentes de la ‘mano dura’

Se estima que las dos maras principales –Mara Salvatrucha y Barrio 18–cuentan con unos 54.000 miembros en el Triángulo Norte, siendo El Salvador donde más presencia registran, con unas 400.000 personas vinculadas indirectamente a estos grupos. A diferencia de las redes de narcotráfico, las maras constituyen la supervivencia de comunidades en la marginalidad. Son la última consecuencia del fracaso de una serie de políticas socioeconómicas y de deportación masiva de las últimas décadas.

Después de las cruentas y largas guerras civiles en El Salvador y Guatemala, las sociedades del Triángulo Norte quedaron devastadas. Aunque Honduras no padeció una guerra interna, también se vio afectada por los conflictos de los vecinos y su tasa de pobreza urbana aumentó un 18% entre 1989 y 1993. En los años de posconflicto proliferaron los barrios marginales en las grandes ciudades y se produjeron desplazamientos y movimientos migratorios masivos del campo a la ciudad. Muchos de los que llegaban a los núcleos urbanos apenas podían ganarse la vida una vez allí. Políticas fallidas como la reforma policial y judicial en Guatemala o la estrategia de transformar a los excombatientes en agricultores en El Salvador resultaron ser retos demasiado grandes para la transición.

La situación en estos países empeoró cuando en la década de los noventa fueron deportados desde Estados Unidos más de 60.000 centroamericanos, casi la mitad de ellos originarios de El Salvador. Al volver a países donde escaseaban las oportunidades formativas y laborales, muchos de ellos se encontraron aislados y estigmatizados por sus compatriotas y las autoridades, por lo que decidieron reagruparse y establecer el control sobre las zonas marginales de las ciudades, aplicando la cultura de maras aprendida en EEUU.

Esta combinación de movimientos demográficos e incremento de la exclusión socioeconómica fomentó la propagación por el Triángulo Norte de las maras, que empezaron a utilizar la extorsión y la extrema violencia para difundir el miedo en la región. Desde el principio, la respuesta gubernamental fue implementar políticas represivas basadas en el encarcelamiento masivo y las redadas, una estrategia aplaudida por la opinión pública. Las políticas aplicadas en El Salvador en 2003 y 2004 se definieron como de “mano dura”, a las que más adelante les seguirían nuevas bautizadas como “súper mano dura”. Honduras implementó enfoques similares bajo el programa Cero Tolerancia, y Guatemala bajo el Plan Escoba, aunque no fue legalmente formalizado. Ya en aquel momento, estas medidas estaban fracasando a la hora de reducir la violencia a largo plazo, y acabaron transformando las maras en organizaciones criminales más sofisticadas.

Uno de los pocos intentos de diálogo con las pandillas fue el proceso conocido como “la tregua”, que comenzó en marzo de 2012, cuando los líderes de las principales pandillas de El Salvador acordaron detener los asesinatos a cambio de una mejora en las condiciones carcelarias. A pesar de una notable reducción de los homicidios, con abril de 2013 como el mes menos violento en más de una década, el secretismo alrededor del proceso y el hecho de que el gobierno no reconociera su participación en el mismo fueron los principales motivos para que el intento de diálogo fracasara. A pesar de que el proceso ha sido demonizado por gran parte de la sociedad y a día de hoy ninguno de los gobiernos de la región parece dispuesto siquiera a plantear alguna iniciativa similar –un intento de este tipo en Honduras en 2013 también fracasó– la tregua dejó algunas lecciones, como la capacidad de las maras para negociar y hacer cumplir acuerdos gracias a su estructura vertical.

Crimen, identidad y género

El aumento indiscriminado de los asesinatos en los últimos años y el señalamiento de estos grupos como enemigos públicos no ha hecho sino estigmatizar aún más a sus miembros. La prensa local amanece cada día con
titulares como “aniquilan a tres individuos” o “ultiman a pandilleros”. Parte del fracaso de las políticas de seguridad de los últimos años se debió al hecho de obviar las dos facetas de las pandillas, no solo como organizaciones criminales, sino también como redes de apoyo social. Estos factores no son mutuamente excluyentes, y su estatus tanto de víctima como de victimario son parte integral de la autopercepción de estos grupos, así como parte de su atractivo.

La red de apoyo económico y social que facilitan las maras está basada en gran medida en la extorsión como forma de protección a sus miembros. Si la extorsión es el motor económico de las maras, también representa el principal desincentivo empresarial para los comerciantes extorsionados. Según el Banco Central de El Salvador, se recaudan en torno a 756 millones de dólares al año en el país en extorsiones a empresas. No obstante, es importante destacar que parte de esta extorsión se destina a prácticas corruptas en algunas instituciones, pues permite a algunos individuos quedarse con parte del dinero alegando que fue a parar a las pandillas. De hecho, según las investigaciones de la fiscalía salvadoreña, los ingresos anuales de la MS-13 derivados de la extorsión sumaron solamente 31,2 millones de dólares.

La extorsión está también detrás de los numerosos casos, aún no recono cidos oficialmente en El Salvador y Guatemala, de desplazamientos forzados. Si se entiende la extorsión como una forma de intimidación, no necesariamente económica, es fácil imaginar por qué van en aumento el número de menores no acompañados y familias que huyen del Triángulo Norte en dirección a México y EEUU, arriesgando su vida, muchos de ellos alegando proteger a sus hijos e hijas del reclutamiento o el abuso sexual. Las ONG de derechos humanos en la región están registrando casos de mujeres menores que han huido con sus madres o un familiar para no ser sometidas o violadas por miembros de la pandilla.

Si pertenecer a una mara es motivo de aislamiento social, ser mujer y pandillera lo es todavía más. Las mujeres, entre el 20 y el 40% de los integrantes de las maras, quedan expuestas a la violencia y la sumisión cuando entran en el grupo. El control masculino sobre sus cuerpos y la asignación de actividades específicas para mujeres, como ser contable o mensajera, son elementos integrales de la cultura pandillera. Numerosos testimonios apuntan a la prevalencia de la violación en grupo de mujeres, en un caso denunciado por hasta 30 hombres, así como relaciones sexuales forzadas con líderes pandilleros como preludio al reclutamiento de niñas adolescentes. Sin embargo, al igual que las maras como institución tienen una doble faceta de perpetradores de violencia y protectores de sus miembros vulnerables, el abuso a la mujer convive con una red de apoyo a las que muchas de ellas acuden. En algunos casos, ser parte de la mara es la mejor opción cuando no hay alternativas para sobrevivir.

El papel del Estado: hacia una nueva estrategia de seguridad

Debido a las numerosas consecuencias devastadoras que trae consigo la violencia, sin contar el lastre que supone para que la región prospere económicamente, resulta esencial abordar de forma urgente las causas subyacentes al fenómeno de las pandillas e incentivar nuevas estrategias de seguridad. Sacar adelante estos esfuerzos requerirá tiempo y no estará exento de obstáculos, pero las señales que llegan de la sociedad civil del Triángulo Norte son alentadoras.

La ola de protestas contra la corrupción en Guatemala y Honduras durante 2015 debe ser interpretada por los líderes regionales y la comunidad internacional como una oportunidad para apostar no solo por la represión, sino también por la prevención y la rendición de cuentas. Los avances liderados por instituciones como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o la más reciente Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) han resultado esenciales para el combate a la corrupción, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la purga de figuras políticas que se sirven de la violencia y el desorden institucional.

La rendición de cuentas debe complementarse con un enfoque no violento para combatir el flagelo de las pandillas basado en la comunicación indirecta con estos grupos. Las maras, por su parte, deberán dar señales de buena voluntad, como establecer zonas de libre circulación y renunciar a la violencia como medio de intimidación pública. La MS-13 y una de las facciones de la B-18 han expresado a principios de este año su voluntad de emprender negociaciones e incluso de desarticularse, una iniciativa hasta ahora rechazada por el gobierno salvadoreño. Las organizaciones religiosas están bien situadas para ayudar en este proceso, ya que gozan de la confianza del público, mientras que la conversión religiosa se ha convertido en un motivo aceptable entre los miembros de las maras para “calmarse”, una expresión coloquial que hace referencia a dejar de participar en las actividades delictivas.

Además de tratar las bases socioeconómicas de las pandillas, es necesario que los gobiernos del Triángulo Norte fortalezcan la aplicación de la ley de tal forma que tengan en cuenta la diversidad de los comportamientos delictivos locales. Asimismo, los gobiernos de Honduras y El Salvador podrían considerar revocar su clasificación de los delitos de las maras como actividades terroristas para fomentar su confianza. Del mismo modo, EEUU podría poner fin a la designación de la Mara Salvatrucha como una organización criminal transnacional.

El apoyo internacional a este proceso, especialmente por parte de EEUU, es clave a la hora de apoyar los esfuerzos de diálogo indirecto y el fomento de planes de prevención. La nueva administración estadounidense plantea dudas sobre si se repetirán las terribles consecuencias que tuvieron las deportaciones masivas de la década de los noventa. Un retorno de esta política fomentaría el reclutamiento y agravaría las presiones económicas en el Triángulo Norte dada la importancia de las remesas en el PIB regional. Las recientes visitas de altos funcionarios estadounidenses a la región transmitieron un mensaje más alentador, aunque la incertidumbre del nuevo gobierno estadounidense y la alta dependencia de estos países de EEUU les hace altamente vulnerables a cualquier giro político de Washington.

En el largo plazo, solo de forma paulatina y haciendo a la sociedad civil protagonista de estos cambios será posible una nueva estrategia regional de seguridad basada en la prevención, además de en la persecución que permita a quienes viven en el Triángulo Norte hacer uso pleno de su libertad y oportunidades. Si bien los Estados tienen el deber de perseguir y condenar a quienes violan la ley, las estrategias de “mano dura” no pueden convertirse en el instrumento exclusivo de lucha contra el crimen. Es preciso poner en marcha políticas de rendición de cuentas e inversión socioeconómica para que las medidas extraordinarias pasen a ser precisamente eso, una herramienta excepcional.

Ivan Briscoe es director del programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group. Sofía Martínez es analista para el Triángulo Norte de Centroamérica en Crisis Group. POLÍTICA EXTERIOR y Crisis Group colaboran desde 2009 para la difusión en español del trabajo de análisis de la organización.

Originally published in Politica Exterior

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