El CAC, coartada de TV3 y de la “escuela catalana”

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) acaba de hacer público un acuerdo según el cual los contenidos del reportaje “Educar sota sospita” (Educar bajo sospecha), emitido en el programa 30 Minuts de TV3, el pasado 25 de noviembre, no contravienen la normativa audiovisual ni las previsiones del Libro de Estilo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. En opinión de este regulador, supuestamente independiente, los argumentos de la queja interpuesta por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) son irrelevantes.

Así, resulta irrelevante para el CAC que en un reportaje de una televisión pública aparezcan únicamente dos testimonios que denuncian adoctrinamiento en la denominada “escuela catalana” frente a 28 (!!!) que apuntan que no sucedió nada anómalo en los centros educativos de nuestra Comunidad en torno al 1 de octubre de 2017. Y resulta irrelevante que, curiosamente, los testimonios críticos sean, además, replicados de inmediato dentro del propio reportaje, cosa que en modo alguno sucede con los otros.

También resulta irrelevante para el CAC que en el reportaje se comparen las denuncias que se han promovido en Cataluña contra la instrumentalización nacionalista de la escuela con las realizadas por fuerzas políticas de extrema derecha en Alemania y  Brasil…

Igualmente resulta irrelevante para el CAC que, al abordar el rol de los centros educativos en torno al referendo ilegal, TV3 omita cuestiones tan clamorosas como la entrega simbólica, por parte de un nutrido grupo de directores, de las llaves de los centros a Puigdemont el 29 de septiembre, al grito de «¡Abriremos!»; los mensajes propagandísticos en redes desde cuentas oficiales de los centros; el discurso del presidente del sindicato mayoritario de profesores USTEC-STE’s, el 9 de noviembre de 2017, en la Plaza de la Catedral de Barcelona, con un cartel enorme de fondo que rezaba «Llibertat Presos Polítics»; las concentraciones de menores, arengados en los patios; la más que significativa protesta de alumnos del Instituto de Sant Andreu de la Barca, como consecuencia de las presiones sufridas por sus compañeros, hijos de guardias civiles… o la conocida afirmación de la entonces consejera Ponsatí: “en Enseñanza no necesitamos construir estructuras de Estado. Las tenemos listas”.

Asimismo, resulta irrelevante para el CAC que la televisión pública de todos los catalanes silencie precisamente a quienes, con sus denuncias, han generado este reportaje, como es el caso de la propia AEB que, a finales del pasado septiembre, difundió un demoledor informe de más de 300 páginas titulado “Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre” en el que se encuentran documentadas, entre otras muchas, todas las evidencias que se apuntan en el párrafo anterior.

Por si todo esto fuera poco, el reportaje da la palabra en varias ocasiones al Síndic de Greuges, que sistemáticamente ha actuado como el Síndic de los nacionalistas (en este caso, cuestionando incluso a las víctimas), y silencia al Defensor del Pueblo, que sí que ha amparado las denuncias de ciudadanos por la falta de neutralidad política de las administraciones catalanas (entre ellas, la escuela).

El reportaje, que constituye un ejemplo difícilmente superable de cómo ofrecer una mirada sesgada sobre un tema, va en la línea de otros muchos que ha emitido TV3, casos de L’endemà, Hola Europa! o la reciente trilogía encargada a Roures sobre el denominado procés. ¡No recuerdo un solo documental de tesis de la televisión pública catalana que sostenga postulados constitucionalistas!

Lo que sí recuerdo son otras actuaciones muy desafortunadas del CAC en las que, como ahora, avala sistemáticamente (casi siempre con los votos particulares de los consejeros Figueras, Sirera y Parera) actuaciones de TV3 que vulneran de modo flagrante las obligaciones de cualquier servicio público audiovisual que se precie de serlo.

Son los casos, por poner algunos ejemplos, del acuerdo 51/2016, que no advierte nada anómalo en que se queme en directo un ejemplar de la Constitución Española en el programa Els Matins, junto a comentarios de Empar Moliner del tipo “España no hará nada por ellos” (refiriéndose a personas en situación de especial vulnerabilidad por la pobreza energética); de los acuerdos 89/2017 y 90/2017, que rechazan realizar (a petición de los tres consejeros mencionados) un requerimiento a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales para que cesen las emisiones de publicidad institucional del 1-O (prohibidas por el Tribunal Constitucional y hoy investigadas por el Juzgado 13 de Barcelona); del acuerdo 42/2018, que no sanciona la difusión de datos personales del juez Llarena en el programa Tot es Mou; o del acuerdo 58/2018 que sostiene que la utilización del término “exilio” (para referirse a los políticos prófugos de la Justicia) en diferentes programas de TV3 “no contraviene los principios de veracidad y rigor informativos ni los de imparcialidad, neutralidad y pluralismo de la información”…

Este cúmulo de despropósitos solo se puede entender sabiendo que la estrategia nacionalista, definida en el celebérrimo Programa 2000, ha calado hondo en la sociedad catalana, especialmente, como era su intención, en lugares estratégicos, como la escuela y los medios públicos.

Decía aquel documento, que se filtró a la prensa en 1990, que eran objetivos prioritarios, por citar solo algunos ejemplos: “impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes”; la «catalanización de los programas de enseñanza», con un “análisis previo y aprobación del contenido por parte de personas responsables y de confianza”; “reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza”, controlando “de cerca la elección de este personal”; “incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas”; “velar por la composición de los tribunales de oposición”…

Y en lo que respecta a los medios: “Lograr que los (…) públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo [el destacado es mío] unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán”, “incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y técnicos en comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana”, “introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y  una gran cualificación técnica en los lugares claves de los medios de comunicación”…

Nos encontramos, en definitiva, ante un engranaje perfectamente armado (desde arriba) cuyos eslabones, como en este caso, siempre cierran filas, sin ningún rubor, en torno a la “causa nacional”, sea cual sea el dislate. Y mientras tanto, quienes podrían inclinar la balanza para revertir esta situación siguen sosteniendo que el “conflicto” surge por la sentencia del Estatut y hablando de transferir más competencias…

Isabel Fernández Alonso es profesora titular de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Junta Directiva de Impulso Ciudadano.

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