El camelo de las prisiones

La competencia de prisiones con ETA asesinando no la quiso el PNV; y es comprensible, porque la intimidación –incluyendo un asesinato tras otro– sobre los funcionarios, psicólogos y personal de prisiones habría resultado insostenible. La intimidación contra los simpatizantes, afiliados y cargos públicos del PNV hubiera sido un infierno parecido al que sufrimos los que estábamos directamente en la diana.

¿Qué hay de malo, pues, en la competencia de prisiones sin ETA?

El contexto sigue siendo turbio. Cuando hablamos del posterrorismo vasco, debe recordarse que decenas de miles de personas consintieron la persecución y el miedo, decenas de miles que colaboraron en delitos y no fueron juzgados. La masa social de lobistas de los presos tiene una motivación muy poderosa para que salgan anticipadamente. ¿Va a susurrar o gritar, según el caso, para presionar? No lo duden.

¿Qué́ hay de malo en conceptos nobles y humanitarios como reinserción, cumplimientos alternativos de las penas en la comunidad o justicia restaurativa? En el contexto real de las sociedades vasca y navarra –no en el ideal– suponen impunidad, porque ese contexto está podrido de legitimación del terrorismo. Es un camelo colar esos conceptos –tan elevados como discutibles– en esta situación.

¿La reparación de las víctimas y del tejido social dañado es lo más importante en las políticas públicas? No lo es. ¿Los cientos de asesinatos de ETA sin resolver son lo más importante? Tampoco. ¿Evitar los homenajes que buscan convertir en héroes a los que salen de las cárceles? No. ¿Se consiguió la aceptación del suelo ético por los herederos políticos de ETA, un eufemismo para que les resultase más fácil condenar el pasado cruel e inaceptable? En absoluto.

La legalización de Sortu dio por buena la condena de la violencia hacia el futuro. Si la organización hubiera sido nueva de verdad, con líderes limpios de responsabilidades, el contexto se habría regenerado. Pero no es así. Son innumerables las oportunidades que ha tenido Otegi –líder también cuando mataban– de condenar la estrategia de persecución totalitaria. No se ha desdicho de las decenas de veces que justificó a ETA tras los asesinatos.

Debemos mirar al pasado inmediato. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los jueces cumplieron con su trabajo, debilitaron a ETA y demostraron la compenetración de los políticos y los asesinos en la ilegalización de sus diferentes marcas. En 2011, la organización terrorista anunció que dejaba de matar. Para que la derrota no les resultara insoportable, el Gobierno les prometió votos si dejaban las bombas y, pocos meses más tarde, el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, se puso a la tarea de conseguir una mayoría para enmendar el auto del Supremo que no legalizó a Sortu.

Para convencerse a sí mismo, y para conseguir la exigua mayoría, Sala escribió una serie de cautelas como escudo de la democracia frente a las astucias del entorno de los terroristas. Sería motivo de ilegalización la ambigüedad en la condena del terrorismo, la equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima del Estado democrático, la equiparación del sufrimiento de las víctimas con el de los presos condenados por actos terroristas, entre otras. La hoja de ruta de la deslegitimación del terrorismo estaba ahí; una vez legalizados, no me parece que haya existido voluntad, coraje y tesón para defendernos del blanqueamiento y negacionismo del entorno de ETA.

Es más fácil dejar de matar que reconocer que estuvo mal, pero para la sociedad vasca es necesaria una condena real. Otegi, el mismo que justificó los asesinatos, acaba de ser reelegido sin haber condenado la estrategia totalitaria de odio a los que se interponían en su camino. Una sociedad fundada en el olvido, el terror, la mentira y la impunidad no será nunca una sociedad sana. Su convivencia jamás será plenamente democrática. Lo decía el abogado chileno Roberto Garratón.

Los nihilistas Iceta y Sánchez vuelven a activar la perversa indulgencia asimétrica: generosos con los asesinos, crueles con sus víctimas. La consolidación de un desastre político y espiritual. No digan que clamamos venganza, cuando buscamos justicia y reparación. No le llamen reconciliación cuando quieren dulcificar un síndrome de Estocolmo, ni denominen mal menor a olvidar la responsabilidad sobre el mal.

Regreso a 2012, cuando empezaron las cantinelas de los indultos parciales o totales de las víctimas de abusos policiales sin necesidad de comprobación judicial, de adelantamientos de excarcelaciones sobre el compromiso de no comisión de delitos en el futuro, de romper el nexo delito y prisión, de los diálogos reparadores. Ante algunos de los oficiantes de esta beatífica neolengua, el socialista José Ramón Recalde –que sobrevivió a un atentado que le destrozó la boca y sufrió terribles cirugías para intentar, aquí sí, algo de reparación, y que en el año en que le intentaron asesinar mataron a cuatro de sus amigos– contestó algo pertinente para estos días. Proclamó que, mientras persista la tesis de que la violencia fue consecuencia de un conflicto, no estaremos en una situación nueva. Y que la equidistancia entre víctimas y victimarios y el deseo de pasar página dejan al descubierto la fuerza de los victimarios y el coro de los atemorizados. Bajo tales parámetros no cabe reflexionar sobre justicia restaurativa. El objetivo es la derrota de ETA y el triunfo de un estado de ciudadanos. Y preguntó en alto: «¿Han renegado de sus actos y reconocen la injusticia?».

Para la batalla de propaganda que llegará con esta cesión, un apunte: los que no han querido una situación intolerable para los asesinos no tendrán ningún empacho en estigmatizar a las víctimas, en intentar que los ecos de nuestras palabras no lleguen a millones de ciudadanos. Ceder ante el nacionalismo inmisericorde, asumir ser esclavo de sus planteamientos para seguir en el poder como sea, es cruel. Pero, sobre todo, es un terrible error político para el futuro de nuestro país.

Maite Pagazaurtundúa es eurodiputada del Parlamento europeo en la delegación de Ciudadanos

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