El resultado de las elecciones del domingo arroja sin duda un resultado muy difícil de gestionar, consagrando un escenario de pluripartidismo y de necesidad de pactos o/y gobiernos de coalición que, siendo habitual en otros países de nuestro entorno, lo ha sido mucho menos en España al menos a nivel nacional. Sin embargo, la sociedad española parece preparada para esta novedad, lo que es un síntoma de madurez democrática. Efectivamente, las encuestas reflejan que los ciudadanos españoles -especialmente las nuevas generaciones- no están especialmente preocupados por la necesidad de gobiernos de coalición o de pactos a varias bandas, ni tampoco por la posible inestabilidad o la supuesta falta de gobernabilidad. Desde luego lo están mucho menos que nuestros representantes políticos (al menos hasta hace dos días) y que los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. Pero los ciudadanos también tienen que ser conscientes de que con el panorama surgido de las elecciones del 20-D las reglas del bipartidismo (básicamente las que impiden llegar a acuerdos entre adversarios políticos llamados a sustituirse) ya no pueden aplicarse, porque impedirían la constitución de un Gobierno estable. Dicho de otra forma: si abrazamos el pluripartidismo, hay que hacerlo con todas las consecuencias, y hay que asumir que pueden darse acuerdos (puntuales o no) entre partidos como el PP y el PSOE que difícilmente se hubieran producido en el pasado reciente. De la misma forma, tendremos que asumir que los nuevos partidos no van a funcionar ni como las marcas blancas de los tradicionales, ni como aspirantes a sustituirles. Eso es lo que significa de verdad el pluripartidismo.
Tenemos que ser conscientes de que la necesidad de llegar a acuerdos entre varios partidos para garantizar que haya un Gobierno puede ser la gran oportunidad que estábamos esperando para acometer las imprescindibles reformas institucionales que han quedado aparcadas a lo largo de la última legislatura. Particularmente cuando, como es inevitable, se ponen en riesgo los intereses de las redes clientelares de los partidos tradicionales creados a lo largo de décadas
En este sentido, los españoles hemos salido un tanto escarmentados de la pasada mayoría absoluta por dos motivos: Primero porque no ha servido para hacer auténticas reformas estructurales y de cambio de modelo productivo -más allá de la muy necesaria reforma laboral y del sistema financiero que exigían nuestros socios- ni, sobre todo, para abordar la urgente regeneración institucional. Segundo porque, en un contexto de instituciones débiles y colonizadas por los partidos políticos, el abuso de la mayoría absoluta y la confusión de los intereses generales con los del partido en el gobierno ha sido un riesgo cierto, especialmente visible en los casos de corrupción. La experiencia nos ha aconsejado la conveniencia de contar con contrapesos mucho más robustos en forma de pluripartidismo y, en particular, de devolver al Parlamento el papel esencial que le corresponde en una democracia representativa. Porque aunque la legislación compulsiva anunciada cada viernes en los Consejos de Ministros y la aprobación de innumerables decretos-leyes por "razones de extraordinaria y urgente necesidad" nos lo hayan hecho olvidar, lo cierto es que al Gobierno no le corresponde la función de elaborar las leyes: esa es la tarea del Parlamento. Al Gobierno le corresponde la función ejecutiva y la potestad reglamentaria respetando esas leyes y por supuesto la Constitución, además de la dirección de la política interior y exterior.
El Parlamento tiene también otra función esencial, que suele también difuminarse en tiempos de mayorías sólidas como son las que tradicionalmente ha tenido España, y es la del control del Ejecutivo, un control que debe de ser real y efectivo, para lo que es imprescindible que el Ejecutivo no controle al Parlamento como si fuera un títere. En fin, gracias a la fragmentación del Parlamento recién elegido puede que en esta legislatura podamos visualizar con cierta claridad el funcionamiento ordinario de una democracia parlamentaria, lo que debería de ser un motivo de alegría. Quizá hasta descubramos las dotes (o la falta de ellas) de algunos parlamentarios electos, lo que no nos vendrá mal a la hora de conocerles un poco mejor y de decidir si merecen o no repetir en las listas. La falta de experiencia previa de gran número de los nuevos diputados puede llegar a ser una ventaja desde el punto de vista de la regeneración del Parlamento español en temas tales como las incompatibilidades, los conflictos de intereses, la transparencia o el rigor en la gestión del dinero público, facilitando la asunción de nuevas y más exigentes normas de conducta.
Pero yendo más allá, el escenario que se ha abierto este domingo ofrece indudables posibilidades que convendría no dejar escapar. Se puede llegar a pactos pluripartidistas o transversales que afecten a las propias reglas del juego democrático, intentando avanzar desde una democracia de poca calidad a una democracia más exigente y de mayor calidad. Se trata, como se ha dicho muchas veces en las páginas de este diario, de ir desmontando el Estado clientelar surgido en torno a unos partidos políticos muy fuertes, que han invadido espacios que no les correspondían, y en cuyo caldo de cultivo ha germinado con fuerza la corrupción, e ir avanzando hacia un Estado más moderno, con unas instituciones neutrales, una Administración despolitizada, profesional y eficiente, un Poder Judicial independiente, una gestión pública transparente y eficaz en defensa de los intereses generales, una evaluación sistemática de las políticas públicas y una exigente rendición de cuentas. Si, parafraseando a Tocqueville, ninguna clase política es capaz de sacar lo que su sociedad no tiene previamente dentro, estas elecciones apuntan a que la sociedad española tiene ganas de intentar este cambio. Ahora queda por ver si los políticos elegidos -la mayoría todavía por cooptación y de acuerdo con las viejas reglas electorales- tienen también ganas de intentarlo, dejando de lado las siglas y los intereses partidistas por un tiempo determinado en beneficio de todos.
No debería ser tan complicado, si nos fijamos en el diagnóstico en gran medida coincidente sobre la necesidad y urgencia de la regeneración institucional que han realizado los dos partidos emergentes, que puede fácilmente llegar a compartirse por los partidos tradicionales aunque sea por necesidades aritméticas. Llega el tiempo de las políticas bisexuales por utilizar la misma expresión que Víctor Lapuente en su interesante libro 'El retorno de los chamanes' donde advierte del peligro de los populismos y sus engañosas recetas de soluciones fáciles frente a problemas complejos. El auténtico reto es construir a partir de ahora un discurso público sobre presupuestos correctos, apoyándose en los datos disponibles y huyendo de ideas preconcebidas, de conceptos abstractos, de prejuicios y de cosmovisiones simplistas. Esto requiere ser capaces de debatir sobre impuestos, pensiones, reforma laboral, violencia de género, referéndums, desahucios o cualquier otra cuestión sin dar nada por sentado y con disposición para examinar todas las posibilidades con la finalidad de lograr la mejor solución concreta para cada problema. En definitiva, hay que abordar las discusiones y los posibles acuerdos con espíritu crítico y abierto y con un saludable escepticismo; muchas veces las mejoras serán más modestas de lo que nos gustaría, pero lo importante es que sean mejoras y vayan en la dirección correcta. Es lo que llevan haciendo muchos años los países nórdicos con excelentes resultados en términos de libertad y de igualdad de oportunidades, así como de crecimiento económico. El que los gobiernos de coalición, los pactos y el multipartidismo sean frecuentes en Dinamarca o Suecia no es una casualidad.
En este contexto, no puede haber bloques frentistas ni exclusiones de partidos a priori; todas las reformas se pueden y se deben hablar con todos, como se hizo con gran éxito al comienzo de la Transición en una situación bastante más complicada y sin experiencia democrática previa. Se trataba entonces, como se trata ahora, de establecer un nuevo marco político para la convivencia de los españoles para los siguientes 30 o 40 años, con o sin reforma constitucional. Ésta es la auténtica Gran Coalición que la sociedad española ha pedido en las urnas. Aún reconociendo que no será fácil, es lo que hay que intentar darle a los ciudadanos que han repartido estas cartas a los distintos jugadores. Requerirá mucha paciencia, mucha negociación, mucha pedagogía y también renuncias y comprensión de los electores. También requerirá tiempo. El que no lo entienda así o no se vea capaz de emprender este camino debería echarse a un lado y dejar el paso a otros. Es tiempo de responsabilidad, de rigor y de generosidad. Todos, políticos y ciudadanos debemos estar a la altura.
Elisa de la Nuez es abogada del Estado, coeditora del blog ¿Hay Derecho? y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.