El camino de la reforma de Arabia Saudita

Casi dos años después de que los precios del petróleo iniciaran su precipitosa caída, los principales productores globales enfrentan la perspectiva de importantes ajustes que tendrán consecuencias económicas, sociales y políticas de amplio alcance. Si bien no hay duda de que estos ajustes representarán un reto importante -especialmente para países de ingresos medios como Arabia Saudita, que carecen de los enormes fondos de riqueza de, digamos, los Emiratos Árabes Unidos-, les brinda a estos países una oportunidad importante de considerar maneras más productivas de organizar sus sociedades.

Parece que Arabia Saudita ha aceptado este desafío. Esta semana, dio a conocer su plan Visión 2030 destinado a asegurar un crecimiento sustentable a largo plazo. El plan ha sido elogiado y criticado a la vez por su ambición, ejemplificada por el objetivo de convertir al reino en la décimo quinta economía más importante del mundo en los próximos veinte años -una economía caracterizada por su fuerza laboral calificada, sus mercados abiertos y su buena gobernancia-. Una estrategia esencial con la que Arabia Saudita espera lograrlo es diversificando su cartera de activos, vendiendo acciones en el gigante petrolero estatal Aramco para crear un fondo de riqueza soberano.

Sin embargo, Visión 2030 no aborda una cuestión crucial: la baja participación de la fuerza laboral. Sólo el 41% de la población en edad laboral actualmente tiene empleo, comparado con un promedio del 60% en los países de la OCDE. Quienes sí trabajan están empleados en gran medida por agencias públicas excedidas en personal. Esa es la principal ineficiencia de la economía saudita e intentar resolverla será más difícil que querer abordar cualquier otra.

La clave residirá no sólo en aumentar el empleo, sino también en impulsar la productividad. Después de todo, a diferencia de miembros menos poblados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, Arabia Saudita, con su población de casi 20 millones de habitantes (excluidos quienes no son ciudadanos sauditas), ya no puede permitirse una baja productividad laboral. En verdad, los ingresos derivados del petróleo hoy representan sólo 5.500 dólares per capita -muy por debajo de lo necesario para representar una alternativa sustentable.

Para tener éxito, Arabia Saudita tendrá que transformar su estructura de incentivos, de manera que los sauditas, no los inmigrantes, ocupen los nuevos empleos creados por el sector privado. Como están las cosas, el acuerdo político subyacente del reino depende de las alianzas de la familia real con los empresarios, que tienen luz verde para importar mano de obra, y de empleos garantizados en el sector público para los ciudadanos.

Este acuerdo se remonta a los años 1970, cuando programas de infraestructura ambiciosos convirtieron a las familias de comerciantes locales en contratistas, quienes luego hacían lobby para obtener más visas para armarse de más personal. A medida que estas firmas fueron evolucionando hasta convertirse en empresas comerciales e industriales poderosas, la mano de obra extranjera barata se tornó esencial para su rentabilidad. El CCG hoy es la única región abierta a la mano de obra global, lo que garantiza que sus empresas tienen el ratio salario-cualificación más bajo del mundo.

En consecuencia, la dependencia del reino de los extranjeros no tiene paralelo en la historia económica moderna. En 2015, había alrededor de nueve millones de trabajadores migrantes en Arabia Saudita, lo que representa el 60% de su fuerza laboral. El sector privado ha pasado a estar dominado por los expatriados, que ocupan por lo menos el 83% de los puestos.

En muy pocos países los ciudadanos aceptarían una competencia tan abierta planteada por la mano de obra extranjera. Los ciudadanos sauditas lo aceptan, porque ellos están empleados por el estado con salarios “mínimos” por encima de los del mercado. Aproximadamente 3,4 millones de sauditas actualmente trabajan en la administración pública y las fuerzas de seguridad, con salarios entre 2 y 4 veces los del sector privado. Si la brecha salarial entre los sueldos de los inmigrantes y los de los sauditas que trabajan en el sector público no se achica drásticamente, los ciudadanos sauditas simplemente no trabajarán en el sector privado.

Sin embargo, cada vez que el reino intentó reducir la contratación en el sector público, el desempleo aumentó. En el marco del sistema actual de incentivos, los planes de las autoridades de privatizar empresas y mejorar la productividad de la administración pública en realidad destruirán los puestos de trabajo ocupados por los sauditas.

El desafío de crear empleos para los sauditas puede parecer un problema de ricos. Algunos dirán que todo lo que el reino necesita hacer es sustituir a los trabajadores extranjeros por ciudadanos sauditas en los puestos existentes. Pero una simple sustitución no bastará. Los empleos actuales exigen demasiadas capacidades o no las suficientes.

Se necesitará un cambio estructural para mejorar los empleos manuales. Una mayor dependencia del capital y la tecnología también eliminará muchos puestos no especializados. Al mismo tiempo, muchos empleos altamente calificados, en gran medida debido a los inmensos subsidios a la energía y el capital, tendrán que ser degradados a fin de crear más posiciones que requieran capacidades medias. Las empresas deben no sólo pagar lo suficiente como para atraer a los sauditas a estos puestos, sino también empezar a capacitarlos, para impulsar la productividad.

Todo esto presupone que el mercado laboral se volverá más ajustado. La solución productiva por ende requiere de una drástica reducción de la cantidad de trabajadores extranjeros, de manera que los salarios en el sector privado puedan aumentar a niveles comparables con los salarios mínimos sauditas. La alternativa es convertirse lentamente en un estado benefactor pobre.

El reino, por lo tanto, se ha embarcado en un programa de “saudización” que requiere que las empresas en algunos sectores contraten a ciudadanos sauditas. Hasta el momento, el sector privado se ha resistido a estas políticas. Gestionar el mercado laboral por decreto es difícil. Tendrán que encontrarse métodos más efectivos para racionar los empleos de inmigrantes, lo que exige tanto capacidades regulatorias como voluntad política.

El desempleo oficial ya está en el 11,6% -y en el 32,8% para las mujeres y el 29,4% para los jóvenes- mientras que la tasa probablemente sería mucho mayor si se incluyera a los trabajadores que han renunciado a buscar empleo-. Más de 200.000 jóvenes ingresan al mercado laboral anualmente. Y en tanto los niveles educativos sigan subiendo -casi las dos terceras partes de los jóvenes sauditas van a la universidad-, la presión social también crecerá.

La limitación real para la creación de empleos en Arabia Saudita reside en su economía política particular. Frente a las menores rentas petroleras para repartir, el contrato social doméstico está bajo presión. Recortar el respaldo tanto a los empresarios como a la población lo debilitará aún más.

De qué manera la Casa de Saud actualmente en el poder llevará a cabo los ajustes sigue siendo algo incierto. Respaldar a los empresarios del país puede exigir una mayor opresión; respaldar a la población generará demandas de una democratización más adelante. De una u otra manera, las decisiones que se tomen, ya sean implícitas o explícitas, serán profundamente importantes para el éxito de Visión 2030 y de agendas de reformas similares.

Ishac Diwan is an affiliate at the Belfer Center’s Middle East Initiative at Harvard University and Chaire d’Excellence Monde Arabe at Paris Sciences et Lettres.

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