No deja de ser sorprendente que todavía sea objeto de apasionado debate el carácter de las elecciones catalanas del 27 de septiembre. Esta es una nueva muestra de la gran distancia que a menudo puede existir entre la legalidad y la realidad, entre lo que dice una ley y lo que pasa realmente en el país.
Hay varios precedentes de transformaciones del carácter de unas elecciones por la fuerza de los hechos, por las circunstancias en que se produjeron. Las elecciones del 21 de abril de 1907 eran legislativas, se trataba de elegir diputados y senadores, pero al presentarse las candidaturas de Solidaritat Catalana en la gran mayoría de los distritos catalanes aquellos comicios fueron otra cosa. Se convirtieron en la prueba de la madurez del catalanismo que fue unido en esta coalición para explicitar la movilización de un pueblo que se sentía despreciado por los gobiernos españoles. Este carácter de comicios extraordinarios, como una especie de referéndum, lo reconocieron entonces hasta los mismos gobernadores civiles en su correspondencia con el presidente del Gobierno Antonio Maura. Aquello fue un auténtico plebiscito pro-catalanista dado que serían elegidos 41 diputados solidarios sobre los 44 que se escogían en Catalunya. En la vida política catalana hay un antes y un después de estas elecciones. Años después nadie negó que las elecciones del 12 abril del 1931 habían sido también plebiscitarias para la monarquía de Alfonso XIII, aunque sólo eran unas elecciones municipales. Recuerden aquellas imprudentes, pero sinceras, palabras del jefe del Gobierno, el almirante Aznar, al analizar los resultados de aquellos comicios: “El país se ha acostado monárquico y se ha levantado republicano”.
Y ahora, las catalanas del 27 de septiembre, guste o no, diga lo que diga la ley y el Gobierno Rajoy, también serán plebiscitarias. Lo serán de facto y por varias razones. Primero, porque un importante sector de la vida política y social catalana ha planteado estas elecciones como el plebiscito democrático que el Gobierno de Madrid, las Cortes Españolas y el Constitucional se niegan a autorizar. Las elecciones son presentadas, así, como el lógico final de un proceso de desencuentro entre buena parte de la ciudadanía de Catalunya y los gobernantes españoles que empezó hace cinco años y que ha culminado en el clamor mayoritario a favor del derecho a decidir. La negativa española a satisfacer la demanda catalana no puede ser aceptada con la argumentación de que no es legal, de que la Constitución no lo recoge –cosa falsa–. Lo que no hay es ninguna voluntad política para encarar la cuestión catalana y buscar algún tipo de solución. Cuando los dirigentes de un régimen que se dice democrático sostienen que el problema catalán es irresoluble según las normas jurídicas vigentes, es que alguna cosa está fallando. El Estado de derecho tiene que mostrar que es capaz, sin renunciar a las normas democráticas, de encontrar caminos para regular aquello que parece problemático. Si no se hace el esfuerzo, por la resistencia de los dirigentes políticos, es el mismo Estado de derecho el que pierde legitimidad. Cuando la legislación se utiliza para impedir el ejercicio de un derecho fundamental, como el derecho de una colectividad a decidir su futuro político, hay que modificar las leyes, no prohibir el derecho de los ciudadanos. La democracia tiene que servir para resolver problemas, nunca puede ser utilizada para bloquear soluciones políticas.
El carácter plebiscitario del 27-S también lo remarcarán las candidaturas que se presentarán: esperen a que empiece la campaña y verán como todas las opciones se sentirán obligadas a definirse sobre la independencia de Catalunya. Ya verán como desembarca en Catalunya el Gobierno Rajoy defendiendo los postulados unionistas. Sólo habrá que mirar si los diarios y los partidos españoles no hablan también de las elecciones en clave plebiscitaria. Y, finalmente, comprobaremos como los mismos resultados de las elecciones serán analizados por todo el mundo como si aquello hubiera sido un referéndum. Los que se sientan ganadores lo proclamarán con gran vehemencia, mientras que los que se sientan perdedores tenderán a minimizar el impacto de los resultados, como siempre ha pasado.
Esta es la realidad, guste o no. No tiene mucho sentido hoy querer discutirlo y emperrarse en defender que las elecciones serán autonómicas y nada más. Se equivocan los que pretenden que los comicios sirvan únicamente para hacer el balance de la acción del Govern durante esta corta legislatura de menos de tres años. Es lícito y bien lógico que lo digan –¡no faltaría más!–, pero se equivocan si quieren que estas elecciones sólo sean la evaluación del Govern catalán, con la clara pretensión de convertir el 27-S en la gran oportunidad para dar un voto de castigo al Govern Mas. No nos equivoquemos de partida ni de ver cuál es el adversario fundamental: el proceso democrático catalán tiene como principales opositores aquellos partidos y sectores sociales españoles, y también catalanes, que han controlado históricamente el Estado y no tienen ninguna intención de regenerarlo ni reformarlo para meter las demandas catalanas, y estos hoy están representados por el PP, PSOE y C’s. Si las elecciones tienen que tener también el carácter de voto de castigo contra algunos, estos son básicamente el Gobierno Rajoy, las Cortes Españolas, el TC y los partidos que impiden que los catalanes podamos manifestar democrática y legalmente si en el futuro queremos vivir en un país libre o en uno dependiente. Y esta posibilidad de expresarlo votando no se nos presenta demasiado a menudo.
Borja de Riquer, historiador.