En esta España en la que parecía que todo iba a ser nuevo y nos despertamos cada día con la noticia de que nada hay más viejo que lo presunta y radicalmente novedoso, vuelve a aparecer en escena el viejo y consabido, aunque constitucionalmente inaceptable, baile de negociaciones entre el partido en el Gobierno central y el partido mayoritario en el Gobierno vasco. Durante todo lo que llevamos de democracia, sobre todo cuando no ha habido ejecutivos de mayoría absoluta, las formaciones nacionalistas vascas y catalanas han sido objeto de deseo para lograr la mayoría en el Congreso.
Que el elegido fuera un partido nacionalista catalán o uno vasco, o ambos a la vez, dependía de la necesidad del gobernante en Madrid, pero también dependía del tufo que acompañara al partido nacionalista correspondiente. Durante muchos años, a CiU, hasta la caída de Pujol, le acompañó la percepción positiva de ser un partido moderado, de Estado, con visión política del conjunto de España, mientras que al PNV le acompañaba el temor suscitado por la presencia de ETA y su historia de terror.
Pujol cayó, y con él el mito del sentido de Estado de los nacionalistas catalanes moderados. Por su parte, ETA se vio forzada a dejar de matar, y el PNV adquirió mayor libertad de movimiento y ha sabido aprovechar la radicalización de los nacionalistas catalanes para presentarse como el auténtico moderado, pragmático, con sentido de Estado, para hacerse así querer por Madrid, por el partido correspondiente en el Gobierno. Y como éste está en minoría, ha comenzado de nuevo el baile tradicional de las negociaciones, primero para la investidura -aunque no condujeron a ningún compromiso gracias a la abstención del PSOE-, y ahora para la aprobación de los Presupuestos. Ha comenzado el ritual de baile previo al apareamiento de las aves que enseñan el esplendor de sus colores.
Aprobar los Presupuestos es tarea del Congreso de los Diputados, que como conjunto representa a la nación política que es España, incluidos cada diputado nacionalista vasco y catalán. Y esa tarea la llevan a cabo porque representan a todos los ciudadanos españoles en su condición de libres e iguales, sin atención a las diversidades territoriales. Éstas debieran estar representadas en un Senado que mereciera su nombre. Pero en la condición de representantes de ciudadanos libres e iguales no pueden entrar en la negociación de demandas territoriales sin compensaciones ni equilibrios para el conjunto. Lo que han hecho a lo largo de la historia de la democracia los dos partidos que se autodenominan nacionales, el PP y el PSOE, ha sido una auténtica quiebra del sistema constitucional español, porque ni Pujol tenía en cuenta al conjunto de los ciudadanos españoles, ni el PNV tiene interés alguno en los intereses del conjunto de los ciudadanos españoles; en el mejor de los casos, sólo en los de los ciudadanos vascos, pero sobre todo en los suyos como partido: el interés de aumentar su poder.
En el Congreso se debieran debatir, también para la aprobación de los Presupuestos, cuestiones ideológicas, visiones distintas del bien común, subrayando lo común. No es cuestión de negar a los nacionalismos periféricos carga ideológica ni desinterés por cuestiones sociales, económicas y culturales. Pero poco de ello juega un papel a la hora de negociar el apoyo a un Gobierno minoritario en Madrid. El núcleo de la negociación lo conforman siempre cuestiones territoriales, asuntos que sólo tienen sentido en la agenda nacionalista vasca o catalana, temas relacionados con poder autonómico, mayor autogobierno, forma de relación con el resto del Estado, con financiación para el propio territorio, con marcar la diferencia con otras autonomías, con algo que ellos denominan el «reconocimiento de Cataluña o Euskadi» tal como la entienden los nacionalistas.
¿Cuáles son los ejes de negociación para el PNV en la circunstancia actual, y en el horizonte de verse privilegiado por la visión positiva de sus planteamientos en comparación con los nacionalistas catalanes? En mi opinión, el PNV busca poner de manifiesto que la única forma posible para Euskadi de relacionarse con el Estado es la de la bilateralidad. Existen España y Euskadi. La relación puede, e incluso debe, ser amable. Pero en igualdad de condiciones, en reconocimiento mutuo de esa igualdad. Esta exigencia incluye tanto el pánico a verse engullido en una trama de relaciones multilaterales que pudieran rebajar su diferencia -España federal-, como la negativa a fortalecer la idea de ser parte de algo superior, más amplio, de un horizonte político englobante de Euskadi que no sea la misma Europa. Es lo que quiere decir el PNV cuando habla de que el Estado, España, Madrid, debe reconocer a Euskadi como nación; cuando dice que España debe asumir su plurinacionalidad -aunque nunca hablen de la plurinacionalidad de la sociedad vasca, mucho más evidente que la de España, ni nadie les exija ese reconocimiento en las negociaciones-. Es lo que quiere decir el PNV al plantear la extensión del sistema de concierto económico al plano de las relaciones políticas con el Estado.
Por supuesto que las cuestiones financieras conforman un segundo bloque nuclear para el PNV. Las liquidaciones pendientes del cupo de los últimos años -1.800 millones de euros aproximadamente-, la fijación del nuevo cupo, las inversiones pendientes del Gobierno central en Euskadi -como el faraónico y famoso tren de alta velocidad con permanentes ocurrencias de última hora que encarecen más el proyecto, diseñado también para transporte de carga cuando ningún tren de alta velocidad del mundo lo hace, sin población propia suficiente que lo justifique-, etcétera. Es decir, garantizarse para el futuro la realidad actual: siendo el País Vasco aproximadamente un 32-33% más rico que la media española, poder seguir disponiendo de un gasto público por habitante superior al doble de la media española.
Éste es el efecto del autogobierno en el bienestar de los vascos: no, o no sólo, el nivel competencial, sino esa injustificable capacidad de gasto público por habitante, que luego en no pocas áreas no encuentra su reflejo en los resultados. Pero al PNV le da igual porque es tan dueño del concierto económico, de su aplicación en el cupo, de la razón en su reclamación en las liquidaciones pendientes, como lo es en que la única interpretación válida del Estatuto de Autonomía es la suya, y nunca del Gobierno español, ni del Tribunal Constitucional. Y el PNV quiere seguir así, porque ello le garantiza estar en el poder y controlar casi todo lo que se mueve en Euskadi y en la sociedad vasca para la eternidad.
Eso sí: desde el pragmatismo, la moderación, la visión de Estado, desde el pactismo y dentro de la ley. Aunque quizá más de uno se pregunte cómo puede ser legal una propuesta, un proyecto político que ni siquiera es federal ni lo pretende, sino, a lo sumo, confederal. Aunque quizá más de uno se pregunte cómo puede ser pactada, ni dentro de la sociedad vasca ni fuera de ella, tal propuesta confederal, o cómo puede ser legal y constitucional la garantía de desigualdad que supone tal planteamiento. Aunque quizá más de uno se pregunte cómo puede ser legal, ni constitucional ni pactado que un parlamento, el vasco, que tiene potestad para reformar el Estatuto siempre dentro de los márgenes de la Constitución, pero no para reformar indirectamente la propia Constitución, pretender acordar y aprobar una reforma confederal de la Constitución española.
Pero como ya se dejó pasar una vez -el plan Ibarretxe-, como el PNV actual, a diferencia del nacionalismo catalán, es moderado, pactista y legal, no llegará tan lejos. No hay de qué preocuparse, negociemos las cuestiones financieras, mejoremos el autogobierno vasco, no le exijamos que reconozca la plurinacionalidad de la sociedad vasca, no le pidamos que renuncie a su ideario porque en democracia todas las ideas son igualmente legítimas -falso de toda falsedad-, aunque algunas de ellas, en forma más o menos radical, fueran las que llevaron a ETA a matar a tantos ciudadanos españoles y vascos sólo por serlo.
Me imagino que de todas estas cuitas andarán lejos quienes estén negociando la aprobación de los Presupuestos con la ayuda del PNV, y sus razones tendrán. Pero avisados están.
Joseba Arregi, ex consejero del Gobierno vasco, es ensayista.