Los riesgos de insolvencia soberana que planeaban sobre la economía griega desataron en febrero el primer ataque especulativo contra el euro. De momento, este episodio se ha saldado con severas medidas de austeridad fiscal para Grecia, e inconcretas promesas de ayuda (se habla de unos 25.000 millones de euros) por parte de los líderes europeos que han reducido, por ahora, el riesgo financiero para los mercados. Esta semana se está evaluando el plan de ajuste griego, pero será necesario convencer a los mercados de su viabilidad; de lo contrario, puede producirse una segunda oleada de desconfianza contra Grecia que termine arrastrando también a la economía española.
La UE puede gestionar la crisis griega pero, aunque la economía española no se encuentra en una situación tan penosa, llegado el caso, le resultaría más difícil lidiar con la economía española, dado su mayor tamaño. A medio plazo, la debilidad de nuestra demanda hará que desciendan nuestros niveles de vida y, con ellos, nuestra capacidad potencial para producir. Sectores como el automóvil, la construcción y el financiero están sobredimensionados. Su reajuste implicará el cierre de empresas y una contracción adicional de la capacidad productiva. Por otro lado, muchas inversiones que se realizaron en condiciones monetarias laxas, tendrán ahora que refinanciarse en un contexto de estancamiento y expectativas de subidas de tipos. Lo que empezó como un shock de demanda se está transformando en otro de oferta, similar al del petróleo de 1973. Sin embargo, el ajuste se produce ahora dentro de la eurozona. No ajustar nuestra economía significará dificultar la buena marcha de nuestras exportaciones, seguir perdiendo cuotas de mercado y experimentar tasas perezosas de crecimiento.
Por otro lado, nuestra deuda exterior total alcanza ya el 164% del PIB, lo que explica, en parte, el saldo negativo de la balanza de rentas internacionales. En efecto, el saldo de las rentas del trabajo y de la inversión (intereses, beneficios y dividendos) ha pasado del -0,8% del PIB en 2000 al -2,4% en 2009. Esto supone una preocupante salida de renta neta hacia el exterior. Sólo si somos capaces de crecer al 5-6% en términos nominales podremos evitar una reducción draconiana de los estándares de vida. De lo contrario, se podrían contraer un 15%-20% durante el próximo decenio. Además, los economistas que alaban la reducción del déficit corriente (y capital) del 11% al 4,7% actual, olvidan que estas cifras reflejan la debilidad de nuestra demanda interna. Mientras, seguimos perdiendo competitividad y cuotas de mercado, reduciendo los beneficios y desalentando la inversión.
No hay una solución clara. Una alternativa consistiría en que Alemania acelerase su inflación, algo contra natura para ellos cuando, además, han ajustado su economía estabilizando los costes laborales unitarios, algo de lo que deberíamos aprender. También Blanchard, economista jefe del FMI, propone acelerar la inflación para facilitar a los Gobiernos la devolución de deuda.
Otra posibilidad estribaría en que los contribuyentes alemanes y de otros países ricos realizaran transferencias directas hacia los países del sur de Europa por valor del 6-7% del PIB, algo poco razonable. La tercera consistiría en que Alemania abandonase la eurozona. La cuarta, someternos a un programa de ajuste draconiano que incluiría -protegiendo los segmentos más desfavorecidos de la escala salarial- una reducción salarial para funcionarios, congelación de pensiones, acuerdos salariales más restrictivos que los recién firmados, etcétera.
Pasar por ese doloroso periodo de ajuste y empobrecimiento no estaría exento de muy serias tensiones sociales y políticas. Cabe la tentación de pensar que no sea necesario, pero sólo los hechos nos dirán si los mercados financieros nos seguirán financiando. Si dudan de nuestra capacidad de ajuste, dejarán de hacerlo. En ese caso, la alternativa no se planteará entre reducir o congelar los sueldos de los funcionarios y las pensiones, sino en suspender su pago, lo que abriría el debate sobre la conveniencia de abandonar la eurozona, algo que no conviene a largo plazo.
Una crisis de insolvencia soberana en Grecia ayudaría a aplicar reformas económicas profundas y una mayor gobernanza económica de la UE para supervisar los presupuestos de los Estados miembros. Pero, si no queremos que el proyecto europeo se vaya al traste, las declaraciones de los líderes europeos, que por ahora han calmado los mercados, deberán substanciarse. Por eso, urge una mayor coordinación de las políticas macroeconómicas en la eurozona, más integración económica, la creación de un fondo europeo de estabilización macroeconómica, y dotarnos de un presupuesto europeo del 5-7% del PIB que permita aplicar una política fiscal contracíclica.
En cuanto a España, tendremos que dar muestras de determinación al aplicar medidas de ajuste para que los mercados sigan financiando buena parte de nuestro consumo y nuestras inversiones, y confíen en nuestra solvencia. Será necesario que alguien le ponga el cascabel al gato. Pero, mientras esto ocurre, los principales partidos deberían demostrar su sentido de Estado y su patriotismo, y alcanzar acuerdos que legitimen la aplicación de medidas impopulares antes de que los mercados financieros nos saquen de la eurozona.
Manuel Sanchis i Marco, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València.