El caso de Alemania contra el BCE

El Tribunal Constitucional de Alemania está preparando la decisión que puede llegar a ser la más importante de su historia. En septiembre pasado, el tribunal permitió al gobierno alemán la firma del tratado que establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el organismo intergubernamental permanente de rescate para la zona del euro. Ahora, sin embargo, puede intentar detener el programa de transacciones monetarias directas (TMD) del Banco Central Europeo (el compromiso del BCE para comprar, ilimitadamente, los bonos gubernamentales de los países en problemas de la zona del euro que se avengan a las condiciones del MEDE).

Por cierto, el tribunal alemán no tiene jurisdicción sobre el BCE –y por lo tanto, no tiene poder para juzgar sus acciones. La única institución que sí cuenta con ese poder es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. Pero el Tribunal Constitucional de Alemania puede juzgar si las acciones de las instituciones de la UE son compatibles con su constitución y los tratados de la Unión Europea.

Si el tribunal encuentra que las acciones del BCE son ilegales, puede obligar a las instituciones alemanas –incluso al parlamento alemán. Por ejemplo, podría prohibir al Bundesbank su participación en el programa de las TMD. O podría dictaminar que la participación del gobierno alemán en el MEDE debe supeditarse a la voluntad del BCE para limitar las TMD. Udo Di Fabio, un renombrado exjuez del tribunal, ha sostenido que la corte podría incluso obligar al gobierno alemán a deshacer los tratados de la UE si no tiene éxito en frenar el programa de TMD.

Los defensores del programa de TMD señalan que ha calmado a los mercados financieros al afirmar la disposición del BCE a participar como prestamista de última instancia y comprar deuda soberana antes de que un país quiebre. Al impulsar al mercado a un, así llamado, «buen» equilibrio, los rendimientos de un país en esa situación se mantendrán bajos y podrá continuar endeudándose. Señalan que los bancos centrales en todo el mundo están implementando acciones similares para estabilizar los mercados. La Reserva Federal, en particular, ha comprado enormes cantidades de bonos del gobierno estadounidense.

Los opositores señalan que ese es exactamente el problema, porque el mandato del BCE es más limitado que el de la Fed. Después de todo, la zona del euro no es un país federal y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en especial su artículo 123) prohíbe explícitamente el financiamiento monetario de los estados miembros y esa fue la condición alemana para renunciar al marco. Además, afirman los opositores, ni siquiera la Fed compra bonos emitidos por estados estadounidenses en problemas, como California o Illinois.

Quienes están a favor de las TMD responden que el Tratado solo prohíbe las compras directas de bonos gubernamentales; las compras indirectas en los mercados secundarios están permitidas. Pero la decisión de no prohibir las compras indirectas, arguyen los opositores, puede haber buscado permitir al BCE efectuar operaciones semanales de recompra, una práctica usada por la Banque de France para reducir las fluctuaciones en las tasas de interés de corto plazo. No fue un mandato para comprar grandes cantidades de bonos, ni anunciar esas compras, para reducir las tasas de interés de largo plazo.

Por otra parte, no prohibir las compras indirectas puede entenderse principalmente como una forma de permitir a los bancos que compren bonos gubernamentales para comprometerlos como garantía para operaciones de refinanciación, asumiendo el riesgo total de la inversión. La diferencia entre las compras de bonos al gobierno y a los bancos que los compraron al gobierno es un tejemaneje que da lugar a una miríada de posibilidades para burlar la ley.

Una de las principales preocupaciones del Tribunal Constitucional Alemán es la semejanza entre la Línea de Crédito para el Mercado Secundario (LCMS) del MEDE y el programa de TMD del BCE. Ambos implican la compra de bonos gubernamentales en mercados secundarios. Los dos esquemas se rigen por condiciones casi idénticas –que exigen la aprobación del MEDE de los programas de reformas de los países– y para ninguno de ellos se han alcanzado las condiciones de implementación.

Pero la capacidad de la LCMS para brindar financiamiento está indirectamente limitada por el tope de responsabilidad de los estados miembros, de €700 mil millones ($920 mil millones); después de que el Tribunal Constitucional excluyera la responsabilidad solidaria ilimitada en su fallo de septiembre de 2012, la responsabilidad máxima de Alemania está fijada en €190 miles de millones. Por el contrario, el programa de TMD no tiene límites. Debido a que las pérdidas del BCE producen pérdidas de señoreaje para los tesoros nacionales respectivos de manera semejante a las pérdidas del MEDE, el programa de TMD obviamente socava el dictamen del MEDE al aumentar el riesgo de exposición por encima del nivel aprobado por los parlamentos.

La semejanza entre la LCMS y el TMD también implica que al menos una de las dos instituciones está excediendo su mandato. Si las compras de bonos gubernamentales son operaciones monetarias, como afirma el BCE, el MEDE está excediéndose; si son operaciones fiscales, es el BCE quien se ha pasado de la raya.

Según esta lógica, al menos una de las instituciones está quebrantando la ley. Debido a que el Tribunal Constitucional ya ha dado la luz verde al programa de la LCMS del MEDE, debiera estar claro cómo se expedirá respecto del programa de TMD. Sin embargo, en los tribunales, como en mar abierto, las predicciones a menudo resultan poco confiables.

Hans-Werner Sinn, Professor of Economics at the University of Munich, is President of the Ifo Institute for Economic Research and serves on the German economy ministry’s Advisory Council. He is the author of Can Germany be Saved?. Traducción al español por Leopoldo Gurman.

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