“Culpo a Larry Nassar”, dijo la medallista de oro olímpico Simone Biles a los senadores reunidos el 15 de septiembre, “pero también culpo a todo un sistema que permitió y perpetró sus abusos”.
Biles fue una de las cuatro campeonas de gimnasia que dieron un testimonio desgarrador sobre el terrible desempeño del FBI en la investigación de Larry Nassar, un exmédico del equipo de gimnasia condenado por múltiples cargos de abuso sexual de mujeres jóvenes a su cargo. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado por la Oficina del Inspector General en julio reveló que agentes del FBI se retrasaron en el inicio de la investigación, no entrevistaron a testigos clave y no notificaron a las fuerzas del orden estatales. La inacción del FBI, según el informe, permitió que Nassar siguiera trabajando con niñas y mujeres jóvenes y, por tanto, agrediera a al menos 70 atletas que podrían haberse librado si agentes federales hubieran hecho su trabajo.
La gimnasta Aly Raisman testificó ante el Comité Judicial del Senado que la conducta del FBI “fue como servirle a un pedófilo niños inocentes en bandeja de plata”.
No pude ver su testimonio en directo porque, mientras las gimnastas testificaban, yo estaba al teléfono con una sobreviviente de violación en Arizona, le daba la noticia de que los fiscales locales se habían negado a presentar cargos en su caso, a pesar de las numerosas pruebas que lo corroboraban y de que una segunda víctima había denunciado una agresión similar por parte del mismo hombre. Los fiscales rechazaron el caso porque no creen que mi sobreviviente sea una testigo creíble. De manera indignante, decidieron que carecía de credibilidad sin haber hablado nunca con ella.
La negligencia y la mala conducta en el caso de Nassar no son aisladas y no se limitan al FBI. En todo Estados Unidos, las personas que han sobrevivido agresiones sexuales y que sacan fuerzas para denunciar sus abusos y cooperar con una investigación se encuentran demasiada a menudo con que la policía y los fiscales no investigan sus casos a fondo ni los procesan a conciencia. Eso inflige un trauma adicional incalculable a quienes sobreviven agresiones y perjudica la seguridad pública, dejando a depredadores en libertad para agredir a más víctimas.
Si el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quiere enmendar el atroz mal manejo del caso de Nassar por parte del FBI, debe responder a los llamados de las sobrevivientes para que quienes permitieron los delitos de Nassar rindan cuentas, pero no debe detenerse ahí. Garland debe ordenar que el Departamento de Justicia investigue los patrones y las prácticas con los que las fuerzas de seguridad siguen fallándoles a los sobrevivientes de crímenes de género.
Como abogada y defensora de una organización sin ánimo de lucro que ayuda a sobrevivientes de agresiones sexuales a navegar el proceso de justicia penal, soy testigo de este fracaso una y otra vez. Las sobrevivientes con las que trabajo han denunciado agresiones sexuales a las fuerzas de seguridad en estados de todo el país, solo para descubrir que los investigadores casi nunca realizan entrevistas adecuadas a las víctimas, no recuperan grabaciones de video probatorias, no entrevistan a testigos cruciales, no investigan los antecedentes del agresor para ver si ha cometido delitos similares, no conservan los registros digitales o físicos pertinentes ni llevan a cabo otras medidas básicas de investigación. A continuación, los fiscales rechazan los casos alegando que no hay suficientes pruebas, aunque esos fiscales rara vez exigen que los investigadores de la policía o los investigadores internos de la fiscalía vuelvan y realicen el trabajo que falta.
En Chicago, sobrevivientes y quienes defienden sus derechos han exigido la reforma de un departamento de policía que no realizó detenciones en un porcentaje estimado de entre el 80 y el 90 por ciento de los casos de delitos sexuales entre 2010 y 2019, y retrasó un arresto en el caso de una niña que fue víctima de agresión sexual en varias ocasiones, hasta que la indignación pública se impuso. En la ciudad de Nueva York, un grupo de sobrevivientes están denunciando el manejo de sus casos por parte de la unidad de delitos sexuales del Departamento de Policía de Nueva York. Sobrevivientes han dicho que los detectives de la unidad las han hecho sufrir el trauma de nuevo y, en 2019, el departamento dejó libre a un violador en serie que después atacó a más mujeres. En Austin, Texas; Houston; Memphis; San Francisco; y otras ciudades, sobrevivientes han demandado a los departamentos de policía en los últimos años por no investigar los casos de agresión sexual con la mínima diligencia.
Incluso cuando la policía investiga, los fiscales suelen desestimar casos que pueden parecer difíciles porque los hechos no se ajustan a los estereotipos sobre la violación, a veces incluso cuando hay pruebas contundentes o múltiples víctimas. El efecto combinado del mal manejo de la policía y la fiscalía es que, según la Red Nacional de Violación, Maltrato e Incesto, en un estimado de 975 de cada 1000 agresiones sexuales en Estados Unidos, los agresores quedan libres. Con demasiada frecuencia, agreden de nuevo.
Soy testigo de la devastación que inflige ese mal manejo. “¿Están conscientes del daño que esto causa a las personas?”, me preguntó la desconsolada sobreviviente de Arizona tras enterarse de que los fiscales habían rechazado su caso. “¿Les importa?”. Una sobreviviente de Nueva York me dijo: “El modo en que me trató la policía fue peor que la violación”.
Algunos comentaristas bienintencionados han sugerido que, ante las fallas crónicas de la policía, las sobrevivientes deberían renunciar al sistema de justicia penal y recurrir a la terapia y a los círculos restaurativos. Esa no es la respuesta. Hay algunos delitos demasiado graves, y algunos delincuentes demasiado peligrosos como para buscar justicia alternativa. Cuando quien sobrevivió a la agresión quiere o el delito exige una respuesta de las fuerzas de seguridad, no es mucho pedir que esta sea una respuesta diligente y competente. Los casos de agresión sexual no son demasiado difíciles de manejar de forma competente. Invertir esfuerzos y recursos en mejorar las investigaciones y los juicios por agresión sexual puede conducir a resultados considerablemente mejores.
Garland puede ayudar si ordena que todas las investigaciones federales de derechos civiles sobre patrones y prácticas de las fuerzas de seguridad examinen cómo los organismos analizados responden a sobrevivientes de agresiones sexuales y otros delitos de género. Los tres departamentos de policía que actualmente están bajo revisión del Departamento de Justicia —en Minneapolis; Louisville, Kentucky, y Phoenix— tienen antecedentes graves de mala gestión de los casos de agresión sexual y de maltrato a sobrevivientes. Sin embargo, hasta la fecha, el Departamento de Justicia no ha anunciado ninguna intención de incluir estos problemas graves en sus investigaciones. Garland debería remediar esa omisión de inmediato.
Otros organismos de policía y fiscalía requieren un escrutinio similar. Un grupo de sobrevivientes de agresiones sexuales en la ciudad de Nueva York hace poco envió una carta a Garland y a otros miembros del Departamento de Justicia, pidiéndoles que investiguen al Departamento de Policía de Nueva York porque, según afirman, manejó mal sus casos y las maltrató. Garland debería atender su petición y abrir investigaciones en otras ciudades que presenten fallas similares.
“Las personas sobrevivientes no deberían cargar con el peso de buscar continuamente la justicia y exigir que se ponga fin a sus pesadillas”, comentó la senadora Dianne Feinstein en la audiencia. “Eso les corresponde a nuestras fuerzas del orden”. Nuestro principal departamento de seguridad puede liderar el camino abordando de frente la manera sesgada e incompetente de responder a las agresiones sexuales que desacreditó al FBI en el caso de Nassar, y que invade demasiadas agencias de policía y fiscalía a lo largo de Estados Unidos, un problema que puede ser confrontado y solucionado por el bien de quienes sobreviven agresiones y de todos nosotros.
Jane Manning es la directora del Women’s Equal Justice Project y exprocuradora en materia de delitos sexuales.