Por Juan Antonio Rodríguez Tous, profesor de Filosofía (EL CORREO DIGITAL, 05/11/06):
El Estatuto andaluz será pronto aprobado en las Cortes generales con un respaldo abrumador. Incluye, como se sabe, una referencia a la 'realidad nacional' andaluza medio escondida en el Preámbulo y otra -en el mismo lugar y mucho menos escondida- a la «indisoluble unidad de la nación española». Decenas de veces se menciona la Constitución de 1978 como fuente de legitimidad de los poderes y competencias autonómicos. Lo mismo ocurre con aquellos organismos estatales jerárquicamente superiores a sus homólogos junteros. La palabra 'España' aparece una y otra vez.
Este acuerdo final, sin duda, ha de entenderse como un triunfo del espíritu de consenso, de la democracia o, simplemente como una pequeña tregua en la guerra parlamentaria que mantienen los dos grandes partidos nacionales. Pero todo esto no debe ocultar un hecho que vicia en su origen su aprobación: nadie, salvo la clase política gobernante, lo quería, lo deseaba o, simplemente, lo barruntaba. Es un Estatuto que nace de un espeso y significativo silencio social. El Estatuto catalán, finalmente aprobado por apenas un tercio de la ciudadanía, sí era deseado por una parte de los ciudadanos. El andaluz ha tenido un origen, como diría Maragall, 'tacticista', o, dicho en román paladino, partitocrático. Será un Estatuto legítimo cuando se apruebe en referéndum, pero no por ello será menos inverosímil o fantasmagórico.
La andaluza, de hecho, es una comunidad autónoma un poco rara: sus habitantes son o ligeramente autonomistas o nada autonomistas. Lejos de entender la presencia del Estado central en la comunidad como insulto al autogobierno, esta presencia es bastante bien valorada, e incluso deseada a la hora de realizar cierto tipo de trámites administrativos o de reclamar ciertos servicios. Los sucesivos gobiernos autonómicos podrían haber propiciado el nacimiento de una verdadera conciencia autonómica, pero más bien han contribuido a lo contrario: hace tiempo que en Andalucía ya no se cree en el principio de subsidiariedad. Es decir, la cercanía del poder político no equivale 'eo ipso' a un aumento de la representatividad de ese mismo poder. Los andaluces han sustituido el principio de subsidiariedad por la Ley de Murphy: las cosas que pueden empeorar empeoran invariablemente. El Gobierno andaluz, desde luego, no quiere ni oír hablar de ese tal Murphy: la autocrítica brilla por su ausencia en el Palacio de San Telmo.
La reforma estatutaria no es necesaria. Antes es preciso reformar la política autonómica misma allí donde naufraga estrepitosamente: la gestión de las competencias y su financiación. De nuevo la Ley de Murphy, complementada con ese refrán que dice 'donde no hay harina todo es mohína'. No se puede convencer a la ciudadanía de que Andalucía es capaz de acumular nuevas competencias si las que se ejercen hacen desear a veces la vuelta al claustro materno-nacional. Es como tunear un vehículo al que le falla el motor.
La falta de dineros públicos, en este sentido, explica muchas catástrofes en la gestión de nuestras competencias: la modestia no es una cualidad política rentable, de modo que es mejor fingir en público que nuestros recursos o nuestros servicios dan para todo, aunque den para muy poco. Si se gestiona la escasez con espíritu cartujo, la escasez es más llevadera. Si se hace como si la escasez no existiera, el resultado es la cutrez. Y una de las inexactitudes más evidentes que se han dicho durante el proceso de confección del nuevo Estatuto es que Andalucía saldría ganando en materia financiera. No será así porque la cuestión financiera es asunto general y no local. Andalucía dependerá siempre de acuerdos (o broncas) nacionales y/o interautonómicos. El aumento del nivel competencial no equivale automáticamente a un aumento acorde y paralelo de su financiación. Aquel aumento está escrito en el neoestatuto; el dinero necesario para ello, no.
El caso estatutario andaluz hace pensar, además, en la extraña deriva política en la que se halla inmerso este país y que estupefacta a nuestros conciudadanos europeos. La dispersión del poder político en una época como ésta es suicida: no se resuelven problemas globales con política ultralocal. Es como enfrentar a hormigas con elefantes. Hace veinte años no teníamos los mismos problemas que un alemán o un francés; hoy, sí. Hace veinte años la administración pública era cosa de mucha ventanilla y mucho papel que iba y venía a Madrid. Hoy presentamos la declaración de Hacienda en el 'ordenata' de casa. En esta época, las distintas administraciones no están más lejos o más cerca del ciudadano según criterios territoriales, sino de gestión y eficiencia de las cosas que afectan a la vida cotidiana. Esta cercanía temporal y virtual es una de las claves de la democracia del siglo XXI. En otras palabras: el centralismo posmoderno ha dejado de ser amenazador porque, sencillamente, no es centralista. Es o puede ser más reticular que radial, más doméstico que olímpico. Según cómo se ejerza el poder y según cómo aprecien los ciudadanos este ejercicio. En esto, como en tantas otras cosas, las viejas recetas ideológicas ya no sirven para nada.
Sigamos, en fin, con nuestra alocada carrera centrifuguista. Lo mismo funciona, habida cuenta de que España es un país inclasificable, por extravagante. Y si no, pues nada. Nada de nada.