El 4 de mayo, Giovanni López, un albañil de 30 años, salió de su casa en compañía de algunos familiares para ir a cenar. De lo que sucedió trágicamente con él esa noche, en un pequeño poblado mexicano del estado de Jalisco, se han desprendido consecuencias políticas de corte nacional y de previsible trascendencia electoral: una guerra política adelantada entre gobernadores —particularmente el de Jalisco— y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quienes pertenecen a partidos políticos distintos.
Los policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, ubicado a unos 45 minutos de Guadalajara, la capital de Jalisco, aprehendieron a Giovanni López con violencia, lo encarcelaron y, a la mañana siguiente, lo declararon muerto por causas ajenas a los golpes que le propinaron.
Un mes después, el 4 de junio, un hermano de Giovanni dio a conocer un video en el que quedaron registradas las protestas familiares ante la detención a golpes, la prepotencia de los policías e incluso la advertencia de esos parientes de que no lo fueran a asesinar. El comandante de la partida, al ver que estaban siendo grabados los sucesos, amenazó de muerte a quien se atreviera a poner ese material en las redes sociales, según denunció su hermano.
La develación de uno de los actos de salvajismo policial que de manera cotidiana suceden en todo México tuvo, sin embargo, dos elementos distintivos: el hecho de que Giovanni habría sido apresado por no llevar cubrebocas para evitar los contagios de COVID-19, como de manera imperativa lo había ordenado el gobernador, Enrique Alfaro, y que el hartazgo mexicano ante la brutalidad de los policías estaba potenciado por el caso de George Floyd en Mineápolis, Minesota.
La misma noche que se dio a conocer el video, este caso mexicano, similar al de Floyd, desencadenó protestas violentas en Guadalajara. En las marchas del siguiente día, el gobierno estatal echó mano de un mecanismo dictatorial de represión mediante agentes de civil, armados con palos y bates,que recorrieron calles en vehículos no identificados para amagar, golpear y secuestrar a quienes se manifestaban, o a quienes les parecía que podían hacerlo.
Hubo también denuncias de que jóvenes habían sido detenidos por las autoridades y se encontraban desaparecidos.
Ante la presión social nacional, la crítica difusión en redes y la creciente protesta física en las calles de Guadalajara, el gobernador Alfaro fue arriando banderas. Primero, desmarcó a AMLO de la insólita petición que le había hecho la primera noche de manifestaciones violentas por el caso Giovanni: “Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación. Porque son ellos, justamente, los que han generado todo esto que estamos viviendo (...) Detrás de todo lo que está sucediendo de este caso en Jalisco hay intereses, muy precisos y muy puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder que lo que buscan es dañar a Jalisco”.
AMLO no compró el pleito, pero a la mañana siguiente le pidió al gobernador que diera pruebas de su dicho. Alfaro respondió: “Yo sigo creyendo que él (AMLO) es una gente de bien, que no está dando estas instrucciones. Pero también le digo con claridad al presidente de México que su gente cercana, que gente de su gobierno, gente de su partido, está apostando por la violencia”.
El ánimo beligerante de Alfaro bajó por entero horas después, ante las evidencias de los graves abusos de la Policía, que le llevaron a liberar a la mayor parte de jóvenes detenidos (más de una veintena) en las protestas, luego de retirar los cargos levantados contra ellos, y a esmerarse en verificar que los presuntos desaparecidos (otra veintena) ya estuvieran a salvo en sus casas.
Sin embargo, la batalla de Jalisco es parte de una guerra política que pasa por las elecciones intermedias de 2021, en las que se elegirá a casi la mitad de los gobiernos estatales y se renovará la Cámara de Diputados. También por la consulta de 2022 para decidir, mediante voto popular, la revocación de mandato o permanencia de AMLO en la presidencia. Y, por supuesto, la elección presidencial de 2024.
El cubrebocas no utilizado por Giovanni López en Ixtlahuacán de los Membrillos fue la síntesis circunstancial del choque entre la política federal de AMLO, que rechazó el uso de la fuerza pública para forzar a cumplir obligaciones sanitarias contra el COVID-19 —como el uso de la mascarilla—, y la enérgica postura del gobernador opositor Alfaro, quien ordenó a sus fuerzas policiacas actuar contra quienes no usaran cubrebocas. También está, en el fondo, la pretensión de ocho gobernadores de llegar a un nuevo pacto fiscal que limite las facultades presidenciales de asignar partidas presupuestales a cada estado.
En Ixtlahuacán, en tanto, la familia de Giovanni y muchos ciudadanos esperan castigo y freno a la política mafiosa que asesina a personas mediante barbarismo policiaco.
Julio Astillero es periodista mexicano. Es columnista del diario ‘La Jornada’ y conduce en redes sociales los programas ‘Videocharlas Astilladas’ y ‘Astillero Informa’.