El ‘caso Gürtel’: un test de calidad democrática

Tras el levantamiento del secreto del sumario con imputación de 71 personas, el caso Gürtel con sus distintas ramificaciones ha entrado en una nueva fase judicial, de consecuencias políticas hoy por hoy impredecibles. Por una parte, aparece la trama de corrupción que afectó a grandes municipios madrileños (Pozuelo, Majadahonda, Boadilla, Arganda, etc.), políticamente neutralizada de momento gracias a las fulminantes dimisiones exigidas por Esperanza Aguirre.

Pero luego está el caso Camps, el presidente del Gobierno valenciano cuya imputación por cohecho fue polémicamente sobreseída, pero contra quien la fiscalía del Supremo ha pedido la reapertura del caso, dada la aparición de nuevas evidencias de corrupción. Y por encima de todo esto sobrevuelan los indicios de financiación ilegal que afectan a la sede central del PP, y ello tanto en la anterior época de Aznar como en la actual etapa de Rajoy, cuyo tesorero Bárcenas está imputado por cohecho en el sumario principal. Un complicado macroproceso de corrupción política que podría significar para el PP algo equivalente pero de mayor dimensión a lo que supuso el caso Filesa para el PSOE en los años noventa.

Resulta aventurado especular con el futuro del caso Gürtel, pero con independencia de los avatares judiciales y de las repercusiones políticas que sobrevengan en su tramitación, es evidente que este caso se va a convertir en un test evaluador de la calidad de nuestra democracia. ¿Sobrepasaremos con éxito esta prueba crucial? ¿Sabrán estar nuestras instituciones a la altura de las circunstancias? En este sentido, también el caso Filesa supuso un test de calidad, una prueba de consistencia y fortaleza que, por razones que veremos después, y pese al malestar colectivo que causó en su día, nuestra democracia superó con claridad, saliendo reforzada de ella. ¿Sucederá lo mismo esta vez?

Basaré mis argumentos en un texto cuya traducción acaba de publicarse, resumiendo la literatura sobre el análisis comparado de las democracias. Me refiero al libro Democracia y democratizaciones (CIS, 2009) del célebre politólogo italiano Leonardo Morlino, autor que distingue cinco dimensiones determinantes de la buena o mala calidad democrática. De esas cinco variables, dos son procedimentales: el imperio de la ley (rule of law) y la rendición de cuentas (accountability). Otras dos son sustantivas, pues afectan a los contenidos de la democracia: la libertad y la igualdad. Y la última se refiere a los resultados de las políticas públicas: es la satisfacción ciudadana, de la que depende la legitimidad de las democracias.

Pues bien, al aplicar su matriz al caso español, las dos variables en que salimos mejor librados son las sustantivas, pues ni la libertad ni la igualdad están aquí amenazadas (aunque esto debería matizarse, dada la injusta segregación de los inmigrantes).

Pero no ocurre lo mismo con las otras tres (rule of law, accountability y legitimidad), cuya aplicación es bastante más dudosa, y el caso Gürtel es una prueba muy significativa. Por lo que respecta al imperio de la ley, es evidente que los elevados niveles de corrupción política cuyos indicios están aflorando en los sumarios demuestran un incumplimiento de la legalidad vigente prácticamente generalizado. Y en esto llueve sobre mojado, pues el caso Gürtel sólo es el último de una larga lista donde también aparecen los casos de Marbella, Estepona, Mallorca, etc. En este sentido, a las democracias con alto nivel de corrupción, donde se incumplen sistemáticamente las leyes, Morlino las denomina democracias ineficientes o defectivas.

Pasemos al segundo indicador: la rendición de cuentas. Aquí Morlino hace suya la distinción de O’Donnell entre accountability vertical, que se ventila en los comicios electorales cuando los ciudadanos juzgan retrospectivamente los incumplimientos de sus gobernantes sancionándolos mediante la alternancia, y la accountability horizontal: la exigencia de responsabilidades ejercida por los tribunales, las instituciones reguladoras independientes y la sociedad civil.

Pues bien, es evidente que ninguna de ambas accountabilities está funcionando en el caso Gürtel: el cohecho de Camps y los suyos ha sido sobreseído por un tribunal amigo (si es que no presuntamente prevaricador), y los indulgentes electores han premiado con mayor cosecha de votos a los imputados por corrupción, en lugar de castigarlos o al menos suspenderlos como se merecían, dicho sea en términos de ética ciudadana. Luego volveré sobre esto. En cualquier caso, a las democracias en las que la accountability no funciona, o funciona mal, Morlino las denomina irresponsables o delegativas (populistas) en el sentido de O’Donnell.

Queda por ver la cuestión de la legitimidad o grado de satisfacción con los resultados de la democracia (no con la democracia misma, que no se discute en cuanto tal). Pues bien, también aquí parece evidente que hay fracciones crecientes de ciudadanos que no se sienten legítimamente representados por sus gobernantes, ni tampoco por los candidatos de la oposición (lo que explica la ausencia de alternancia), expresando su rechazo sobre todo mediante la abstención. Es verdad que la polarización reinante produce abultados apoyos electorales al partido en el poder (el PSOE en el Gobierno central, el PP en los Gobiernos de Madrid o Valencia), pero semejante sostén debe ser interpretado no tanto como aval, ni mucho menos como adhesión, sino sobre todo como mal menor: si se vota a los propios candidatos es con las narices tapadas y para castigar a sus todavía más odiosos adversarios, a los que se rechaza por ilegítimos. Una desafección política tipificada por Morlino como democracia no legítima (o mejor, deslegitimada).

En cualquier caso, bien podría pensarse que esta pérdida de calidad fuera sólo pasajera o episódica, y que la democracia española recuperará su normalidad cuando el caso Gürtel supere su tramitación judicial. Pero no cabe abrigar esperanzas que podrían revelarse infundadas, pues también podría ocurrir lo contrario si el caso se archiva o anula, sentando un aciago precedente destinado a reproducirse.

Y aún queda la posibilidad intermedia: que el proceso se alargue indefinidamente dando tiempo a que el PP recupere el poder en 2012, obteniendo así la victoria y con ella la impunidad política. Lo cual podría significar la puntilla para la democracia española, condenándola para siempre a la persistencia de la irresponsabilidad en el sentido de Morlino.

Hasta ahora, exceptuando el caso Naseiro, el PP estaba limpio de corrupción, y sólo el PSOE había caído en la vergüenza del caso Filesa y demás asuntos aledaños. Pero este partido lo pagó perdiendo el poder y manteniéndose alejado de él durante ocho años (sólo lo recuperó gracias a los errores y las culpas de Aznar), quedando vacunado contra la corrupción para mucho tiempo.

Mientras que si el Partido Popular volviera al poder en el año 2012 (lo que resulta incluso probable, dada la impotencia de Zapatero ante la deriva de la crisis), sin haber pagado ningún precio por el caso Gürtel, semejante recompensa supondría en la práctica un incentivo a la corrupción y una patente de impunidad, desmintiendo el programa radiofónico de mi infancia que se titulaba: El criminal nunca gana.

De ahí la crucial importancia de este test, que la justicia española debería sancionar con urgencia antes de que sea demasiado tarde.

Enrique Gil Calvo, profesor titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.