El caso Muiña: los argentinos rechazan el atropello a los derechos humanos

De izquierda a derecha: Taty Almeida, Nora Cortinas y Mirta Acuña de Baravalle, integrantes de las Madres de Plaza de Mayo, en una protesta a fines de abril, en Buenos Aires. Credit Eitan Abramovich/Agence France-Presse — Getty Images

La compulsiva relación de Argentina con la justicia nuevamente sorprende con sus idas y vueltas en materia de derechos humanos. A más de 30 años del Juicio a las Juntas Militares por delitos de lesa humanidad entre 1976 y 1983, hay centenares de represores condenados, indultados y nuevamente condenados. Ahora muchos de ellos podrán recibir anticipadamente el beneficio de la libertad por un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que les permite computar dos años por cada año transcurrido en prisión y ser liberados mucho antes de lo previsto en su condena.

Luis Muiña es el primer represor beneficiado. En 1976 era un civil que trabajaba en la seguridad de un hospital y participó en un operativo en el que se secuestraron a 22 personas. Fue condenado a trece años de prisión en 2011 pero la semana pasada fue liberado gracias a la ley 24.390, mejor conocida como la Ley del 2×1, que permite computar dos años por cada uno de condena pagada y la aplicación del principio de “la ley penal más benigna”, que beneficia al condenado aunque no estuviera vigente al momento del delito y de su detención.

Muchos argentinos están enfurecidos con este retroceso pero a otros no les sorprende. Los derechos humanos han sido manipulados desde la Ley de Obediencia Debida hasta hoy. A solo cuatro años del Juicio a las Juntas, el entonces flamante presidente peronista Carlos Menem indultó a todos los condenados, incluyendo a los miembros de las organizaciones guerrilleras que habían atentado contra la democracia. Una década más tarde, el también presidente peronista Néstor Kirchner decidió derogar ese indulto para las Juntas Militares, pero no para los miembros de la guerrilla ya condenados.

Desde la reapertura de los juicios hay 2780 imputados, 794 procesados. Solo 27 por ciento de ellos tienen condena firme, de acuerdo con un informe de marzo de 2017 de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Mientras los gobiernos cambian sus políticas de derechos humanos a conveniencia, las víctimas de la dictadura y sus familiares envejecen y mueren esperando justicia.

Sin embargo, esta vez, esta vez es diferente. Los argentinos están conscientes de su poder ciudadano y se han decidido a frenar esta tendencia. Gracias a las redes sociales se ha originado una dinámica resistencia civil y el miércoles 10 de mayo, a las 18:00 en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, a las 17:30 en el Ángel de la Independencia en Ciudad de México y en otras ciudades del mundo, se escuchará la consigna: “Ni olvido ni perdón. No al 2×1. Nunca más genocidas libres”.

¿Es justo el fallo de la corte? Los abogados constitucionalistas debaten al respecto. Mientras para unos igualar los crímenes de lesa humanidad con los crímenes comunes es una aberración jurídica, otros dicen que el estricto cumplimiento de la ley, igual para todos, es un gran paso para el fortalecimiento de la república, aunque no nos guste el resultado.

El dilema que dividió en tres contra dos la decisión de los miembros de la corte es el siguiente: ¿aferrarse a la ley argentina o cumplir con los pactos internacionales? Ahí radicó lo subjetivo de este fallo. Esa decisión podría haberse sometido a los pactos internacionales que están en nuestra constitución y a la jurisprudencia anterior, como el fallo Simón de 2005 donde la misma jueza Elena Highton votó de forma contraria a como lo hizo ahora.

“La decisión pone un muro a la jurisdicción internacional, a los tratados sobre los derechos humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es como volver al chauvinismo del siglo XIX”, me dijo el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

De izquierda a derecha: el dictador argentino Jorge Rafael Videla; el excomandante del III Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y el exteniente, Gustavo Alsina durante un juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, Argentina, en 2010.
Credit Carlos Arco/European Pressphoto Agency

Para la generación que sufrió la dictadura entre 1976 y 1983, este resultado representa un triunfo de los represores que demuestran seguir teniendo poder en las sombras. Para mi generación, que votó por primera vez con la llegada de la democracia en 1983 y celebró el Juicio a las Juntas como un hito histórico en el país, es una desilusión más de una democracia frágil en la que la independencia de los poderes nunca terminó de funcionar. Para las generaciones más jóvenes es un despropósito que les causa enojo y desconfianza.

Sin embargo, no faltaron señales que anunciaran este cambio de rumbo. Tres meses atrás, la Corte Suprema dejó claro que no permitirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revocar ninguna sentencia de ese tribunal, ya que ello significaría convertirse en una cuarta instancia de poder en el país.

En marzo, en un nuevo aniversario del golpe de Estado, algunos miembros del gobierno pusieron en discusión la cantidad de desaparecidos denunciada por los organismos de derechos humanos. Fue un debate cínico e inconducente que solo sirvió para abrir más las viejas heridas. Finalmente, hace dos semanas, la Iglesia católica pidió la reconciliación de las víctimas de la dictadura con sus represores, a lo que las primeras respondieron que no hay reconciliación sin justicia ni arrepentimiento.

Son cerca de 300 los represores que quedarán en libertad cuando soliciten acceder al mismo beneficio. Apropiadores de bebés, torturadores, secuestradores y asesinos volverán a la calle y pasearán con su familia por las mismas plazas a las que llevamos a nuestros hijos.

Ante la inminencia de este futuro vergonzoso, la sociedad argentina ha reaccionado con una movilización general y protestas en Buenos Aires y distintos puntos del país. “Los ciudadanos tienen herramientas para apelar este fallo: pueden presentar, en línea, una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o llevar al congreso un proyecto para que se anule la Ley del 2×1. De esa manera, el fallo también quedaría anulado”, dijo Gil Domínguez.

La desaparición forzada de personas y el robo de menores son delitos de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben. Los criminales deben estar en la cárcel y no debe haber lecturas subjetivas de leyes que ya tienen un consenso internacional y forman parte de nuestra constitución. Ese es el eje de todos los reclamos que han llevado en estos días a los argentinos a las calles para mantener a Argentina en el mapa de los países democráticos y respetuosos de la ley.

Teresa Sofía Buscaglia es periodista especializada en temas ambientales y movimientos sociales. Colabora con el diario La Nación.

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