El castillo de naipes

No sé si el presidente del Gobierno es plenamente consciente de la situación parlamentaria en que se encuentra. La convalidación el jueves pasado del decreto ley sobre medidas para hacer frente a la crisis lo puso descarnadamente de relieve: sólo votó a favor el grupo socialista, la mayoría se alcanzó por sólo un voto de diferencia gracias, especialmente, a la abstención de CiU, que aprovechó la oportunidad para anunciar al Gobierno que no contara con su apoyo en la próxima ley de presupuestos. La soledad del Gobierno es casi absoluta.

Nuestra forma de gobierno es parlamentaria, es decir, los ciudadanos elegimos diputados y son estos quienes, por mayoría, otorgan su confianza al presidente del Gobierno. En esta legislatura, tras las elecciones de marzo de 2008, Zapatero ya fue investido presidente por una escuálida mayoría simple: únicamente por el voto de los 169 diputados de su grupo parlamentario, los mismos que convalidaron el decreto ley del pasado jueves. Desde un punto de vista formal se podría decir, pues, que la actual situación del Gobierno es idéntica a la de sus inicios. Ello, sin embargo, no es así: la situación ha cambiado, y mucho.

En efecto, tras las elecciones los socialistas demostraron tener un importante soporte social y resultaron ser la minoría de más peso en la Cámara, a sólo siete escaños de la mayoría absoluta. Con este respaldo, Zapatero podía iniciar la legislatura intentando componer unas mayorías de geometría variable: hacia la izquierda, hacia los llamados nacionalismos moderados o hacia el PP.

Sin embargo, tras dos años de legislatura, este apoyo social ha bajado vertiginosamente, como puede comprobarse en todos los sondeos o escuchando las opiniones del ciudadano medio. Recordemos que poco antes de las últimas elecciones Zapatero estableció el cheque bebé y los famosos 400 euros, que ahora debe estar maldiciendo y de los que ya ha prescindido. Además, en el programa de gobierno que presentó en la sesión de investidura del 2008 mantuvo que la crisis económica era pasajera y que todos sus esfuerzos se encaminarían a tomar medidas para incrementar el crecimiento, que consideraba indudable. Dos años después, todos, incluidos los votantes socialistas, saben que sus previsiones iban en sentido diametralmente opuesto a la realidad de los hechos y que las medidas tomadas han sido contraproducentes, han aumentado inútilmente el gasto público y no han resultado equitativas desde el punto de vista social.

Así pues, Zapatero apenas tiene ahora apoyos parlamentarios y se encuentra con un muy debilitado soporte social. Además, el momento es especialmente comprometido porque se deben tomar medidas de gran calado, muchas de ellas necesarias para el largo plazo pero impopulares en lo inmediato. Y, encima, España está en el punto de mira internacional por los previsibles efectos de nuestra particular situación económica en la crisis europea y mundial, por la repercusión negativa de nuestro déficit exterior en el euro, el dólar, el yen y el yuan. Las llamadas de los presidentes de Estados Unidos y China urgiendo el cambio de dirección económica y social en España lo hicieron evidente.

En esta tesitura, los 169 votos socialistas son manifiestamente escasos para sostener durante dos años más el Gobierno. El castillo de naipes se ha venido abajo. El programa con el que Zapatero fue elegido presidente ya no sirve para dar legitimidad democrática al Gobierno, porque ha sido sustancialmente cambiado. La política de geometría variable transmite una gran inseguridad, no es la adecuada ante las difíciles decisiones que es preciso tomar. El Gobierno debe reforzar su base parlamentaria para así reforzar también su base social. La situación, a mi parecer, requiere que el presidente del Gobierno plantee una cuestión de confianza ante la Cámara y, como las circunstancias mandan, aunque constitucionalmente sólo se necesite para superarla una mayoría simple, esta renovación de la confianza debe ser consensuada previamente con el arco parlamentario más amplio posible.

Por tanto, antes de plantear esta cuestión de confianza, el Gobierno debe acordar con otros partidos, mediante una declaración detallada de política general, un nuevo programa de gobierno para hacer frente a la situación hasta las elecciones generales del 2012. Para que esta declaración tenga amplio soporte, sólo hay dos posibilidades de acuerdo: o con el PP o con CiU y PNV. Si el acuerdo no se alcanza, como es probable, la única opción viable es la de convocar elecciones generales para después del verano. Cada partido se vería obligado a presentar ante el electorado su programa, con especial importancia en el aspecto económico y social, adecuado a las circunstancias presentes. Así, el vencedor en las elecciones podría formar un gobierno con autoridad suficiente – tanto en el ámbito parlamentario como en el de la sociedad-para superar las actuales circunstancias y afrontar con coherencia el futuro.

Esto es, a mi parecer, lo que requiere la actual situación. Lo peor sería prolongar la agonía. Hay que despejar el panorama. La geometría variable ya no sirve. Con el vendaval de la crisis, como ya hemos dicho, el castillo de naipes se ha venido abajo.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.