El cese de Trillo

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El todavía embajador del Reino de España ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Federico Trillo, al que recientemente atribuía su responsabilidad el Consejo de Estado por el accidente acaecido por el avión Yakovlev 42 en Turquía, ocurrido en mayo de 2003, y en el que murieron 62 miembros del ejército español, 12 tripulantes ucranianos y un ciudadano bieloruso, ha sido considerado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación como susceptible de resultar cesado en su puesto en Londres como consecuencia del periodo de tiempo transcurrido en esa legación diplomática -cuatro años y nueve meses-, de semejante manera que los 70 diplomáticos españoles que deberán abandonar sus puestos toda vez que el gobierno está ya legitimado por el Parlamento para decidir acerca de estos nombramientos.

Se diría entonces que el Ministerio de Exteriores resuelve así la patata caliente que el conjunto de la oposición le había endosado debido a la atribución de responsabilidades al exministro de Defensa por el Consejo de Estado. “¿No queríais su cabeza? -podría preguntar Dastis-, pues ahí la tenéis”.

Y sin embargo esta decisión, con resultar similar en cuanto a su conclusión -el cese-, no lo es en lo que refiere a su causalidad: Trillo no debería ser cesado sólo por el transcurso del tiempo en el ejercicio de sus funciones sino por las responsabilidades que el alto organismo que es el Consejo de Estado le ha atribuido. Toda vez conocido el dictamen, un gobierno y un ministerio celosos cumplidores de los procedimientos democráticos debieran haberlo cesado con carácter fulminante en lugar de acudir al expediente de diluir el final de su mandato entre los 70 servidores diplomáticos que deben hacerlo como consecuencia del plazo transcurrido. Si yo mismo estuviera entre esos legatarios me incomodaría sobremanera encontrar la causa de mi cese unida a la de un dirigente del PP cuya gestión -que ya ha sido calificada por el Consejo de Estado- fuera además “premiada” con una embajada de primer orden.

Un gobierno en funciones como el que este país ha soportado durante diez largos meses ha podido tomar medidas contra embajadores sometidos a sospecha. Así, Gustavo de Arístegui dimitiría -antes de que lo cesaran- como embajador en la India, debido a unos supuestos cobros de comisiones ilegales por su intermediación en determinados negocios e Ignacio Matellanes, embajador en Bélgica, sería cesado en marzo de 2016, debido a su absentismo y abuso de autoridad -según informe del Ministerio-. El nombre de Federico Trillo bien debería haberse asociado a estos dos.

Trillo ha declarado que su voluntad es la de abandonar su destino en Londres, sin embargo esta manifestación no guarda relación con su desastrosa gestión de la catástrofe del Yak 42. El exministro nunca ha asumido responsabilidad alguna acerca del siniestro del que hemos vuelto a recordar aspectos de singular desasosiego para los familiares de las víctimas, como que las identidades de 30 de los cadáveres eran falsas, que en algún ataúd había restos de hasta tres personas, que de los 149.000 euros que pagó Defensa por el alquiler del avión sólo unos 36.500 serían cobrados por la operadora del Yak, que dada la condición ucraniana del avión la OTAN debía haber autorizado de manera expresa el vuelo, que la caja negra no funcionaba desde hacía 45 días que nunca se suscribió el seguro obligatorio…

Tampoco deja de resultar sorprendente que para el máximo responsable del Gobierno, Mariano Rajoy, el sólo transcurso del tiempo corrija tan lamentable gestión, previa y posterior, del siniestro. “Ocurrió hace muchísimos años”, ha declarado el presidente desde su retiro en Pontevedra. Se trata de una novedosa concepción de la depuración de las responsabilidades políticas. Trillo permaneció al frente de Defensa hasta casi un año después del accidente y sería sustituido por Bono, ya en el Gobierno socialista de Zapatero y no pagó por lo tanto responsabilidad política personal alguna por su actuación en el siniestro. Antes bien, llegado Rajoy al gobierno, se le ofrecería la embajada en Londres incluso ante la supuesta reticencia del titular del Ministerio, García Margallo, que pretendía que todos los embajadores pertenecieran a la Carrera Diplomatica, lo que no es el caso de Trillo.

Parece claro por lo tanto que si Trillo no debió ser nombrado embajador en el Reino Unido al menos debería resultar cesado con carácter inmediato en este preciso momento. La solución de enterrar su destitución junto a la de otros 70 diplomáticos contaminaría con el oprobio la presumible buena gestión de estos. Y supondría el primer borrón en la acción del flamante Ministro Dastis a quien se le supone ajeno al mercadeo de favores tan habitual en el partido que preside Rajoy.

Fernando Maura es portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Asuntos Exteriores y la Unión Europea en el Congreso de los Diputados.

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