El chantaje terrorista en el siglo XXI

El debate sobre terrorismo y Estado de Derecho es tan antiguo como los crímenes que piratas y terroristas llevan cometiendo siglos. Desde la toma de rehenes para rescate por corsarios al megaterrorismo en red del siglo XXI, las cuestiones centrales han sido similares: cómo se gestiona una crisis terrorista, especialmente si se trata de un secuestro. Pero esta polémica se intensifica y adquiere varias dimensiones, la política, la de opinión pública, la ético-moral y, por supuesto, la legal. Todos estos aspectos forman parte de un problema complejo, en el que sin embargo, conviene tener las ideas claras. Como ejemplo de la importancia que adquiere el debate sobre el terrorismo en el siglo XX, basta leer el discurso pronunciado por Theodore Roosevelt en el funeral del asesinado presidente McInley -el de la Guerra de Cuba- al que sucedía al frente de la Casa Blanca. Buena parte de los ejes centrales de ese discurso los podríamos encontrar en cualquier declaración de un Gobierno en nuestro siglo. ¿Entonces por qué la controversia, si los Gobiernos democráticos saben que frente al terror sólo cabe la firmeza democrática, dentro de la ley y el Estado de Derecho? Pues simplemente porque en este siglo se empieza a atisbar una preocupante relajación de esa indispensable firmeza.

En la era de los secuestros aéreos, los Gobiernos no negociaron con terroristas y eso tuvo un efecto muy claro y positivo: el declive de ese tipo de delitos, gracias también a la mejora de las medidas de seguridad. Cuando el terrorismo cambia, y el secuestrador no tiene ya como objetivo salvar su propia vida, la negociación no existe, se secuestra para asesinar. Pero los secuestros de personas tienen varios objetivos. Primero, el de propaganda; segundo, el de la presión y el chantaje, extender la sensación de inseguridad; tercero, desestabilizar al país o región en el que operan; y por último, obtener fondos para financiar sus redes criminales. Por ello los sindicatos del crimen y las organizaciones terroristas son cada vez más parecidas y se imitan mutuamente.

Las mafias se hacen cada vez más violentas para que el chantaje, la intimidación y la extorsión sean cada vez más eficaces. De ahí que algunos cárteles de droga que operan en México hayan adoptado técnicas de asesinato de los grupos terroristas yihadistas, decapitación por cuchillo de monte, asesinato aparentemente indiscriminado, el secuestro para intimidar a las fuerzas de seguridad o la tortura, todo ello publicitado de manera explícita para ser más efectivos en su barbarie.

Las organizaciones terroristas, e incluso las células individualmente consideradas, se dedican a la comisión de los delitos más lucrativos para obtener el mayor beneficio posible para financiar sus estructuras, y de forma creciente para enriquecer a sus cúpulas. De ese modo el terrorismo se ha convertido en uno de los principales sindicatos criminales dedicados al tráfico de drogas (Las FARC -que es el mayor productor y exportador de cocaína del mundo- y el ELN en Colombia, los talibán en Afganistán), de armas, seres humanos, fraude, chantaje, ciberdelito y robo y falsificación de tarjetas de crédito. Y por supuesto al secuestro, que se ha convertido en uno de los más lucrativos.

Sólo en Europa, a lo largo del año 2008 el fraude criminal en cajeros automáticos ascendió a la escalofriante suma de 600 millones de euros. Los datos de 2009 son mucho peores. Cabe preguntarse qué proporción de ese dinero ha acabado en manos de organizaciones terroristas. Los que operan en el Sahel son, además, bandidos y traficantes, lo que produce confusión en muchos ingenuos que creen que los bandidos no son terroristas. Pues bien, son las dos cosas, y sus delitos sirven para su lucro personal y para dar autonomía financiera a las células y campamentos.

El centro de la polémica es si se debe o no pagar rescate a piratas y terroristas. Rotundamente no, y no sólo porque es una actividad ilegal y tipificada en nuestro Código Penal, sino porque la cesión ante el terror tiene unas gravísimas consecuencias en cascada. La primera y más obvia es que financia la industria criminal, y a las organizaciones y sus estructuras. Segundo, anima al autor a seguir haciéndolo ante su éxito, y a otros a lanzarse a esa empresa criminal. La tercera es el logro de un muy eficaz y perturbador efecto de propaganda, primero hacia sus propias huestes que se sienten arengadas con su éxito, y por otra parte en la publicidad que la organización terrorista obtiene en el mundo entero, lo que necesariamente redunda en beneficio de la sensación de inseguridad que buscan sembrar, dando la sensación de ser poderosas organizaciones.

El éxito es celebrado e instrumentalizado como una gran victoria del grupo. Si además consiguen poner en evidencia al Gobierno que negocia y que ha cedido, cosa que siempre intentan, logran trasladar una sensación de poder y de legitimidad, pues no en vano piensan y tratan de transmitir que un Estado democrático los ha sentado en la mesa de negociación como un igual, como un actor político legítimo.

El último razonamiento es el del peligro en que se pone a nuestros nacionales, como los propios sindicatos policiales han denunciado. Un país que negocia y paga es considerado un objetivo fácil. Por otra parte, también se pone en peligro a los nacionales de otros estados, pues ninguno llevamos pintada en la frente la bandera de nuestra nacionalidad.

En definitiva, el pago de rescate es una derrota de la democracia, del Estado de Derecho, y una agresión frontal al imperio de la ley. La satisfacción indudable por las vidas salvadas no puede nublar nuestro entendimiento, y el Gobierno socialista no puede pretender celebrar como un éxito lo que es una derrota colectiva de nuestra democracia, la cesión ante el terror. Cuando una organización criminal, terrorista o mafiosa secuestran a un ciudadano, y el Estado de Derecho cede y paga, nos han secuestrado y vencido a los 47 millones de habitantes, y con nosotros, al resto de democracias del mundo.

ESTE NUEVO siglo apunta maneras muy preocupantes, habrá un creciente número de regiones o zonas de alto riesgo, verdaderos territorios sin ley, orden, seguridad o libertad. Un número importante de regiones como amplias zonas del Sahel; la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela por la connivencia entre las FARC y el régimen de Hugo Chávez, Somalia y la aguas del Cuerno de África, llegando hasta casi la punta oriental de la Península Arábiga, donde ya hemos tenido dos serios sustos los españoles -Playa de Bakio y el Alakrana-, el Estrecho de Malaka donde operan piratas asesinos, zonas del Caribe y de algunas costas del Golfo de Guinea, donde piratas y delincuentes extremadamente violentos asaltan ciudades y sus bancos desde el mar.

Ante este sombrío panorama, los estados deben reestablecer la inflexible norma de firmeza y rigor legal y democrático frente al terror y la delincuencia organizada.

Si no queremos acabar en un mundo caótico, en el que regiones enteras sean verdaderos reinos de la barbarie, hay que tomar medidas ya, y una de las primeras debe ser no negociar nunca más con organizaciones terroristas, salvo su rendición, y jamás pagar rescate por un secuestro, y menos si lo hace un Estado democrático.

Lo que tampoco se puede aceptar es que los países avanzados se mantengan en apariencia firmes ante el terror pero sin embargo fuercen a los más débiles, que son quienes sufren de manera más directa el azote del terror en ciertas regiones, a hacer concesiones que ellos no harían jamás. Esto, además de una inmoralidad, es seguramente un delito y supondría, sin duda, una repugnante cobardía.

Muchas veces los Gobiernos prefieren la salida fácil de no antagonizar a una parte de su opinión pública, lo que les proporciona una cierta tranquilidad entre ciertos sectores de la ciudadanía, pero a un coste inasumible por el conjunto de las democracias más avanzadas y del resto de la comunidad internacional. Esta polémica que ha trascendido ya a nuestras fronteras debe permitirnos hacer el diagnóstico adecuado, debemos intensificar la cooperación internacional, reforzar la capacidad de respuesta de los estados y apoyarnos unos a otros. Sólo es posible una firme actuación, incluso con el legítimo uso de la fuerza, para defender a nuestros nacionales, su seguridad y libertad. Por ello debería ser una prioridad irrenunciable potenciar los servicios de inteligencia e información y de las fuerzas especiales, para así poder enfrentarnos con mayores garantías de éxito a las crisis que estos convulsos tiempos nos auguran.

Gustavo de Arístegui, diputado por Zamora, portavoz de Asuntos Exteriores del PP en el Congreso y autor del libro Contra Occidente (La Esfera de los Libros).

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