El chófer de ‘Antza’

Por Pedro J. Ramírez, director de EL MUNDO (EL MUNDO, 25/06/06):

Una cosa es que Rajoy ya no se fíe de Zapatero y otra que le caiga mal. Nadie podrá decir que el presidente no ha estado encantador cada vez que le ha recibido en La Moncloa. Pero, a la viceversa, Zapatero tampoco podrá quejarse de que el líder de la oposición se haya mostrado insensible a las tribulaciones de quien a la hora de gobernar siempre controla mucho menos los acontecimientos de lo que el público piensa y de lo que a él le gustaría.

Comentando en su último encuentro los avatares de la lucha antiterrorista, el presidente le dijo que transcurridos casi dos años seguía sin tener «ni puta idea» de por qué el número uno de ETA Mikel Antza había sido detenido en octubre de 2004 y no antes o después. En ese contexto de comprensión, rayana en la complicidad humana, Rajoy le contestó, confidencia por confidencia, que también a él le gustaría saber algún día por qué durante su etapa como ministro del Interior no se le había echado el guante al susodicho, cuando llegó a tener como chófer a un agente de la Guardia Civil infiltrado en ETA.

No era un intercambio de secretos de Estado ni nada que afectara a operaciones en marcha -al parecer el topo tuvo que salir por piernas cuando estaba a punto de ser descubierto por la banda-, pero sí la constatación de que el denominador común de todos los gobiernos de la democracia viene siendo mantenerse al margen del proceso de gestación de las grandes decisiones operativas de los cuerpos de seguridad. Con la trágica y aleccionadora excepción del montaje de los GAL, los políticos no se han metido nunca en las cocinas policiales. Esto tiene la evidente ventaja de que transmite a los ciudadanos una cierta garantía de neutralidad y proporciona a los profesionales el margen de maniobra necesario en un entorno de independencia. Pero implica el peligro de que se consolide un Estado dentro del Estado, mientras nadie controla a quienes nos controlan.

He repescado del baúl de los recuerdos un recorte de una edición de Cambio 16 cargada de ingredientes cabalísticos. Se trata del número 272 de la revista y lleva fecha del 27 del 2… del 77, pero los verdaderos misterios están en su contenido. La parte superior de la página la ocupa la fotografía de una amontonada rueda de prensa en torno a una mesa rectangular lacada en verde, en la sede del aún llamado Ministerio de la Gobernación. Los reporteros allí apiñados llenamos tres de sus cuatro lados, mientras Rodolfo Martín Villa y su plana mayor se alinean ante nosotros. Con corbata de nudo ancho y patillas acordes a los cánones de la época yo aparezco sentado en el rincón derecho del fondo norte. A mi lado, un recién ascendido general Sáenz de Santa María, un jovencísimo Juan José Rosón, un circunspecto José Miguel Ortí Bordás con el pitillo en ristre y el mismo aspecto de cabeza de huevo o eminencia gris de siempre y el propio ministro que se dirigía audazmente de la dictadura a la democracia sin bajarse del coche oficial.

Todos llevaban el correspondiente pañuelo blanco -signo del buen burgués de clase media, amante de la ley y el orden- asomando por el bolsillo superior de la chaqueta. Pero el verdadero protagonista de aquella convocatoria que ponía un final feliz a la semana más dramática de la historia de la Transición -cuando la matanza de Atocha parecía a punto de desencuadernarlo todo, la Policía había liberado indemnes a los secuestrados Oriol y Villaescusa y desmantelado por completo el aparato terrorista del GRAPO- era un hombrecillo con gafas de oficinista y aire esmirriado que se sentaba con modestia a la derecha de Martín Villa. Se trataba del comisario Roberto Conesa, redomado torturador durante el franquismo y artífice, sin embargo, de aquel gran servicio a la causa de la aún embrionaria democracia.

Lo mejor, de todas formas, de aquella página de Cambio 16 era un titular con el ingenio y desparpajo que constituían la marca de la casa: «Muñecos de GRAPO». Y la correspondiente entradilla en la que se describía «el temor de que el GRAPO, por fin encarcelado, fuese no sólo la amenaza de un grupo de jóvenes de ultraizquierda decididos a provocar un estado prerrevolucionario en este país, sino quizá el muñeco de trapo manejado por oscuras y confusas fuerzas, que serían mucho más difíciles de encerrar en los carabancheles y las yeserías en el momento clave del programa de reforma de la nueva Monarquía».

Se habían practicado más de 40 detenciones en pocas horas, incluidas las de supuestos fundadores de la banda como Sánchez Casas o Collazo Araujo. Aquello era, en efecto, un queso de Gruyère de tal calibre que la única duda que ha legado la perspectiva histórica es si Conesa era del GRAPO o el GRAPO era de Conesa.

Pues bien, todo el vértigo de aquel enigma que tuvo en vilo el proceso democratizador en un momento en el que el escenario estaba plagado de materiales altamente combustibles, ha vuelto esta semana a mi memoria a medida que hemos ido conociendo las extrañas circunstancias que vienen rodeando la investigación del juez Grande Marlaska sobre la aún activa trama de extorsión de ETA. Si el domingo EL MUNDO desvelaba que había existido un traslado de dinero desde España a Francia en un vehículo en el que la Policía había colocado previamente un dispositivo de control electrónico, sin que ello desencadenara ninguna detención; el jueves descubríamos con estupor que el propio magistrado había abierto una pieza secreta para tratar de averiguar quién o quiénes de entre los funcionarios adscritos al caso habían alertado a los terroristas, frustrando la redada en mayo; y ayer sábado publicábamos que el juez había apartado del procedimiento nada menos que al Comisario General de Información Telesforo Rubio -salvando todas las distancias, el Conesa del momento- por considerar que su principal esmero estaba siendo ralentizar la investigación. ¿Es esto España o el peor México del PRI?

Ojalá algún día exista la oportunidad de relatar con detalle, y honrar con el reconocimiento público que merece, la gesta colectiva de los centenares de agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia que durante los últimos años, con la colaboración -o más bien conformidad pasiva- de las autoridades francesas, vienen desarrollando una abnegada y casi siempre silenciosa tarea de infiltración, vigilancia y control sobre ETA al otro lado de la frontera. Ha sido, a nuestra escala, una labor tan decisiva, arriesgada y heroica como la de las redes del espionaje británico en la Europa ocupada por los nazis, cuando con sus labores de información y desinformación hicieron posibles los desembarcos aliados.

Como todas las sagas similares, esa crónica de nuestra guerra secreta contra el terrorismo que permite entender, por ejemplo, las reiteradas detenciones de comandos recién formados en controles rutinarios de carreteras, no estará exenta, sin embargo, de casos ominosos de traiciones, agentes dobles y conductas sospechosamente turbias. No hace falta leer a John Le Carré para darse cuenta de que quienes toman parte en las ignoradas batallas de los ejércitos de las sombras siempre corren el riesgo de caer en la tentación de rizar el rizo, convertir su información en poder e intentar prevalecer sobre la propia organización a cuyo servicio teóricamente actúan.

Existen ya unos cuantos casos de ertzainas que trabajaban para ETA y probablemente sus indagaciones sobre la infiltración de la banda en la Policía Municipal de San Sebastián fueron la causa inmediata del asesinato de Gregorio Ordóñez y algunas otras personas más. Pero ahora estamos hablando de cuerpos de carácter estatal y, lo que es más inquietante, de conductas que podrían obedecer a un diseño de mucho más calado que el del ánimo de lucro, la sintonía ideológica, el resentimiento o cualesquiera otras motivaciones individuales. De repente parece como si una parte de los aparatos del Estado tuviera como misión proteger a ETA del acoso que contra ella mantienen sus compañeros o contribuir a blanquear ante la opinión pública tanto su comportamiento como el de quienes -léase, por ejemplo, Gorka Aguirre- colaboran con ella.

Más allá de las pruebas que pueda haber acumulado, lo que ha hecho verosímil la sospecha del juez Marlaska es su estricta coherencia con la actual estrategia política del Gobierno y su perfecto encaje con la actitud entreguista de la Fiscalía. Loor y gloria a tan firme y empecinado magistrado que cumple con su deber y obtiene resultados sorteando las zancadillas del Ministerio Público y el doble juego de parte de la Policía. Pero al margen de la conjetura de que el tal Telesforo Rubio estará lógicamente interesado en complacer al Poder Ejecutivo y de que el episodio de la falsedad documental en la detención de los militantes del PP, acusados sin pruebas de agredir a Bono, pueda ser un antecedente de utilización partidista de la maquinaria policial, no terminaría de compartir con ustedes, queridos lectores, mis verdaderas perplejidades si no escribiera que está llegando el momento de preguntarse si fue primero el huevo o la gallina.

Y eso nos retrotrae, necesariamente, a la época en que gobernaba el PP y en la que muy cerca de nosotros -desde luego no en «montañas lejanas», no en «desiertos remotos»- empezaba a gestarse el 11-M. Aznar tuvo tres ministros del Interior, Mayor Oreja, Rajoy y Acebes y ninguno de los tres se enteró de nada. Ni de los planes, actividades y propósitos de los moritos de Lavapiés, pese a que los que no eran confidentes estaban permanentemente vigilados. Ni de los vasos comunicantes que existían entre los islamistas y ETA a través de la trama asturiana de venta de dinamita, del circuito de la droga en el País Vasco por el que campaba por sus respetos El Chino y de las estrechas relaciones en las cárceles.

Confío en que pronto estemos en condiciones de divulgar nuevos datos que corroboran que, simplemente con que hubiera sabido el 12 y el 13 de marzo todo lo que ya sabían los cuerpos de seguridad que supuestamente trabajaban a sus órdenes, a Angel Acebes le hubiera resultado sencillísimo mantener con altas dosis de credibilidad la doctrina de las dos vías de investigación, muy posiblemente convergentes, que quedó pulverizada por la detención de Zougam, el vídeo reivindicativo de la papelera de la mezquita y las manifestaciones orquestadas ante las sedes del PP. Si el resultado de las elecciones hubiera permanecido entonces acorde con las previsiones de los sondeos, o no hubiéramos tenido luego la inconmensurable desdicha de que la responsabilidad de la investigación judicial recayera precisamente en Mortadela y Filemón, las pesquisas habrían profundizado en ambas vías y muy probablemente los enigmas del 11-M estarían ya resueltos.

¿Fue todo un problema de descoordinación y caos? Aunque de eso hubo a raudales, haciendo merecedores a los mencionados dirigentes populares de un rotundo cate en gestión de recursos humanos, las tinieblas en las que se movió el Gobierno antes y después de la masacre sugieren cosas mucho más graves. La teoría de la chapuza no basta para explicar el comportamiento de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil o de la Policía de Asturias que terminan deteniendo a sus propios confidentes en lugar de a las personas señaladas por ellos con suficiente antelación como para abortar la masacre. Y tampoco el pandemónium de aquellas horas y días justifica que sobre la práctica totalidad de las pruebas que mal hilvanan el auto de procesamiento, desde la mochila de Vallecas a la furgoneta de Alcalá, desde el Skoda Fabia a los restos de explosivos, pese la flagrante sospecha de la manipulación policial.

Cuando un gobierno que se dice regeneracionista, al cabo de ocho años en el poder, mantiene en un puesto neurálgico de la seguridad del Estado a un procesado por colaborar con la trama de los GAL como el coronel Hernando no tiene derecho a quejarse de nada. Por eso mismo honra tanto a sus supervivientes esa insistencia en conocer la verdad que inevitablemente implica una permanente actividad de autoflagelación expiatoria. La comodidad política les empuja a pasar página, pero la insatisfacción moral y una cierta vergüenza torera se lo impide.

Con todo lo mandón que era, Aznar nunca ejerció una supervisión real de la forma en que militares resabiados por los lances de la guerra sucia como el general Calderón y su plana mayor del CESID o policías y guardias civiles vinculados a lo peor del felipismo regulaban las cloacas del Estado. Los responsables políticos fueron demasiado indolentes -lo de Valdivieso clama al cielo- y hubo nombramientos -el de un Dezcallar sin apoyo político alguno- demasiado tibios y tardíos. Que se sepa en esa época ningún funcionario contrató asesinatos ni saqueó los fondos reservados, pero eso no significa que no se urdieran tramas desestabilizadoras, tal vez vinculadas a servicios extranjeros, en las que los ajustes de cuentas con el PP pudieron muy bien convivir con la pretensión de impedir la consolidación de una España cohesionada como gran potencia emergente de la Europa mediterránea.

Es probable que al presidente Zapatero todas estas conjeturas sólo le lleven a repetir, como me dijo en la entrevista de abril, que «los que buscan conspiraciones son los perdedores que no afrontan la derrota», pero seguro que también él se exprime a menudo las meninges, barajando teorías sobre todas aquellas cosas que no le cuadran en relación, por ejemplo, a la verdadera estructura y composición de la cúpula de ETA.

Aunque Mortadela le haya pedido a Filemón que apuntille ya el asunto, nadie debería, en todo caso, ofenderse porque nuestro periódico siga contumazmente empeñado en averiguar la verdad y porque mi composición de lugar incluya cuatro conclusiones provisionales: 1ª) No hay nada en el sumario que permita ni siquiera atisbar que El Chino, El Tunecino y compañía recibieran instrucciones ni de Al Qaeda ni de ninguna de sus filiales. 2ª) La opción de que actuaran de forma autosuficiente no se sostiene ni en el plano intelectual ni en el operativo. 3ª) La constatación de que ETA está siendo la inesperada gran protagonista de la situación política engendrada -al menos parcialmente- ese día refuerza la tesis de la joint venture que uno de los jubilados de oro del PSOE trasladó sobre la marcha al propio Zapatero. 4ª) De nada habría servido la confluencia metafórica -o incluso real- de las dos caravanas de la muerte si la red de carreteras no hubiera sido manipulada para que primero se abrieran todos los semáforos del mortífero trayecto, para que después una serie de indicadores falsos engañara a los perseguidores de los asesinos y para que finalmente unas cuantas señales cambiadas de sitio empujaran a los testigos más incómodos hasta el despeñadero del piso de la calle de Martín Gaite.

¿Hasta dónde llega el elenco de muñecos de trapo de esta representación a cuyos sucesivos actos venimos asistiendo desde entonces? ¿Está Zapatero escribiendo su propia historia o simplemente cumpliendo el guión de alguien que él mismo desconoce, pero que contaba de antemano con su mezcla de temeridad e idealismo, de ambición y audacia? ¿Pasará a la posteridad, según insinuaba el jueves el New York Times, como el pacificador que hizo dar a los españoles el salto definitivo hacia la modernidad y el justo reconocimiento de la identidad nacional de vascos y catalanes o más bien quedará para los restos como el atolondrado chófer que imprudentemente condujo el proyecto totalitario y separatista de Mikel Albisu a través de una hoja de ruta -400.000 votos proetarras en 2012- en la que tal vez no vuelva a haber cadáveres arrojados en las cunetas, pero que sin duda destrozará parajes sobre los que no volverá a crecer la hierba?