El pasado 28 de octubre, el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, suscribieron un Acuerdo de cooperación que cierra una investigación preliminar contra este país, abierta desde 2004, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Esta inesperada y polémica decisión podría interpretarse como un nuevo capítulo de impunidad en Colombia. Sin embargo, el acuerdo suscrito entre Khan y Duque abre una puerta que parecía cerrada a un proceso de paz que languidece, ya que indica la necesidad del respaldo irrestricto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial creado para juzgar a los actores del conflicto armado en Colombia. Explícitamente, señala que el gobierno debe apoyar a la JEP “salvaguardando su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura”, así como asignando el presupuesto necesario para su implementación y previniendo interferencias con sus funciones. Esto, además, es un campanazo de alerta al presidente Duque y a su partido, el Centro Democrático, porque si no respetan el funcionamiento de la JEP, el caso podría reabrirse de forma inmediata en La Haya.
Desde su fundación, en septiembre de 2015, la JEP ha sido objeto de múltiples ataques, entre ellos mediáticos, presupuestales y hasta legislativos. Durante todo ese tiempo, sus macroinvestigaciones, han sido consideradas como una amenaza para quienes se opusieron a la firma, en 2016, del Acuerdo de paz —en su mayoría integrantes del Centro Democrático— con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la cual, entre otras cosas, ganaría derechos políticos.
Ha habido diversas maneras de hundir el freno al proceso de paz: desde la indiferencia por parte del gobierno frente al asesinato de más de 260 excombatientes, pasando por la disminución drástica del presupuesto de la JEP año tras año, hasta la presentación, el pasado agosto, de un proyecto de reforma constitucional del Centro Democrático que busca derogarla.
El convenio entre la CPI y el gobierno de Colombia causó estupor en un primer momento. ¿Cómo era posible que, de repente, y cuando ya la investigación preliminar estaba en fase 3 (la más severa para la CPI, en la cual ya existen indicios fuertes contra individuos en particular), ahora se cerrara? Para varias organizaciones de víctimas, se trata de un duro golpe y se está premiando la criminalidad estatal.
No es fácil entender la dimensión de lo resuelto, especialmente para quienes hemos sido testigos del inconmensurable trabajo del equipo investigador sobre la situación de Colombia en la CPI. Durante 17 años se construyó un sólido expediente en el que se documentan múltiples crímenes: privación de la libertad, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, homicidios, ataque a población civil, toma de rehenes y reclutamiento forzado de menores de edad. Entre los actores señalados hay expresidentes, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, oficiales, soldados y policías, empresarios y políticos, entre otros. Sobre muchos de ellos ha habido investigaciones penales que transitan por los pasillos paquidérmicos del poder judicial. Y en otros casos, la indiferencia y la impunidad han sido el pan de cada día. Por estas razones, la CPI se había convertido en la última esperanza para madres, hijos y hermanos (como los de los mal llamados Falsos Positivos), desplazados por la violencia e innumerables víctimas, cansados de la impunidad local.
Sin embargo, cerrar la investigación preliminar contra Colombia es un arma inesperada a favor de la paz, pues la CPI ha conminado al Estado colombiano a respetar lo convenido en el Acuerdo de Paz con las FARC, en cuanto a la estructura jurídica transicional que lidera la JEP. Así lo aclaró su presidente, Eduardo Cifuentes: “La Fiscalía de la CPI respalda a la JEP, tal y como fue concebida en el acuerdo para la paz, y luego desarrollada por la Constitución y la ley. Considera que es una jurisdicción idónea, necesaria y eficaz para acabar con la impunidad”.
Es alentador saber que, si continúan las zancadillas al funcionamiento de este organismo, la CPI podrá reabrir la indagación y, peor aún para quienes la obstruyan, avanzar hacia el juzgamiento de los responsables de los hechos criminales sucedidos durante el conflicto armado.
La Corte Penal Internacional ha obligado al gobierno con este convenio a entender, por fin, que la implementación de la paz no es opcional sino una obligación para el Estado colombiano.
Olga Behar es periodista, politóloga y escritora colombiana. Carolina Ardila Behar es periodista, internacionalista e investigadora colombiana.