Lo subrayaron en la campaña electoral. Y luego han insistido. Las dos son líderes del PP: Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal, presidentas de las comunidades de Madrid y de Castilla-La Mancha, respectivamente, lo han repetido y repetido: «Vamos a privatizar la televisión pública de nuestra comunidad». Pero entonces casi nadie les contestó. A lo más, el secretario de la FORTA, la federación de las televisiones autonómicas, les dijo algo tan ambiguo como «habrá que ver lo que dice la ley».
¿Y qué dice la ley? La ley general de la comunicación audiovisual, aprobada hace menos de año y medio como ley básica, no permite esta privatización y establece que las televisiones públicas no podrán ceder a terceros la producción y edición de programas informativos. Claro que las líderes del PP pueden alegar, y así lo han hecho, que si su partido consigue la mayoría parlamentaria podría cambiar la ley, cambio que la presidenta Aguirre ya había solicitado en el 2007 para Telemadrid y que el PP presentó como proposición de ley a finales del 2010. Pero hay que considerar que ese interés por privatizar es algo más que una mera cuestión normativa. Intentaremos explicarlo.
Uno de los logros más importantes de la nueva ley española del audiovisual, al igual que cuatro años antes hiciera la catalana, ha sido separar con claridad la actividad de los operadores públicos y la de los privados. Hasta su entrada en vigor, toda la oferta televisiva se consideraba servicio público, y o bien lo gestionaban las administraciones públicas o se decidía su gestión indirecta mediante una concesión de servicio público al sector privado. La nueva ley, de acuerdo con el marco constitucional, termina rotundamente con esto. Y limita el servicio público a los operadores de titularidad pública.
Ha habido una verdadera liberalización de la comunicación audiovisual. Ya no se seguirá privatizando el servicio público, que queda solo para los titulares públicos, a quienes la Constitución impone además en su artículo 20 que garanticen «el acceso a sus medios de los grupos sociales y políticos significativos respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas del Estado». Privatizar ahora este servicio público sería regresar al siglo XX. Un gran paso atrás para la libertad. Y eso lo deberían entender las predicadoras de la privatización.
Pero no lo entienden, o no quieren entenderlo, porque su problema es que no creen en el servicio público de sus televisiones. Ni respetan el pluralismo político y social a que expresamente obliga la Constitución. Quieren una televisión a su servicio, no de servicio público; y una televisión partidista, no respetuosa con el pluralismo. Y como además la mala gestión las ha castigado con un enorme déficit, lo que pretenden es sacarse el muerto de encima. Pero esto no se puede hacer de cualquier manera. Primero deberían renunciar a su televisión y después nada impediría vender el patrimonio que había estado afecto al servicio. Como en las familias venidas a menos, que para vender el mausoleo antes deben sacar los restos del ilustre prócer.
Ninguna ley obliga a que haya radios o televisiones de titularidad pública, pero si el poder político entiende que la oferta que los ciudadanos reciben de los operadores privados es insuficiente, parcial o poco educativa, tiene todo el legítimo derecho a crear sus propios medios de comunicación. También las comunidades autónomas. Pero siempre desde la legalidad y atendiendo a las reglas que la Comisión Europea impone al servicio público de televisión, para cuyo control una comunicación del 2009 establece textualmente: «Este control solo resultará eficaz si lo efectúa un organismo realmente independiente de la dirección del organismo público de radiodifusión, que cuente con la capacidad y recursos necesarios para llevar a cabo el control con regularidad y que dé lugar a la imposición de las medidas apropiadas que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público». Es decir, un organismo regulador independiente.
¿Y qué han hecho? Nada. Peor aún, la presidenta Aguirre, después de heredar un llamado Consejo Audiovisual que era tan poco independiente que lo presidía un miembro del Gobierno autonómico con una mayoría de vocales afines, en lugar de adecuarlo a las directrices europeas, decidió en el 2006 suprimirlo con el argumento de que había que «defender la libertad de expresión e impedir la existencia de barreras a su ejercicio». Lo que constituye una de las más clamorosas demostraciones de cinismo audiovisual. Un cinismo que se sigue evidenciando con esa insistencia por la privatización.
Pero quizá todo esto no sea más que una reflexión sin otras consecuencias. Porque, de poderse privatizar, habría que encontrar antes a ese privado que asumiera el cuantioso déficit. Por tanto, de hecho no parece viable ninguna privatización. Pero si a pesar de todo apareciera un candidato, no me negarán que, dadas las circunstancias, habría que inscribirlo de inmediato en el catálogo de los sospechosos habituales.
Jaume Serrats Ollé, ex vicepresidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.