Por Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra (EL PAIS, 19/04/04):
Los resultados de las elecciones del 14-M muestran un claro deseo de la mayoría de la ciudadanía de que haya un cambio progresista en España. Es importante señalar que este deseo de cambio no es tan nuevo como el voto del 14-M parecería indicar. Observadores atentos a la opinión popular ya habían detectado que desde hace años la población española mantiene posiciones que en el barómetro político de actitudes corresponden a posturas de centro-izquierda e izquierda. En realidad, en temas tales como apoyo a políticas redistributivas, aumento del gasto público social, aumento de la responsabilidad pública para garantizar la calidad de vida y bienestar social de la población y sensibilidad hacia los derechos humanos (entre otros), la población española está entre las poblaciones más progresistas de la UE-15.
Sería de desear que el Gobierno socialista respondiera y fuera sensible a esta demanda popular de cambio, desarrollando el compromiso reflejado en componentes muy importantes de su programa electoral, que han gozado de escasa visibilidad mediática durante la campaña electoral a pesar de su enorme importancia, y ello como consecuencia del sesgo que existe en los medios de información hacia temas que el establishment mediático considera importantes, a costa de otros que la población, y muy en particular las clases populares, consideran de mayor interés. Vimos, por ejemplo, en la campaña electoral que tales medios dieron gran importancia a las propuestas de reforma fiscal de los dos partidos mayoritarios, dando la impresión de que éstos estaban compitiendo entre sí para ver quién bajaba más los impuestos, tema que es de particular interés al 30%-35% de la población que tiene mayor nivel de renta, pero que no es un tema prioritario para el otro 60-65% de la población. En realidad, encuestas realizadas en España y en otros países (incluyendo EE UU) muestran que el primer grupo (el sector más pudiente de la población) favorece mucho más la disminución de impuestos que el mejoramiento de los servicios públicos del Estado de bienestar (tales como la sanidad, educación, servicios de ayuda a la familia -escuelas de infancia, servicios de atención domiciliaria, residencias de ancianos-, vivienda social y otros), mientras que la gran mayoría de las clases populares, el 60%-65% de la población, prefiere mucho más el mejoramiento de los servicios públicos que la disminución de los impuestos.
En el programa económico del PSOE había dos grandes temas; uno era el de la propuesta fiscal, que ocupó gran espacio mediático. Pero había otro tema, reflejado en el compromiso adquirido de aumentar el gasto público social per capita hasta converger con el promedio de la UE (una política de enorme importancia, pues, de realizarse, implicaría que se reduciría el déficit de gasto público social de España con la UE-15, que ha estado aumentando desde el año 1993), que apenas tuvo visibilidad mediática, y ello a pesar de que tal convergencia social con la UE-15 tendría mayor impacto en la calidad de vida de la mayoría de la población que la reforma fiscal. Esta visibilidad diferencial en los medios de información responde a que los creadores de opinión en los establishments mediáticos y políticos pertenecen en su mayoría al 30%-35% de la población de renta superior, que no percibe el deterioro de los servicios públicos al enviar, por ejemplo, a sus hijos a las escuelas privadas y al utilizar los servicios médicos privados (o recibir trato privilegiado en los servicios médicos públicos), no siendo realmente conscientes de las enormes deficiencias del Estado de bienestar en España, raramente debatidos en aquellos establishments. Un ejemplo de esta falta de sensibilidad mediática hacia los temas sociales es lo ocurrido este verano con la ola de calor y la mortalidad causada por tal fenómeno. El lector recordará que en el país vecino, Francia, hubo un gran debate causado por el hecho de que 11.000 personas (ancianas en su mayoría) murieron como consecuencia de tal fenómeno. Fue, sin lugar a dudas, la noticia del año en Francia, originando una de las discusiones más vivas en los establishments mediáticos y políticos de aquel país. En España tales establishments se movilizaron para tranquilizar a la población indicando que tal hecho no podría haber ocurrido en nuestro país. Hace un par de meses, sin embargo, un grupo de investigadores del Ministerio de Sanidad español (Ferrán Martínez Navarro, Fernando Simón-Soria, Gonzalo López-Abente, Valoración del impacto de la ola de calor del verano del 2003 sobre la mortalidad) documentaron que en España hubo más de 6.000 muertos, un número proporcionalmente semejante al ocurrido en Francia, sin que esta realidad dramática haya sido noticia en los medios de información o haya sido debatida en los foros mediáticos o políticos del país. En realidad, tal dato era ya previsible, pues en España sólo un 2% de ancianos tienen acceso a los servicios de atención domiciliaria (que podría haber prevenido tales muertes), comparado con un 18% en el promedio de la UE.
Otras grandes insuficiencias aparecen en el Estado de bienestar español que permanecen también ignoradas en los foros mediáticos y políticos. Hoy sólo un 5,9% de la población adulta, por ejemplo, trabaja en los servicios del Estado de bienestar (sanidad, educación, servicios sociales y servicios de ayuda a la familia), comparado con un 11% en el promedio de la UE. Si en lugar de este indicador escogemos el gasto en protección social (servicios públicos más transferencias, como pensiones) como porcentaje del PIB vemos que España se gasta sólo un 20,1% (el más bajo de la UE después de Irlanda), un porcentaje mucho menor que el promedio de la UE, un 27,3%. Este enorme déficit aparece en la gran mayoría de los capítulos del Estado de bienestar español. Así, en sanidad pública, por ejemplo, España se gasta sólo un 5,8%, mucho menos que el promedio de la UE, 7,2%, siendo el problema incluso mayor que el que presentan estas cifras (ya en sí muy preocupantes), puesto que, resultado del enorme gasto público en farmacia, que representa el 22% del gasto público sanitario (consecuencia de la gran influencia de la industria farmacéutica), el gasto público sanitario no farmacéutico es sólo un 4,7% del PIB, que es, con mucho, el gasto más bajo de la UE. Detrás de los grandes problemas de la sanidad pública española que se muestran en todas las CC AA (las enormes listas de espera para operaciones quirúrgicas, los largos periodos de espera para visitar al especialista y para obtener las pruebas terapéuticas, la excesiva masificación y escaso tiempo de visita a los médicos de atención primaria, el escaso confort del sistema hospilario -más de cuatro y seis camas por habitación en un elevado porcentaje de hospitales públicos-, la gran frustración del personal sanitario y otros problemas de la sanidad española) se encuentra este gran déficit de gasto sanitario público.
Una situación semejante ocurre en educación, en donde el gasto público educativo es sólo un 4,4% del PIB, el más bajo de la UE, junto con Grecia e Irlanda. Tal déficit de gasto es incluso mayor cuando se analiza el gasto público educativo por alumno, déficit especialmente acentuado en la educación secundaria. Una consecuencia de este bajo gasto educativo es que los jóvenes españoles reciben menos horas netas de docencia que el promedio de la UE; el equivalente (en secundaria) a un año menos de horas de clase que la media de la UE-15, y dos años menos que Alemania, Bélgica, Escocia y los Países Bajos.
Esta pobreza de gasto público determina la polarización social existente en nuestro país, pues la España pudiente utiliza los servicios privados y la España popular utiliza los servicios públicos, polarización que ha ido aumentando desde el año 1993, cuando se inició durante la Administración socialista una reducción de ocho puntos de gasto público (como porcentaje del PIB) que incluyó una reducción muy notable del gasto público social per capita, aumentándose después tal gasto (desde 1996) mucho más lentamente que en el promedio de la UE-15, con lo cual, además de ser el país con gasto público social más bajo de la UE-15 (después de Irlanda), España es también el que está desconvergiendo con el promedio de la UE más rápidamente, y todo ello realizado como parte de una política económica y fiscal de austeridad de gasto público (alabada por los establishments financieros, mediáticos y políticos), que ha tenido como objetivo alcanzar el equilibrio presupuestario a costa de que la España social esté a la cola de Europa. (Ver Navarro, V. y Quiroga, A., La protección social en España y su desconvergencia con la Unión Europea, en www.vnavarro.org).
Tal déficit de gasto público social existe junto con un enorme déficit de infraestructuras, lo cual hace poco creíble que tales déficit puedan corregirse mediante medidas encaminadas a mejorar la eficiencia del existente gasto público, siendo necesario un aumento del gasto público como porcentaje del PIB. De ahí que considere erróneo el mensaje transmitido por el editorial reciente de EL PAÍS (El modelo debe cambiar, 26-III-2004), en el que se pide "la continuidad de las cuentas públicas"... "que nos proteja contra posibles extravagancias con el gasto público". En realidad, el crecimiento del gasto público como porcentaje del PIB es necesario no sólo por razones de bienestar social, sino también por razones económicas. La universalización, por ejemplo, del acceso a las escuelas públicas de infancia y a los servicios domiciliarios para personas ancianas y con discapacidades facilitaría la integración de las mujeres al mercado de trabajo, un elemento fundamental para la creación de la riqueza en nuestro país. Si tuviéramos, por ejemplo, el porcentaje de mujeres trabajando que tiene Suecia (que tiene tal derecho) tendríamos 6 millones más de trabajadoras, con el consiguiente aumento de riqueza, impuestos y cotizaciones sociales.
En realidad, una de las causas mayores de ralentizamiento económico y crecimiento de desempleo en la UE-15 han sido precisamente las políticas de austeridad del gasto público que se han realizado en la zona euro bajo la estricta vigilancia de la Comisión Europea. Han sido precisamente los países europeos que no han seguido estas normas de austeridad al no estar en la eurozona (Gran Bretaña, Dinamarca, Suecia y Noruega) los que han tenido un desempleo menor. Es más, los países del este de Europa que habían tenido tasas elevadas de crecimiento económico han dejado de tenerlo desde que han tenido que seguir las políticas de austeridad como parte de los requisitos de integración en la eurozona.
Por todas estas razones, es esperanzador que el PSOE se haya comprometido a converger con la UE habiendo establecido el desarrollo de la España social en el centro de su programa. Pero, para que ello pueda ocurrir, será fundamental que no se repita lo que ocurrió en 1993, que llevó a la derrota del PSOE en 1996. El votante progresista que votó PSOE se abstendría, generando la derrota en el 2008, tal como está ocurriendo a los partidos gobernantes en España, Alemania, Francia y Polonia, que se han caracterizado por llevar a cabo políticas de austeridad. El PSOE debería aprender de estas experiencias. Esperemos que lo haga.