El comercio de la tortura

La tortura es un delito en términos de Derecho Internacional y no se puede justificar bajo ninguna circunstancia. El uso sistemático de la tortura es un crimen contra la humanidad. Y, si bien cada vez más países deciden dejar de aplicar la pena de muerte, miles de personas siguen estando en el corredor de la muerte a la espera de su ejecución. Además de ser inhumanos, degradantes e inmorales, estos dos tipos de castigo son totalmente ineficaces, puesto que, simplemente, no sirven para reducir la delincuencia.

Mientras que los líderes mundiales expresan con frecuencia su apoyo a la abolición de estos métodos, paradójicamente, esos mismos productos que se utilizan para torturar y ejecutar a las personas se siguen comercializando libremente a través de las fronteras, del vendedor al comprador. Son mercancías realmente horribles: porras con púas metálicas, cinturones para provocar descargas eléctricas, dispositivos que sujetan a las personas mientras las electrocutan o productos químicos que se utilizan para las ejecuciones, así como, entre otras cosas, cámaras de gas y sillas eléctricas. En pocas palabras: mercancías que solo se utilizan para infligir dolor y matar. Si la comunidad internacional es genuinamente sincera cuando denuncia estas prácticas, debe desmantelarse este comercio; de hecho, se están llevando a cabo acciones en este sentido. El pasado otoño, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, cerca de 60 países se unieron para poner en marcha la Alliance for Torture-Free Trade (Alianza Mundial para el Comercio sin Tortura). Iniciada por Argentina, la Unión Europea y Mongolia, la finalidad de esta Alianza mundial es ir más allá de vagas promesas y hacer que sea mucho más difícil para las empresas y los países enviar estas mercancías por todo el mundo.

Los países de la Alianza se han comprometido a perseguir varios objetivos concretos: control y restricción de las exportaciones, entre otras cosas mediante la introducción de prohibiciones de exportación; creación de una plataforma para que las autoridades aduaneras vigilen los flujos de comercio e identifiquen nuevos productos en el mercado; disponibilidad de asistencia técnica para ayudar a los países a introducir legislación; e intercambio de prácticas para hacer cumplir la ley con eficacia.

Los trabajos en el marco de la Alianza están en curso. A principios del verano, por ejemplo, se reunieron en Bruselas expertos de 38 países para debatir la forma de compartir los conocimientos y los recursos con los países que deseen introducir unos controles de exportación rigurosos. La reunión fue un paso en el camino a la creación de una red internacional de autoridades aduaneras nacionales para hacer frente a este azote.

En los últimos años, en gran parte como consecuencia de la introducción de prohibiciones a la exportación, los culpables tienen más dificultades, y deben pagar precios más altos, para que los instrumentos de ejecución y tortura lleguen a sus manos. Sin embargo, los productores y los comerciantes de estas mercancías intentan eludir estas leyes, por ejemplo desviando sus envíos, lo que hace aún más urgente reforzar los esfuerzos internacionales.

Obviamente, la incipiente cooperación en el seno de la Alianza Mundial para el Comercio sin Tortura constituye un primer paso necesario, pero es preciso hacer mucho más. Por eso, en su primera reunión ministerial la semana que viene, el día 24 de septiembre, la Alianza decidirá proseguir con su desarrollo: más países se adherirán con objeto de ampliarla.

Y lo que es más importante, discutiremos lanzar consultas dirigidas a la introducción de un instrumento vinculante y universal: una convención de la ONU que prohíba el comercio de mercancías utilizadas para infligir torturas y aplicar la pena de muerte. Conseguir que una masa crítica de países firmen dicha convención proporcionaría al mundo un instrumento práctico para poner fin a este azote, prohibiendo claramente la importación y exportación de las mercancías que no tienen ningún uso legítimo.

Las experiencias con otros tratados multilaterales relacionados con el comercio son alentadoras. CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, se creó para velar para que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no ponga en peligro su supervivencia. Actualmente, con ciento ochenta y tres países y otros actores como miembros, el Tratado ofrece protección a decenas de miles de especies amenazadas de animales y plantas.

Otro hito inspirador fue la adopción, en abril de 2013, del emblemático Tratado sobre el Comercio de Armas, o TCA, por una mayoría abrumadora en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El TCA está concebido para impedir las transferencias irresponsables y no reguladas de armas que intensifican y prolongan los conflictos, y para fomentar la responsabilidad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas del comercio de armas mundial.

De forma parecida a estos dos instrumentos, un tratado para prohibir el comercio de mercancías utilizadas para infligir torturas y aplicar la pena de muerte proporcionaría un marco vinculante.

Cuando el año pasado se lanzó la Alianza para el Comercio sin Tortura, las víctimas de torturas contaron sus historias de sufrimiento. “La tortura no está concebida para matarte, ni siquiera para obtener información”, dijo una de ellas. “Está concebida para destruir el alma humana”.

Afortunadamente, muchos sobrevivientes han encontrado la forma y la fuerza para superar el horror. Pero, puesto que la tortura y la pena de muerte siguen siendo una realidad en todo el mundo, la comunidad internacional debe hacer mucho más para impedir que los responsables de este comercio tengan acceso a estos terribles instrumentos.

Josep Borrell es Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Cecilia Malmström es Comisaria de Comercio de la Unión Europea.

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