¿El comienzo del fin para Ortega?

Hace cuarenta años, el 10 de enero de 1978, mi abuelo fue asesinado a escopetazos en Nicaragua. Pedro Joaquín Chamorro fue un periodista y líder de la sociedad civil que se opuso a la dictadura dinástica de la familia Somoza. Los historiadores señalan su asesinato como el detonante principal de la caída del régimen dictatorial. La figura de mi abuelo ha perdurado como un símbolo nacional de las libertades públicas y por esa razón, como su nieto y como historiador de la Revolución sandinista, siento la obligación de alzar mi voz.

Las protestas que están barriendo mi pequeño país centroamericano representan un rechazo nacional contra Daniel Ortega y su ambición descarada de perpetuarse en el poder, junto con su familia, a cualquier costo.

Es todavía incierto si Ortega, el actual líder autoritario de Nicaragua, está experimentando una crisis terminal. Ya sea este el principio del fin o no, lo cierto es que Ortega enfrenta ahora una nueva realidad. Hasta el momento, las represiones gubernamentales hacia las manifestaciones populares han dejado a más de treinta personas fallecidas. El asesinato de una de ellas, el periodista Ángel Gahona, fue captado en video y transmitido a todo el mundo, al igual que ocurrió en 1979, cuando se grabó el asesinato del corresponsal de la ABC Bill Stewart a manos de un oficial de la Guardia Nacional somocista.

El pueblo salió a las calles en protesta a los recortes de los programas de la seguridad social. Sin embargo, la censura mediática y la violenta represión por parte del gobierno convirtieron una protesta cívica en una rebelión popular inmensa. Incluso después de que el gobierno anulara las polémicas reducciones a las pensiones, la agitación social siguió intensificándose. Eso se debe a que las protestas no solo responden a una política particular, sino que también buscan combatir el autoritarismo.

Ya no queda huella del Ortega revolucionario marxista que cultivó el apoyo de trabajadores, movimientos sociales progresistas e intelectuales. Ahora Ortega se apoya en alianzas tácitas con la élite empresarial y el liderazgo conservador de las Iglesias católica y evangelista, que, hasta los recientes disturbios, habían apoyado y legitimado al régimen en nombre de la paz social y la estabilidad económica. Nicaragua ha sido de los países más estables de la región y ha evitado la violencia pandillera y el narcoterrorismo que han agobiado a otros países centroamericanos. El precio, sin embargo, ha sido demasiado alto.

Ortega ha estado sembrando las semillas de este conflicto desde su regreso al poder en 2007. Durante los últimos once años, ha cooptado todos los poderes del gobierno, apropiándose de las instituciones del Estado y de las fuerzas de seguridad. Se ha mantenido en el poder a través de un sistema electoral de partido único luego de romper todos los candados constitucionales a la reelección. Ha preparado y posicionado a sus hijos para el futuro liderazgo del gobierno y, en 2017, instaló en la vicepresidencia a su esposa, Rosario Murillo.

Nada de esto es nuevo para nosotros. Durante el siglo XX, tres Somoza violaron sistemáticamente los derechos humanos y aprovecharon su control estatal para enriquecerse junto con sus allegados. A pesar de los abusos, la élite tradicional de Nicaragua (uno de los países más pobres y desiguales del hemisferio) aceptó la construcción de la dictadura porque prometía estabilidad y porque implementó políticas económicas favorables a sus intereses. A cambio, los Somoza pidieron que no se les cuestionara su poder. El lema, para ponerlo de manera sencilla, podría haber sido: “Háganse ricos, pero no se metan a la política”.

Este modelo, que el régimen actual ha emulado de manera estudiada, resultó ser una receta para la tragedia.

La dictadura somocista, apoyada por Estados Unidos, trajo cuatro décadas de relativa paz a un país marcado por una larga historia de revoluciones y guerras civiles. Sin embargo, la estabilidad se pagó con el cierre de todos los canales políticos para propiciar un cambio. Cuando los nicaragüenses decidieron que ya estaban hartos, no encontraron otra alternativa que el derrocamiento violento de la dictadura. Frente a un pueblo insurrecto, Anastasio Somoza Debayle —último de su clan en el poder— se rehusó a renunciar e intentó aferrarse al poder con fuerza bruta. En las vísperas de su derrocamiento en julio de 1979, aproximadamente 40.000 nicaragüenses murieron. Ortega, figura clave del Frente Sandinista de Liberación Nacional que tumbó a Somoza, sabe muy bien cómo termina este cuento.

Los nicaragüenses tienen un derecho humano fundamental de expresarse libremente y de elegir a sus líderes de gobierno. Al violar esos derechos, mostrando una indiferencia despiadada a la vida humana, Ortega y su esposa se han demostrado incapaces de gobernar democráticamente.

El pueblo en la calle, mientras tanto, ha demostrado que la indiferencia se acabó. El gobierno no ha podido impedir que caigan los rótulos y propagandas, incluyendo algunos de los estridentes “árboles de la vida”, las enormes estructuras metálicas erguidas en las calles por Murillo como símbolos del mandato divino de su gobierno.

Nicaragua nunca volverá a ser la misma. Ortega y Murillo tendrán que reconocer que cualquier solución realista y sostenible a esta crisis tendrá que contemplar el fin de sus pretensiones de establecer otra dictadura dinástica, como la que asesinó a mi abuelo.

Para romper el ciclo histórico de autoritarismo, guerra civil e intervención extranjera, todo diálogo que surja como resultado de esta crisis debe responder a esta nueva realidad y orientarse hacia un retorno a la democracia. La comunidad internacional debe exigir que los responsables de los crímenes causados por la represión rindan cuentas y que todos los sectores de la sociedad nicaragüense —sobre todo los universitarios y los jóvenes que dieron inicio a este momento de cambio— sean representados en la mesa de negociación.

Para mí, la política nicaragüense es un asunto personal. Pero igual lo es para todos mis compatriotas que han perdido seres queridos en luchas pasadas y presentes en búsqueda del país que ellos merecen.

No se detendrán hasta que se les devuelvan sus derechos y logren justicia para sus muertos.

Mateo Jarquín Chamorro es historiador nicaragüense y candidato al doctorado en Harvard.