El cóndor y sus gallizazos

El argentino Carlos Alberto Maguid fue secuestrado en Lima, Perú, el 12 de abril de 1977. Al momento de su captura, gozaba de asilo político en el país, trabajaba en la Universidad Católica y esperaba su segundo hijo. Según el diario Página 12, en una céntrica parada de autobús, cuatro oficiales del ejército peruano metieron a Maguid en un Volkswagen blanco y lo llevaron al ministerio de Guerra, donde lo esperaban sus paisanos militares. Está poco claro si fue ejecutado en el Perú o llevado a Argentina. Solo sabemos que nunca conoció a su hijo.

Las montoneras María Inés Raverta y Noemí Esther Gianetti de Molfino fueron secuestradas en la misma ciudad tres años después, el 12 de junio de 1980. A la primera se la llevaron a plena luz del día del parque Kennedy de Miraflores. A la segunda, la sacaron a rastras del departamento que ocupaba en la calle Madrid. Ambas fueron llevadas al recreo militar de Playa Hondable, 50 kilómetros al norte de Lima, y entregadas a militares argentinos. Su sesión de torturas incluyó descargas eléctricas en la vagina, ahogamientos en el mar, palizas y un suplicio al estilo Tupac Amaru con vehículos en vez de caballos. Después, Raverta fue entregada por las autoridades peruanas en la frontera con Bolivia. Nunca más se supo de ella. A Molfino la pasearon un poco más: su cadáver apareció semanas después en un hotel de Madrid.

El presidente peruano de entonces, general Francisco Morales Bermúdez, ha sido condenado esta semana a cadena perpetua por un tribunal italiano por participar en la Operación Cóndor, la coordinación de las dictaduras sudamericanas de los años 70 para ayudarse entre ellas a perseguir —y borrar del mapa— a sus enemigos políticos. El tribunal lo encuentra culpable, junto con otros siete militares de cuatro países, de participar en el secuestro y asesinato de 42 personas, entre ellas 20 argentinos con pasaporte italiano, en el marco de ese plan.

El general admite los hechos. En el libro de Ricardo Uceda Muerte en el pentagonito, confiesa que fue informado y decidió “capturar y extrañar” a montoneros como Raverta. Ahí mismo admite su responsabilidad otro de los condenados peruanos, el general Pedro Richter Prada, ex comandante general del Ejército, ex presidente del Consejo de Ministros y ex ministro de Guerra. Sin embargo, Morales Bermúdez se ha mostrado consternado por la condena a cadena perpetua. Según él, ningún documento oficial demuestra que el Perú formase parte de la Operación Cóndor.

Su descargo es tan retorcido que casi resulta cómico. Evidentemente, los dictadores no acudieron a un notario a dar fe de sus intenciones. Con el mismo argumento, se habría librado Pinochet.

Lo definitivo es que los propios acusados han aceptado, muchos periodistas han documentado y hasta la agencia de inteligencia de Estados Unidos ha establecido que el Gobierno del general Morales Bermúdez cooperó con otra dictadura en crímenes contra los derechos humanos, permitiendo el ingreso de oficiales extranjeros en territorio nacional, apoyando la persecución de civiles a balazos por las calles de Lima, facilitando la tortura en instalaciones del Estado peruano y ocultando la desaparición forzada.

Eso es la Operación Cóndor. A María Inés Raverta, mientras le metían una picana en los genitales, nadie le preguntó: “¿Bajo qué convenio desea ser masacrada?” “¿Le gusta Cóndor o prefiere una desaparición estándar?”

La familia del general Morales Bermúdez ha destacado que su padre no fue un asesino como los regímenes militares del Cono Sur de esa década. Por el contrario, Morales Bermúdez convocó a elecciones y permitió un regreso civilizado del Perú a la democracia. Es verdad. Afortunadamente, su Gobierno no fue una dictadura atrozmente criminal. Sin embargo, colaboró con las que lo eran. Puedes ser un trabajador honrado, un estupendo padre de familia y un benefactor de la comunidad. Pero si eres cómplice de un crimen, solo uno, a pesar de todas tus cualidades, tienes que ir a la cárcel.

Ahora bien, precisamente cárcel es lo que no les tocará a los generales peruanos. Han sido juzgados en ausencia, algo que la normativa de mi país prohíbe, y a ningún Estado le gusta entregar a sus ciudadanos a tribunales extranjeros, menos aún si son mayores de 90 años. Mientras al general no le dé por hacer turismo en Roma, no parece que deba preocuparse por esta sentencia.

El sentido de su condena está más en el futuro que en el pasado. Pretende transmitir un mensaje a los gobernantes que se sientan tentados a pisotear los derechos humanos: podrán ser juzgados. Siempre. Incluso después de 40 años. Incluso a 12.000 kilómetros. Incluso si solo mataron poquito, o ayudaron a matar poquito, si no fueron cóndores sino gallinazos. Sin duda, es un mensaje molesto para el general y sus parientes. Pero es una noticia muy buena para la democracia peruana. Y para todas las demás.

Santiago Roncagliolo es escritor. En su libro ‘La pena máxima’ (Alfaguara) se ocupó de la Operación Cóndor.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *