Volvamos un segundo a cualquier noche de mayo. La del 10, por ejemplo, un domingo de soledad lunar en Buenos Aires. Bajo los reflectores, la Avenida General Paz —una autopista normalmente abarrotada que marca el límite entre la ciudad y la provincia— era un desierto color grafito. Hasta ese momento, las autoridades argentinas reportaban 6,034 contagios y 305 muertes por COVID-19. El confinamiento ya pesaba, pero el acatamiento de la cuarentena era altísimo, y con las cifras sanitarias bajo control —en contraste con los estallidos de otras partes del mundo—, pocos cuestionaban su pertinencia.
Era el tiempo en que el presidente Alberto Fernández proyectaba filminas acerca de cómo el país había contenido la propagación del virus gracias a la rapidez de las medidas de restricción. En los anuncios lo acompañaban el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (de su mismo espacio político, el peronista Frente de Todos), y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (del partido opositor Juntos por el Cambio, comandado por el expresidente Mauricio Macri). Los líderes se mostraban unidos para enfrentar al “enemigo invisible”, como rezaba una publicidad de YPF, la petrolera estatal, entre la intensidad biológica paranoide y la superstición triunfal.
Cinco meses más tarde, el paisaje es completamente distinto. La cifra de fallecidos en la Argentina ronda los 29,000 y la cantidad de infectados superó la semana pasada la frontera simbólica del millón. Sin embargo, la Avenida General Paz ya no está vacía en ningún horario y los trenes, en teoría solo habilitados para personal esencial, viajan otra vez repletos. Aun con aperturas progresivas, las medidas de aislamiento cumplirán 232 días el 8 de noviembre, cuando venza el plazo de la última extensión. Fernández ya no hace sus anuncios con Rodríguez Larreta (el quiebre se produjo luego de que el gobierno nacional le restó recursos federales a la Capital) ni expone las métricas en PowerPoint. El presidente parece condenado a repetir un estribillo gastado: “Quédense en casa, por favor”, un mantra en el que ya nadie cree y que sobrevive en los afiches desteñidos y en los spots de marcas que no actualizaron sus campañas de comunicación.
En un paisaje de caída económica y tensión política permanente, la cuarentena argentina —que está entre las más largas y estrictas del mundo— pasó a ser una especie de concepto fantasmal, el botín de una guerra de discursos: el gobierno la extiende cada un par de semanas al mismo tiempo que la niega. “Debemos seguir con la cuarentena..”., dijo Fernández el viernes pasado en la provincia de Misiones y luego se corrigió: “... que no es cuarentena tampoco, es un mecanismo de aislamiento para algunos y de distanciamiento para otros”.
Mientras tanto, el virus sigue su itinerario. Desde las primeras semanas de septiembre, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (donde vive 40% de la población), los contagios han disminuido sostenidamente: la Capital, que a fines de agosto tocó un pico de 1,500 nuevos casos diarios, hoy está por debajo de 500. Pero los números aumentaron de manera drástica en las provincias. En la intersección de una meseta metropolitana alta y una atomización de focos en el interior, la Argentina encabezó durante semanas el ranking global de muertos diarios por millón de habitantes, y se ubicó en el 11º lugar del recuento histórico, detrás del Reino Unido.
Frente a ese panorama, los sectores opuestos al gobierno de Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner —invisible en la tormenta hasta el lunes, cuando publicó una carta en la que respalda al presidente al mismo tiempo que filtra críticas sobre su gestión y evidencia la distancia entre ellos— creen ver consumada su profecía: ¿Para qué cerramos la economía si terminamos entre los países más dañados del mundo?
Con las primeras medidas, el gobierno logró demorar la expansión del virus y preparar el sistema de salud para que no colapsara. Pero las limitaciones del plan quedaron expuestas cuando la gente necesitó salir. Los índices de positividad comenzaron a rondar el 50%, lo que reveló que se estaba testeando poco y mal. Después del éxito de esa contención temprana, el gobierno falló en la tarea de segmentar los aislamientos y el rastreo de contactos para una etapa de circulación inevitablemente alta.
Los problemas específicos de la Argentina —caída de reservas del Banco Central, devaluación irrefrenable del peso, inflación extraordinaria, recesión sostenida desde 2018, 40.9% de la población bajo la línea de pobreza— se superponen con los problemas globales de este 2020 de pesadilla. En la discusión pública, los primeros y los segundos se van mezclando. Fue un año mágico para aquellos que tienden a nacionalizar todos los dramas, aun los universales. Si uno se deja llevar por el debate en las pantallas y en las mesas de las veredas, creería que la cuarentena es un gólem peronista que nos asfixia o nos protege, según quien se pronuncie.
En las últimas horas, después de la semana con mayor cantidad de contagios a nivel global, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió “terminar” con la politización de la pandemia. En los países con divisiones políticas fuertes, dijo, se propagó la confusión y se multiplicaron los casos. El asunto es que no existe un botón rojo para apagar el conflicto: la gestión de una epidemia expone las visiones y las limitaciones más profundas de una nación. La Argentina pandémica merodeó la fantasía del acuerdo y el control, y terminó en la disputa y el desborde. Pasó de las autopistas solitarias a los trenes llenos de trabajadores que no pueden optar por el home office. Es el camino que va del pánico al acostumbramiento, que no es lo mismo que normalidad.
Pablo Plotkin es periodista y escritor. Dirigió la edición argentina de la revista ‘Rolling Stone’. Es autor de la novela ‘Un futuro radiante’.