Por LLuís de Carreras, profesor de Derecho de la Información URL y UOC (EL PERIODICO, 14/03/05):
Después de una atenta lectura de los 229 folios del Informe para la reforma de los medios de comunicación públicos del Estado, observo, desde mi modesta opinión, que tiene aspectos positivos, otros discutibles y otros (planteamiento económico e independencia del poder político) son negativos. Entre los aspectos positivos, cabe destacar que una buena parte del Informe se dedica al diagnóstico de las causas del deterioro progresivo de RTVE, su marco legal obsoleto, la gubernamentalización de la gestión y su asfixiante déficit económico, que es un buen punto de partida para proponer la reforma. También contiene una buena definición de la misión de servicio público y el establecimiento de indicadores para el control y verificación de su cumplimiento cuando se ponga en marcha la reforma. La inclusión en el Informe de la necesidad urgente de constituir un Consejo Audiovisual independiente sobre el que pivote la regulación y el control del sector es importante, puesto que no puede concebirse el futuro de los medios audiovisuales sin este instrumento experimentado con éxito en la Unión Europea y en más de 70 países del mundo.
En los aspectos funcionales, es interesante y oportuno el sistema que se propone de establecer un mandato-marco de 9 años, en el que se definan los objetivos generales del servicio público y las fuentes de financiación, y unos contratos-programa trianuales que justifiquen y cuantifiquen las previsiones económicas concretas. Sin embargo, la aplicación de este bagaje positivo a la reforma de RTVE es francamente discutible cuando el comité de sabios lanza propuestas para el desarrollo de las entidades dependientes: el modelo de las diversas emisoras de RNE; ciertas obligaciones en la elaboración de producción propia en televisión; el mantenimiento --previa transformación-- de organismos como el Instituto Oficial de Radio y Televisión o la Orquesta y Coros de RTVE; la propuesta de nueva oferta de canales temáticos como el Canal Ibervisión de difusión de programas iberoamericanos.
No me parece lógico encorsetarlo todo en una ley, puesto que se trata de cuestiones de gestión empresarial en un mundo que cambia incesantemente. Pero lo más discutible, es que todas estas previsiones no están económicamente cuantificadas y pueden conducir a un nuevo colapso financiero de RTVE, a la que -paradójicamente- se le niega la posibilidad de acudir al endeudamiento, limitando así su capacidad competitiva en el sector.
Uno de los aspectos más negativos del informe es el planteamiento económico. Se establece un sistema de financiación sin la más mínima justificación de su viabilidad, que parece surgido más de opiniones personales, que de un riguroso estudio económico. Entre otras consideraciones, ni se proponen medidas para reducir el déficit económico, ni se prevé la recomposición de una plantilla de personal hoy notoriamente sobredimensionada. Tampoco se distingue entre la financiación de la programación de servicio público y la meramente comercial, como obliga el Tratado de Amsterdam. Ni se plantea el destino de numerosos centros obsoletos o en desuso repartidos por todo el territorio. El otro aspecto negativo, más grave desde el punto de vista democrático, es el sistema que se prevé para independizar RTVE del poder político. Por más que el informe asegure que va en esa línea, un estudio atento de la propuesta nos dice lo contrario. Nada va a cambiar sustancialmente, solamente la forma, incluyendo los concursos y comparecencias públicas.
La razón básica es que el Consejo Audiovisual será elegido por dos tercios de diputados del Congreso, lo que asegura el sistema de cuotas partidistas, como ocurre hoy en Catalunya, donde se ha nombrado a exparlamentarios o exaltos cargos a los que se busca acomodo tras su cese. Y porque el Consejo de Administración de RTVE será designado por el Congreso, el Senado y el propio Consejo Audiovisual, es decir, por los pactos parlamentarios, a los que se añaden dos puestos para los sindicatos mayoritarios del Ente, que propician la preponderancia permanente de la izquierda en el organismo.
Se ha demostrado que cuando los miembros de los entes independientes son elegidos por los parlamentos --habitualmente por consenso--, los designados responden a cuotas políticas y se comportan como tales, a pesar de su estatuto de nombramiento irrevocable por más de una legislatura.
En los principales países europeos, el Parlamento como tal no interviene, la libertad de expresión y de comunicar y recibir información se considera que es de los ciudadanos y, en consecuencia, no ha de estar controlada por el poder. Hay diversas fórmulas, que el informe ni menciona, ni contempla. Y es que cuando se trata de los medios de comunicación, nuestra izquierda es tan de derechas, como la derecha.