El consenso y la reforma constitucional

La Constitución no puede ser reformada sin consenso. Varios dirigentes del PP aducen este argumento, desde hace ya meses, cuando se les sugiere que tal vez una reforma constitucional podría ser una salida, interesante para todas las partes implicadas, a la actual crisis territorial. Así lo dijo el propio Rajoy en el debate del pasado 8 de abril en el Congreso y Cospedal lo viene diciendo desde hace ya meses. Es cierto que parece aventurado —en realidad es formalmente imposible— intentar una reforma de la parte dura de la Constitución sin un amplio consenso, pero al decir esto el PP no aporta nada que no sepamos ni que no esté ya escrito en la Constitución, es decir, el procedimiento de reforma es muy exigente en lo que se refiere a las mayorías requeridas. Desde este punto de vista, las declaraciones de los dirigentes del PP son triviales y poco informativas: nos basta con leer la Constitución para saber que así están las cosas.

Pero en realidad este tipo de declaraciones no son tan banales como aparentan. Cuando Rajoy o Cospedal dicen que “no hay consenso” para la reforma de la Constitución quieren dar a entender que se trata de un hecho que poco o nada tiene que ver con ellos. Su objetivo es simplemente describir una realidad que —parecen sostener— les es ajena: no existe el grado suficiente de acuerdo para iniciar un proceso de reforma, “la voluntad de los españoles” no pasa por una reforma constitucional. Intentan decir algo así como “mirad, en realidad éste no es necesariamente nuestro sentir; nosotros nos limitamos a transmitir la voluntad del pueblo español”. De esta forma, renuncian a responsabilizarse por el momento de la parálisis que se vive y hacen como si la falta de consenso fuera algo que ocurriera en un universo paralelo en el que ellos no viven.

Sin embargo, esto es meridianamente falso. Cuando una de las partes necesarias para la reforma, como lo es el PP, dice que no hay consenso está llevando a cabo un acto constitutivo: no existe consenso precisamente porque ellos afirman que no hay consenso. Es como si alguien en el altar, cuando le preguntan si quiere casarse, respondiera “no” e intentara hacer creer que es el público asistente el que no quiere que tenga lugar el matrimonio. No hay matrimonio porque esa persona dice que no quiere casarse, y por ninguna otra razón; y no hay reforma de la Constitución porque el PP dice que no hay reforma de la Constitución. Ergo: es precisamente porque el PP dice que no quiere la reforma de la Constitución que no hay consenso, y no viceversa, como sugieren Rajoy y Cospedal.

No son novedad las trampas argumentativas en el discurso de algunos políticos, así como tampoco es noticia el cinismo con el que tratan a la ciudadanía. Pongo un ejemplo reciente de ello que, según algunos, se encuentra en la génesis de la actual crisis territorial. El PP impulsó por toda España una campaña de recogida de firmas contra la reforma del Estatut de 2006. Al parecer, era el pueblo español el que pedía a gritos una campaña de este tipo. El PP se limitó a poner los medios para que el pueblo español pudiera expresar su malestar. Aun admitiendo que parte de la ciudadanía española estuviera molesta por ese proceso, no cabe duda de que al poner en marcha esa campaña de recogida de firmas ese malestar se multiplicó, y no sólo eso, sino que, al intervenir el PP, ese discurso se legitimó institucionalmente. No estoy criticando exactamente la campaña del PP, que formaba parte de sus opciones —aunque en mi opinión fue totalmente irresponsable al atizar el fuego del sentimiento identitario y, de esta manera, la confrontación entre territorios—, sólo quiero hacer notar que eso que el PP llama “la voluntad de los españoles” está moldeada por sus intervenciones en la arena pública. “La voluntad de los españoles” es la que es en buena medida porque el PP proporciona ideas concretas y mensajes determinados a la ciudadanía. Por otra parte, esto no es exclusivo del PP. Todos los partidos influyen, o al menos lo intentan, en el ideario político de la ciudadanía. Lo peculiar del PP, al menos en el asunto de reforma de la Constitución, es que hagan pasar su posición por algo que les es ajeno.

Sería oportuno que Rajoy o Cospedal, cuando abordan esta cuestión, entonaran de manera diáfana su posición: “No va a haber reforma de la Constitución porque nosotros no queremos que la haya; ésta, y no otra, es la razón por la que no hay consenso”. No se ve por qué no deberían hacerlo, ya que ésta es una posición tan legítima como cualquier otra. En mi opinión, se trata de una posición suicida, pero como tal políticamente legítima. El problema, en todo caso, es que el nefasto inmovilismo de Rajoy, además de suicida para sus propios intereses, puede arrastrarnos a todos hacia un lugar del que sea difícil salir sin rasguños.

Pau Luque es investigador en Filosofía del derecho en la Universidad Federico II de Nápoles

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