En estos momentos en España está en debate el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Como en algunos otros grandes asuntos que tiene pendiente nuestro país, la actual escasez de recursos económicos, las diferentes tensiones soberanistas e incluso los conflictos en el seno de las grandes formaciones políticas distorsionan el adecuado cauce por el que debe discurrir un sereno análisis de las funciones y competencias públicas y su sostenimiento económico.
En este atormentado contexto no faltan quienes, para querer obtener ventaja política rápida y fácil, arremeten contra un tercero sin argumentar suficientemente sus afirmaciones y sin reparar en las consecuencias de sus ligerezas.
Algo así ha ocurrido con quienes se han apresurado a criticar el régimen foral de Navarra expresado en su Convenio Económico.
La Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra (lo que para el resto de comunidades significa el estatuto de autonomía) señala en su primer artículo que «Navarra constituye una Comunidad Foral, con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la Nación española y solidaria con todos sus pueblos».
Y el Convenio Económico plasma esa solidaridad de Navarra con el resto de España. Por ello, bien podríamos desde Navarra zanjar esta cuestión emplazando al dirigente del Partido Socialista de Cataluña que ha puesto en cuestión la solidaridad del pueblo navarro a que plantee la inclusión en el Estatuto catalán de una definición tan precisa y comprometida con los pueblos de la Nación española como la expresada en el amejoramiento foral.
Sin embargo, considero más aconsejable expresar con argumentos y razones que nuestro Convenio Económico, además de ser para Navarra un derecho histórico irrenunciable, es un sistema beneficioso no sólo para la Comunidad Foral, sino también para el conjunto de España.
Frente a los continuos alardes y provocaciones de los nacionalistas, esa gran mayoría de navarros que a lo largo de la Historia se han sentido españoles optaron tradicionalmente por defender sus derechos y ser solidarios con el resto de la nación, y fueron articulando esta estrecha relación a través del pacto o convenio en las distintas épocas y regímenes que ha atravesado el viejo Reyno de Navarra en España.
En unos momentos en los que se cuestionan tantas cosas en nuestro país, y desde el convencimiento de que los males de la nación no son en absoluto achacables a la vigencia del derecho foral, bueno será hacer pedagogía y comenzar por aclarar que lo que nos permite el Convenio Económico es recaudar nuestros propios impuestos y aportar al resto de España la parte que nos corresponde de los gastos generales del Estado: 551 millones de euros este año, el 18% de nuestro presupuesto de ingresos fiscales.
Nadie que conozca de verdad el sistema de Convenio puede decir que Navarra es insolidaria con el resto de España. La Comunidad Foral ha aportado en los últimos cinco años una media de 500 millones de euros al Estado como contribución a los gastos comunes de todos. Navarra aporta en función de la renta, es decir, en términos tributarios, de su capacidad económica, lo cual hace que en este caso exista la deseada progresividad en la que quien más tiene más pague. No paga por población, lo cual le saldría bastante más barato. Si los navarros sólo somos el 1,3% de los españoles, y nuestra riqueza un 1,6% de la nacional, aportamos sin embargo el 2,15% de nuestro PIB regional a los gastos comunes.
El último estudio que trató de calcular cuánto contribuían las distintas comunidades autónomas al Estado se hizo en 2008 por el Gobierno de España. El propio estudio puso de manifiesto la práctica imposibilidad de establecer un método indiscutible para este cálculo; tan es así, que se hicieron seis métodos distintos con sus diferentes resultados. Pero en todos ellos, el resultado siempre es que Navarra es una contribuyente neta al conjunto de España.
Las balanzas fiscales que elaboraron los técnicos del Ministerio de Economía echaron por tierra muchos mitos y pusieron a cada comunidad en su sitio. Navarra apareció como la quinta comunidad que más contribuye al funcionamiento del Estado. En España, sólo seis comunidades somos contribuyentes netas al funcionamiento del Estado, otras tres empatan, es decir, aportan casi lo mismo que reciben, y otras 10 son receptoras netas de aportaciones económicas del Estado.
Somos la tercera comunidad autónoma más pequeña en número de habitantes pero la quinta que más contribuye.
Navarra ha afrontado siempre en solitario su mayoría de edad fiscal. Gestionamos y recaudamos nuestros ingresos y gestionamos y pagamos nuestros gastos. Cuando el viento sopla favorable, Navarra intenta gestionar lo mejor posible su régimen y crear riqueza. Cuando la tormenta se cierne y descarga su furia con toda su crudeza, Navarra está bastante más sola que el resto de comunidades, que gozan de un abrigo mayor con el Estado. A esto le llamamos el «riesgo unilateral» del régimen de Convenio, lo cual, según dicen, parece que retrajo a Cataluña en su momento de aceptar un régimen como el nuestro.
Los datos rigurosos ponen a cada uno en su sitio. Cae el mito de que Navarra es una comunidad privilegiada por nuestro régimen de convenio y por nuestra autonomía fiscal. Todo lo contrario. A pesar de nuestro tamaño, nuestra economía es puntera, nuestra sociedad desarrollada y contribuimos de manera significativa al funcionamiento del resto del país. En tiempos tan difíciles como los actuales y en los que nuestros ingresos públicos se desploman, Navarra ni acude al Estado para que le saque las castañas del fuego ni echa la culpa a otros con argumentos demagógicos. Lo que hace Navarra es tomar medidas para reducir estructuras, como por ejemplo con la reducción de nuestras sociedades públicas, que en 2011 eran 38, pasaron a 13 y ahora estamos en el camino para dejarlas en ocho.
Navarra no derrocha sus recursos, porque tenemos muy claro que no son otros que los impuestos que recaudamos a nuestros ciudadanos y hay que ser sumamente responsables y saber administrarlos. Navarra renunció a tener, por ejemplo, televisiones gubernamentales o nutridas embajadas en el exterior. Navarra no dedica ingentes compromisos de gasto público para inflar el sentimiento autonómico o nacionalista. Navarra no utiliza su autogobierno con fines independentistas, ni para realizar una competencia desleal a España y al conjunto de sus comunidades autónomas con medidas fiscales que la diferencien. No. Navarra no hace dumping fiscal. De hecho, hemos perdido atractivo fiscal con la restauración del impuesto del patrimonio que aprobó el Parlamento foral, mientras en otras comunidades autónomas carecen de ese impuesto.
Aquí no hay más truco que los navarros y navarras trabajan y pagan sus impuestos con una presión fiscal equivalente a la del resto de España, incluso más progresiva a la del resto del Estado. Que hay una exigente y rigurosa acción contra el fraude fiscal, como lo avalan los casi 162 millones, el 5,42% de la recaudación líquida del año (2.978 millones de euros), que recuperó el pasado año nuestra Hacienda Tributaria mediante las medidas ejercidas en la campaña contra el fraude fiscal. Que hemos conseguido un envidiable equilibrio territorial. Que tenemos una sociedad exigente y una Administración, siempre mejorable, pero que ha gastado con más eficacia que otras. Que tenemos un régimen de Convenio que permite compensar lo que Navarra aporta al Estado con lo que el Estado aporta a Navarra, teniendo además un margen a favor del resto de comunidades.
Sin duda el convenio económico y el régimen foral navarro es bueno para Navarra y bueno para el resto de España.
Por eso, cuando se habla de que todos los territorios deben ser solidarios, no puedo estar más de acuerdo. Y acto seguido hay que decir que Navarra lo ha sido, lo es y lo será.
Navarra no utiliza su autogobierno y su régimen de Convenio para restar a España, sino para sumar.
Yolanda Barcina es la presidenta de Navarra.