Un gran avance de la política social en la pasada legislatura, la Ley de Dependencia, puede convertirse en un problema añadido para el Ejecutivo durante el presente ejercicio. Todos los que estamos vinculados a los servicios sociales vimos esperanzados el nuevo impulso (otro brote verde) que Trinidad Jiménez pudiera darle a este asunto pero, tampoco nos engañemos, un cambio de personas y de estructuras ministeriales no modifica per se el desafiante panorama que tenemos por delante.
Es un clamor la inequidad en la aplicación de la ley por comunidades autónomas. Es también una durísima realidad que miles de personas dependientes no vean satisfechas sus expectativas y además sean objeto de escarnios administrativos, retrasos injustificables o inexistencia de servicios adecuados, lo que nos lleva al abuso de las prestaciones económicas: la paguita de la dependencia que la ley recogía como excepcional. Asistimos a esperpentos como el del gran dependiente para el que se determinó una prestación económica de un céntimo al mes, o el sangrante caso publicado en este diario de la niña con parálisis cerebral cuyo expediente se suspende por la administración madrileña "hasta que la solicitante se encuentre en situación médica estable" (¡?).
Sobre la Ley de Dependencia hay tres hechos importantes que conviene recordar:
1. Las prestaciones y servicios contemplados son los propios del sistema de servicios sociales. La norma no contiene ni una sola prestación o servicio que proceda del sistema sanitario.
2. Los servicios sociales (cuarto pilar del Estado de bienestar hasta la modificación unilateral del concepto que practicó el ministro Caldera) son competencia autonómica. Es decir, hay 17 sistemas de servicios sociales en España que han de adaptarse para garantizar unos mismos derechos a todos los ciudadanos en una cabriola coreográfica poco menos que imposible de acompasar. Diecisiete solistas, por buenos que sean, no forman un coro bien empastado de la noche a la mañana, y mucho menos si no acostumbran a cantar juntos.
3. El desarrollo de los servicios sociales en España ha sido muy precario si nos comparamos con algunos de nuestros vecinos europeos. Un ejemplo: la cobertura de la Ayuda a Domicilio en España apenas llega al 4%, con una boyante intensidad media de cuatro horas semanales de atención. En Dinamarca es del 30% y para nuestros vecinos franceses es del 12,5%, con intensidades medias que no bajan de las 10 horas semanales.
Los servicios sociales en España han sido tratados como una cuestión menor y de segundo rango político. Están mal financiados (paréntesis para aplaudir el denodado esfuerzo de los ayuntamientos) y en demasiadas ocasiones están dirigidos por gabinetes autonómicos de tecnócratas que poco o nada saben de la materia.
Aún así, este debilitado sistema de servicios sociales previene y atiende situaciones individuales y familiares de dificultad; desarrolla políticas de inserción laboral de personas en peligro de exclusión; interviene en la protección de menores y de otros colectivos vulnerables como son las mujeres maltratadas; orienta y asesora las adopciones nacionales o internacionales; atiende a necesidades específicas de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial; coopera con servicios de vivienda, salud o educación; atiende a los mayores que -en muchos casos y afortunadamente- no alcanzan a ser calificados como dependientes; atiende, asesora y presta servicios diversos a la población inmigrante... y así, un largo etcétera. ¿No son todas estas cuestiones de Estado?
Trinidad Jiménez y su coro de 17 solistas autonómicos tienen ante sí enormes retos en esta materia:
Deben aprovechar la oportunidad que brinda esta ley para impulsar un sistema público de servicios sociales que se acerque a ser tan universal y normalizado como el sanitario (envidia de muchos) o el educativo.
Debe acompasar el coro de los 17 solistas para que la cantata de la dependencia suene aceptablemente bien, cumpliendo los tempos marcados en la partitura y sin que unas voces destaquen sobre otras, o desafinen estrepitosamente, como ahora ocurre. Pero también debe dirigir el coro con el gusto y la flexibilidad que toda interpretación musical requiere. Sensibilidad -creemos- no le falta.
Debe trabajar al unísono con los demás directores ministeriales (Salgado, Blanco o Chaves), porque la aportación de su coro a la sinfonía de la salida de la crisis es fundamental en el último movimiento: el de la creación de empleo y la generación de riqueza. Su Ministerio no es una rémora de gasto para el Estado. Muy al contrario, la inversión decidida en protección social, en nuevos equipamientos y servicios, es vital en este momento en el que lo público tiene que abrirse paso y recuperar lo que el mercadeo libre ha destruido.
No es tiempo para las estridencias musicales. Es tiempo para la búsqueda de armonías de Estado, con altura de miras por parte de todos los agentes autonómicos implicados. Los ciudadanos y las ciudadanas, dependientes o no, deseamos oír -hartos de ruidos pero aún esperanzados- un concierto memorable.
Luis Alberto Barriga Martín, trabajador social de la Asociación Estatal de Directores-as y Gerentes de Servicios Sociales.