El COVID-19 en América Latina: desafíos políticos, retos para los sistemas sanitarios e incertidumbre económica

Tema

Este documento analiza cómo afronta América Latina la crisis del coronavirus y qué consecuencias políticas, sanitarias y económico-sociales puede acarrear para la región y sus respectivos países la expansión de la pandemia.

Resumen

El COVID-19, tras su aparición en Asia, vive hoy su máximo desarrollo en Europa y todo apunta a que el próximo capítulo se podría escribir en América Latina (además de en África). La pandemia llega a una región que cuenta con ventajas para combatir la enfermedad: está aprendiendo de las experiencias ajenas y ha tomado drásticas medidas mucho antes que asiáticos y europeos. Sin embargo, también tiene evidentes desventajas. Por un lado, una parte de América del Sur, a diferencia de México y América Central y el Caribe, se dirige hacia el invierno austral –lo cual, teóricamente, favorece la expansión del virus–. Por el otro, dado su menor crecimiento económico, afronta la crisis con peores herramientas, fundamentalmente, con escasas infraestructuras sanitarias, en plena desaceleración económica y con gobiernos políticamente débiles y con poco margen para incrementar el gasto público.

Análisis

¿Cuál será el impacto del COVID-19, o coronavirus, en América Latina, sus sociedades, sus gobiernos y sus economías? ¿Será muy diferente a lo ocurrido en el resto del mundo o podrá distinguirse algún tipo de respuesta regional, más allá de las limitaciones existentes en muchos países por sus sistemas públicos de salud bastante escasos en recursos? En América Latina está empezando la pandemia de coronavirus que paralizó China entre diciembre y marzo y que está golpeando Europa desde febrero. Sin embargo, visto como se ha desarrollado la enfermedad, todo apunta a que en pocas semanas, cuando China pueda dar por superada la crisis y la UE vea declinar la pandemia, el COVID-19 viva su máxima expansión en una región latinoamericana que, en su parte sur, camina hacia el invierno austral.

En toda Latinoamérica hay más de 820 casos registrados. Hasta el lunes 16 de marzo a las 20:00, las cifras muestran un rápido crecimiento con respecto al fin de semana y los números son los que se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Cifras de contagiados y muertos en los países de América
País 14 de marzo 2020 16 de marzo de 2020
Contagiados Muertos Contagiados Muertos
EEUU 2.340 50 4.252 75
Canadá 200 1 376 4
Brasil 151 0 234 0
Chile 3 0 156 0
Perú 38 0 86 0
Panamá 36 1 55 1
Argentina 34 2 56 2
Ecuador 26 1 58 2
Costa Rica 26 0 35 0
Colombia 16 0 54 0
México 15 0 53 0
R. Dominicana 11 0 21 0
Bolivia 10 0 11 0
Jamaica 8 0 15 0
Guayana Francesa 6 0 11 0
Martinica 6 0 15 0
Paraguay 6 0 8 0
Reunión 5 0 9 0
Cuba 4 0 4 0
Uruguay 4 0 4 0
Puerto Rico 3 0 5 0
Aruba 2 0 2 0
Honduras 2 0 6 0
Trinidad y Tobago 2 0 6 0
Venezuela 2 0 17 0
Guyana 1 0 7 1
Guatemala 1 0 8 1
Surinam 1 0 1 0
Curazao 2 0
Santa Lucía 2 0
San Martín 2 0
Islas Caimán 1 1
Antigua y Barbuda 1 0
Bahamas 1 0
San Vicente y Granadinas 1 0
Surinam 1 0
Guadalupe 6 0
Total 2.999 55 5.584 87
Total sin EEUU-Canadá y Caribe 433 4 821 7

Esta expansión del coronavirus y su llegada y crecimiento en América Latina debe contemplarse desde tres ámbitos diferentes que se interrelacionan e influyen unos en otros: el político, el sanitario y el económico-social. Sus efectos en América Latina implican un incremento de la incertidumbre económica que corre en paralelo con un aumento de las tensiones políticas y sociales al escalar la presión sobre las administraciones públicas en general y los sistemas sanitarios en particular.

(1) Una prueba de estrés para los gobiernos y de liderazgo para los presidentes

La expansión de la pandemia por América Latina va a tener una primera derivada de tipo político, además de las lógicas implicaciones económicas, sociales y sanitarias. La crisis se da en un momento de profunda debilidad de la mayoría de los gobiernos de la región que no han conseguido encauzar, de forma adecuada, en los años recientes, las demandas sociales de las clases medias emergentes. Y no lo han hecho, precisamente, en una de las áreas que se va a poner más a prueba en esta crisis: los servicios públicos, especialmente el sanitario. Junto con el estancamiento económico y la existencia de unas administraciones ineficientes y penetradas por la corrupción, el mal funcionamiento de esos servicios públicos (en el área de salud, además de educación, transporte y seguridad ciudadana) explica la creciente desafección popular que desembocó a finales de 2019 en una serie de estallidos sociales que cambiaron el rumbo de numerosos gobiernos en la región (Ecuador paralizó un plan de ajuste y Chile inició un proceso de cambio constitucional) o incluso provocaron su caída (Bolivia).

Esos gobiernos tendrán que afrontar la crisis del coronavirus estando lastrados por unos aparatos del Estado con graves problemas de funcionamiento (mal financiados y, en algunos casos, con escaso personal, sin medios y sin formación). Desde un punto de vista político, muchos ejecutivos poseen un escaso liderazgo social (Chile), afrontan una nueva crisis económica de enorme magnitud (Argentina), se encuentran en el tramo final de sus mandatos (Perú y Ecuador), se enfrentan a una campaña electoral muy polarizada (Bolivia) o cuentan con unas administraciones públicas muy débiles (la mayoría de Centroamérica y el Caribe) o están sumidos en un fuerte deterioro institucional y económico (Nicaragua y Venezuela) o son Estados fallidos (Haití). Las dos grandes potencias regionales (México y Brasil) serán las más afectadas por la extensión del coronavirus. Brasil es ya el país con mayor número de infectados y en el caso de México uno de sus grandes riesgos es su cercanía a EEUU y su rápido ritmo de propagación de la enfermedad.

A esto se agrega la inexistencia de una efectiva coordinación supranacional. Por un lado, el Consejo Sudamericano de Defensa, dependiente de Unasur, atraviesa la misma crisis terminal que la organización nodriza. Por la otra, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), integrante del sistema panamericano al igual que la OEA, de momento está jugando un papel muy limitado. A partir de la próxima semana la OPS enviará misiones de apoyo a aquellos países que “conllevan un mayor riesgo”, como Haití y Venezuela. El listado incluye además a Surinam, Guyana, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Bolivia y Paraguay, así como las islas del Caribe oriental. Sin embargo, hasta la fecha no se ha activado ningún mecanismo interregional o hemisférico para afrontar el problema que se mantiene en niveles estrictamente nacionales, como en la mayor parte del planeta. Sin embargo, han comenzado a activarse algunos mecanismos de contactos informales entre gobiernos, como la video conferencia mantenida por los presidentes de Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay más el ministro de Exteriores de Brasil.

Pese a todo, la lejanía y el aislamiento geográfico han jugado, hasta ahora, a favor de América Latina cuyos gobiernos se han podido beneficiar de la experiencia de lo ocurrido en Asia y Europa. Esto ha facilitado a las autoridades reaccionar antes y tomar medidas drásticas con mayor antelación. Perú, con 71 casos, es el país que ha tomado medidas más duras. El gobierno de Vizcarra decretó este domingo una cuarentena general, así como el cierre de sus fronteras durante 15 días para combatir la pandemia: han quedado restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional.

Con 45 casos, Argentina suspendió las clases en todos los niveles y canceló los vuelos a Europa, EEUU y otros países de alta exposición. En Chile se suspendieron las clases antes de llegar a los 75 afectados. Uruguay destaca por su rapidez: con sólo seis casos suspendió las clases. También sobresalen en este aspecto dos países centroamericanos que, conscientes de la endeblez de su sistema sanitario, han activado medidas de protección con un solo caso (Guatemala) o ninguno (El Salvador). El presidente guatemalteco Alejandro Giammattei suspendió las actividades de más de 100 personas, así como las clases a todo nivel, y el salvadoreño Nayib Bukele ordenó a las autoridades de Protección Civil y del Ministerio de Salud prohibir las aglomeraciones de más de 75 personas y logró que la Asamblea Legislativa –mayoritariamente opositora– aprobara el estado de emergencia nacional por 30 días.

Con 10 casos, en Bolivia la presidenta provisional Jeanine Áñez prohibió la entrada al país de pasajeros procedentes de China, Corea, Italia y España, suspendió las clases hasta fines de marzo y prohibió eventos de más de 1.000 personas. En Ecuador, tras la confirmación de la segunda víctima mortal relacionada con el COVID-19 y 28 casos, se anunciaron más medidas como la prohibición del ingreso de extranjeros vía aérea, marítima y terrestre. También se cerraron pasos fronterizos, unido a la clausura de eventos públicos masivos.

Con 24 casos en Colombia, el país cerró la frontera con Venezuela y restringió el ingreso de extranjeros que hubieran permanecido durante los últimos 14 días en países de Europa o Asia, y los colombianos que regresan de esos lugares deben someterse a 14 días de aislamiento preventivo y se cancelaron todos los eventos públicos de más de 500 personas. En el caso colombiano, el cierre de las fronteras con Venezuela tenderá a agravar, con toda seguridad, los efectos de la que hasta ahora es la mayor crisis regional, la migratoria.

En México, con 41 infectados, el gobierno anunció una serie de medidas para mitigar la expansión de la epidemia de coronavirus: se han adelantado y alargado las vacaciones de Semana Santa desde el viernes 20 de marzo hasta el 20 de abril, lo que significa la suspensión de clases para más de 30 millones de estudiantes. A esto se suma la sugerencia de cancelar los eventos de más de 5.000 personas y la recomendación de suspender las actividades no esenciales, además de fomentar el teletrabajo entre el 23 de marzo y el 19 de abril.

En Brasil, pese a tener el mayor número de contagiados, la toma de decisiones ha ido más lenta, dado el cierto menosprecio con la enfermedad por parte del presidente Bolsonaro. Tras su visita a Mar-a-Lago para reunirse con Donald Trump, cuatro miembros de la delegación oficial, entre ellos el secretario de comunicación, Fabio Wajngarten, y el embajador en Washington, Nestor Forster, dieron positivo. Incluso el propio presidente se sometió al test, aunque tras un confuso episodio se anunció su negativo. Tras el importante avance del número de contagiados, el gobierno federal ha decidido que cada estado y ciudad sea responsable de tomar las medidas que considere pertinentes. Por ahora, no parece que el mandatario esté dispuesto a tomar medidas de carácter general: incluso Bolsonaro ha rechazado la decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) de suspender todos sus torneos para evitar la expansión del contagio y ha acusado a la CBF de caer “en la histeria y yo no quiero eso”.

Por la magnitud de lo que está ocurriendo y por la tradición presidencialista latinoamericana, los diferentes mandatarios han asumido una elevada exposición pública y un gran protagonismo, así como la dirección directa de la crisis que se avecina. Va a ser, por lo tanto, una prueba de liderazgo para unos mandatarios cuya popularidad y respaldo social no pasa por su mejor momento (por ejemplo, el chileno Piñera cuenta con solo un 10% de apoyo en las encuestas). Además, en muchos casos no tienen una red protectora al no poseer estos países unos sistemas administrativos y sanitarios eficaces y eficientes. Esta extremada personalización en la dirección de la crisis es una apuesta arriesgada: por un lado, tiene la virtud de construir un liderazgo fácil de percibir en torno a una figura paternal reconocible que sirve como punto de unión y ancla para la sociedad en un momento de gran incertidumbre. Sin embargo, por otro lado, expone al presidente a un claro riesgo: el de que, en caso de que la situación empeore, todo el desgaste recaiga sobre su persona, ahondando los actuales problemas de descrédito institucional e ingobernabilidad que arrastran los países latinoamericanos. Argentina es un caso particular dado el soterrado enfrentamiento que mantiene el presidente Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para Fernández una gestión positiva de la crisis le permitiría consolidar su papel al frente del gobierno.

La crisis del coronavirus incidirá también en las elecciones, al ocurrir en un período de relativamente alta actividad electoral. La pandemia ya ha provocado que las elecciones municipales en Paraguay se pospongan: los comicios para elegir intendentes y miembros de juntas municipales para 2020-2025 que se iban a realizar en fechas próximas se aplazaron del 8 al 28 de noviembre, mientras que el momento para que los partidos elijan a sus candidatos a intendentes y concejales municipales se trasladó del 12 de julio al 2 de agosto. No ha ocurrido lo mismo con la repetición de las elecciones municipales dominicanas de este domingo, en un país que aún suma muy pocos casos pero que tiene en perspectiva unas elecciones presidenciales en mayo cuando la situación pueda haber empeorado. De igual forma, entre abril y mayo, cuando quizá la pandemia experimente su pico más alto en América Latina, están previstas elecciones presidenciales en Bolivia (3 de mayo) y el plebiscito sobre el cambio constitucional en Chile (26 de abril), con América del Sur más cercana al invierno. Ya se está planteando la posibilidad de aplazar esa consulta, así como las elecciones municipales en Uruguay previstas para el 10 de mayo.

(2) La situación sanitaria ante el coronavirus

En el caso de que crezca el brote de COVID-19 en América Latina y el Caribe, el impacto podría ser significativo con la posibilidad de que los servicios de salud se vean colapsados por una gran demanda de atención hospitalaria en los servicios especializados y en los cuidados intensivos. Ante la expansión de virus, la región cuenta con fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas destaca el tiempo y las enseñanzas acumuladas en estos tres meses. El tiempo de más se ha tenido gracias a la barrera de contención que han supuesto los océanos Pacífico y Atlántico y la distancia respecto a los hechos que ocurrían en Asia y en Europa. Ese tiempo ha sido precioso para no repetir los errores (se ha acelerado la toma de decisiones drásticas e implementado medidas de estricto control).

También ayuda la estructura demográfica, con poblaciones mayoritariamente jóvenes, lo que a priori podría jugar a favor de una menor presencia de casos más graves. Finalmente, y pese a la estructura crecientemente urbanizada de América Latina y pese a que los mejores y más eficientes hospitales y servicios sanitarios se concentran en las capitales y las principales ciudades, en las regiones menos pobladas la baja densidad permite aumentar la distancia social y, por ende, ralentizar el contagio.

La OPS recomendó a los países que intensifiquen sus planes de preparación y respuesta al COVID-19 ante la aparición de nuevos casos, a la vez destacó que “los países de las Américas se han estado preparando, por varias semanas, para la posible importación de nuevos casos… Existen medidas para detectar, diagnosticar y atender a los pacientes con la enfermedad. Poner un fuerte énfasis en detener la transmisión sigue siendo un objetivo importante al tiempo que reconocemos que la situación puede variar de un país a otro y puede requerir respuestas específicas”.

La región, sin embargo, afronta esta pandemia con varios talones de Aquiles: en especial las carencias en infraestructura sanitaria y capacidad financiera. Todos sus sistemas de salud aspiran a una cobertura universal, pero en la práctica la mayoría sólo ofrece una cobertura parcial, como señala un informe de 2019 de la London School of Economics. Sólo Costa Rica y Uruguay cumplen con la recomendación de la OMS de que los países de ingresos medios y medio-altos inviertan el 6% del PIB en atención médica. México y Perú apenas llegan a la mitad de esa cifra. Y si bien algunos países tienen larga experiencia y cercana en cuanto a la lucha contra enfermedades contagiosas como la chikunguya, el zika, el dengue o incluso en México la gripe A (H1N1), lo que les ha obligado a mejorar sus sistemas de vigilancia en salud pública, la mayoría cuenta con pocos laboratorios con capacidad de realizar pruebas para detectar casos en menos de 24 horas o centros e institutos para investigaciones en campo de los infectados con el virus, que le dan autonomía para detectarlo y actuar al respecto. No se trata tanto de investigar en lo relativo a la fabricación de vacunas sino de trabajar en la búsqueda de tratamientos que permitan curar o frenar la transmisión del virus.

Dado que la clave frente al COVID-19 no es concentrarse en impedir su inevitable llegada sino en prepararse para limitar su expansión de manera adecuada, una buena respuesta pasa por contar con los medios suficientes: el fortalecimiento de la vigilancia, la preparación de los servicios de salud, la prevención de la propagación y el mantenimiento de los servicios esenciales para ralentizar la transmisión y salvar vidas. Es en esos ámbitos donde la situación sanitaria latinoamericana, muy dispar y heterogénea de país a país, encuentra sus principales puntos débiles. El más grave problema es que a muchos de los sistemas sanitarios de la región les falta infraestructura y recursos para enfrentarse a la veloz expansión del nuevo virus. Por las características de la enfermedad, de baja letalidad pero altamente contagiosa, se requieren lugares adecuados no sólo para la atención de los pacientes, sino para su aislamiento. En muchos países existen graves carencias en cuanto a espacios de aislamiento: los cuartos de aislamiento para infecciones transmitidas por vía aérea y la infraestructura hospitalaria.

El Índice Global de Seguridad Sanitaria apunta a que el poder de protección de dichos sistemas es, a escala general, de nivel medio, con cuatro países situados en la clasificación de “peor preparado” (Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela).

Venezuela está entre las 20 naciones peor preparadas para afrontar la propagación de una epidemia, mientras que Guatemala, Haití, Honduras y Guyana tienen una alta vulnerabilidad ante nuevas emergencias. El resto de países poseen carencias menos pronunciadas, lo que pondrá a prueba la capacidad de sus sistemas de salud con déficit de camas y servicios de urgencia. Un trabajo de The Lancet destaca como la mortalidad aumenta en aquellos lugares con mayor incidencia de casos y cuando el sistema se satura. Ante la carencia de infraestructuras, medios humanos, técnicos y financieros, el riesgo de saturación sanitaria en América Latina es mayor y ahí es donde aparecen las mayores debilidades de la región. El número de camas de hospital por habitante es muy bajo: los países mejor posicionados (Cuba y Argentina) multiplican por cinco a los peor situados (Guatemala está por debajo de 1) aunque sólo cinco de los mejor posicionados en cuanto a camas muestra una alta seguridad sanitaria global.

Los países que tienen un grado de seguridad y equipamiento superior a la media están en Norteamérica (EEUU y Canadá) y el Cono Sur (Argentina, Uruguay, Brasil y Chile). En el otro extremo la situación más preocupante es la de América Central, excepto Panamá. Si bien no parece ser una infección con un alto grado de mortandad, sí es un síndrome altamente contagioso, lo cual va a poner seriamente a prueba los sistemas sanitarios de Latinoamérica que, además, se acercan a un invierno donde presumiblemente el virus estará más activo.

(3) Restricciones al crecimiento económico que, de agravarse, podrían dar lugar a situaciones de recesión

La pandemia del coronavirus, que ha hundido las bolsas europeas y la estadounidense (así como las asiáticas y las latinoamericanas), derrumbado los precios de las materias primas, en especial el petróleo, y paralizado la expansión económica china y de la UE va a causar renovadas y profundas presiones a la baja sobre el crecimiento económico latinoamericano. La magnitud del impacto regional dependerá del tiempo que tarde China en regresar a la normalidad (una vez allí controlada, como parece, la epidemia) y de cómo evolucione el virus en EEUU y en la UE que ahora es, según la OMS, “el epicentro de la pandemia”.

De momento, se estima que esta tendrá efectos moderados en América Latina, especialmente en comparación con Asia, pero esto estará condicionado a la duración y la extensión del contagio y al tipo de medidas que se vean forzados a tomar los gobiernos. América Latina no podrá escapar de una caída de su economía arrastrada por la lenta recuperación de la demanda china, por la fuerte crisis europea y una bajada de la demanda estadounidense, todo lo cual se traducirá en la mayor debilidad de los precios de las materias primas, principal exportación de la región. Los países latinoamericanos ya sufren la actual contracción del 2% de la producción de China, a lo que se unirá la más que posible recesión europea (el director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Maarten Verwey, ya ha advertido de que “es muy probable que el crecimiento para la eurozona y la UE en su totalidad caiga muy por debajo de cero este año”) y un parón de la expansión de EEUU, que actualmente crece por encima del 2%.

El impacto será general para toda América Latina: van a ser golpeados tanto los países más vinculados a China (no sólo por la parálisis que ha sufrido el país asiático sino por el tiempo que tarde en regresar el gigante asiático a la normalidad) e igualmente van a sentir los efectos aquellas naciones más vinculadas con la UE o bien con EEUU a través del comercio y el turismo que, al menos, hasta mediados de año van a ver sus economías paralizadas. De todos modos, sería probable que las exportaciones de alimentos sufran menos que la de otros productos primarios, como los energéticos o los minerales.

Las economías de la región más directamente expuestas al impacto económico del declive chino son Brasil, Perú y Chile, por su alta dependencia comercial. Bolivia, Colombia, Ecuador y México tienen una alta exposición a través de los precios de las commodities y la agricultura. China es el mayor socio comercial de Perú (el 23% de exportaciones), Brasil (28%) y Chile (32%). Para Argentina, que dirige a China el 75% de la soja y carne, algunas consultoras estiman una caída del 5% en las exportaciones, equivalente a 3.400 millones de dólares, y una desaceleración del PIB de entre el 0,5%, y el 1,5%. Uruguay, muy dependiente de sus exportaciones de carne, está en una situación similar. México, Colombia y los países centroamericanos y caribeños dependen mucho menos de la de demanda china y el golpe les llegará vía EEUU, a donde, por ejemplo, la nación mexicana exporta el 80% de su producción. La caída de la demanda china y de otros países cuyo crecimiento también se ha ralentizado, junto con la de EEUU y la UE, se traduce en caídas de precios de las materias primas (por ejemplo, cobre y mineral de hierro o el petróleo).

Los precios del petróleo han caído hasta niveles de los años 80. Este derrumbe coloca en dificultades a la gran mayoría de países petroleros en especial a Venezuela, Ecuador, México, Colombia, Brasil y Argentina. Las consecuencias directas son muy concretas: con un valor del barril de crudo en niveles de 33 dólares, el desarrollo del fracking en el yacimiento argentino de Vaca Muerta o la explotación del presal brasileño no son viables, porque el precio no llega a cubrir los costes de producción. Y aún golpea más a países como Venezuela, para el que las exportaciones de crudo suponen más del 90% de sus ingresos legales de exportación. El coronavirus ha golpeado fuertemente a Ecuador, cuyo presupuesto se proyectó con un escenario de 51 dólares por barril y ahora se encuentra por debajo de 35.

La onda expansiva sobre México es aún mucho mayor: el precio del crudo mexicano ha roto el suelo de los 25 dólares y hay previsiones de que, de prolongarse la actual situación por el coronavirus y por las tensiones entre Rusia y Arabia Saudí, la barrera de los 20 dólares podría traspasarse. Un descenso que pondría en riesgo a Pemex, que necesita que el precio medio no baje de los 50 dólares por barril para rentabilizar sus operaciones y para ir enjuagando su deuda, la más elevada del mundo (110.000 millones de dólares). Ahora, el desplome de los precios pone en peligro el equilibro de las finanzas públicas. Los problemas de Pemex poseen una escala nacional porque las transferencias de esta empresa a las finanzas públicas suponen el 18% del presupuesto federal y porque si finalmente las agencias de rating bajan su calificación, esto podría arrastrar a la baja también a la deuda soberana mexicana.

Además de las materias primas, la crisis llega a los países latinoamericanos por otros puntos, como la fuga de capitales. Los países emergentes, desde que se conocieron los primeros contagios fuera de China a mediados de enero, han sufrido una salida de capitales de más de 25.600 millones de euros, según los cálculos del Instituto de Finanzas Internacionales. Unido a la salida de capitales se encuentra el frente monetario. Con el dólar transformado en refugio de la economía mundial, las monedas latinoamericanas se han devaluado. Los países más afectados por la depreciación de su moneda desde que comenzó la propagación del COVID-19 son Brasil, Chile, México, Argentina, Perú y Colombia, nación ésta última en la que el dólar superó el nivel de los 4.000 pesos, la tasa más alta de su historia. Tampoco se puede olvidar la caída de todas las bolsas regionales como las de São Paulo, cuyo índice Bovespa se hundió un 15,6% la semana pasada, cuando debió interrumpir sus sesiones en cuatro ocasiones, al igual que lo tuvo que volver a hacer el lunes 16. Algo similar ocurre con las bolsas de México, Argentina y Colombia.

La evolución de la economía latinoamericana se vincula, por lo tanto, a cómo se comporten las economías de China, la UE y EEUU y a cuánto tarde en disminuir la expansión de la pandemia. El principal riesgo se sitúa en que esta epidemia no sólo alcance mayores niveles de propagación –algo inevitable– sino que su duración se extienda más de lo esperado. Como señala Federico Steinberg en un ARI del Real Instituto Elcano, “todavía es pronto para saber cuál será el impacto económico del COVID-19. La clave estará en si el virus puede controlarse a lo largo del segundo trimestre del año o si, por el contrario, sus efectos son más duraderos. En el primer caso estaríamos ante un impacto suave, en forma de V, que tan solo restaría alguna décima de crecimiento a la producción global. En el segundo, la situación podría ser mucho más complicada, como anticipaba la OCDE al plantear un recorte a la mitad (hasta el 1,5%) del crecimiento mundial en 2020 en el escenario más adverso”.

Esta nueva situación producida por la pandemia no hace sino profundizar la incertidumbre que ya venían padeciendo las economías latinoamericanas, que acumulan desde 2013 un período de desaceleración, estancamiento o crisis.

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, entre 2000 y 2019 el crecimiento anual de América Latina y el Caribe fue de un 1,6% promedio, muy lejos del de otras regiones, incluida África Sub Sahariana (3,5%). En términos per cápita la tasa sería del 0,56%, muy insuficiente para reducir los altos índices de pobreza y desigualdad. La región viene de una situación de estancamiento en 2019: excluyendo Venezuela –cuya economía se habría contraído un 35%– América Latina creció el año pasado un 0,8%. Las previsiones para 2020 indicaban una expansión del 1,8%, pero la crisis del coronavirus hundirá esa perspectiva: la Unidad de Inteligencia de The Economist ha bajado las previsiones a una horquilla de entre el -0,4% y el +0,2% desde su anterior previsión de un 0,9%. El banco de inversión Barclays considera que la economía mexicana registrará una nueva contracción en 2020, del 2%, a causa de la acumulación de tres choques simultáneos: el impacto en las cadenas de valor sobre las manufacturas por la situación de China, el descenso del turismo y el impacto del coronavirus.

La crisis del COVID-19 tiene otra derivada: paraliza aún más la posibilidad de acometer las reformas estructurales que necesita la región para que sus economías sean más productivas y competitivas y no quedar al margen de la actual revolución digital. Hasta ahora, la puesta en marcha de estas transformaciones se había ralentizado debido al intenso período electoral que se ha vivido (2017-2019), la debilidad de los gobiernos surgidos de esos comicios (la mayoría –salvo México–, sin suficiente apoyo parlamentario) y por la fuerte contestación social traducida en los estallidos sociales de finales del año pasado. La crisis en China, EEUU y la UE, más los efectos que todo ello tenga sobre la región, crean un obstáculo añadido para poner en marcha programas de reforma estructural.

Algunos países (Uruguay y Ecuador), de todas maneras, parecen dispuestos a entrar por esa vereda, aunque todo indica que en el caso del país andino es más una reforma mirando a la actual coyuntura de llegada de la pandemia que un intento de tratar de solucionar los grandes problemas estructurales del país. El gobierno de Lenín Moreno anunció la semana pasada tres acciones que incluyen medidas como el ajuste del gasto y el tamaño del Estado y contribuciones temporales, nueva deuda y el alza del 0,75% de las retenciones en el impuesto a la renta en algunas empresas.

En el caso uruguayo, el nuevo gobierno encabezado desde el 1 de marzo por Luis Lacalle Pou ha anunciado un ajuste en las tarifas de los servicios públicos que comenzarán a regir a partir del próximo 1 de abril. Además, se implementará una reducción de la devolución de IVA a las compras con tarjeta de débito y de crédito y al consumo en restaurantes. Si bien es cierto que Uruguay arrastra desde hace años un grave problema de elevado gasto público (tiene el déficit fiscal más elevado de los últimos 30 años, de un 4,6%), no parece que sea este el mejor momento para aplicar un ajuste en medio de la parálisis económica mundial que se avecina por el coronavirus y en una región como la latinoamericana que se perfila como uno de los futuros espacios de próxima expansión del COVID-19.

Conclusiones

El pasado domingo 15 de marzo, en una entrevista en El Tiempo de Bogotá, el presidente Iván Duque fue muy claro al referirse a la crisis a la que se expone su país en particular y la región en general: “El coronavirus es el reto más grande para todos los sistemas de salud del mundo y será especialmente difícil para los países latinoamericanos… nos puede desbordar”. Efectivamente, la región va a afrontar la crisis del coronavirus con indudables desventajas (de medios humanos y materiales, infraestructuras y escasez de recursos, sobre todo, financieros) pero también con algunos puntos a su favor. Ante la posible crisis que se avecina, América Latina tiene que hacer valer su principal ventaja comparativa para compensar sus debilidades estructurales. Y esa principal ventaja comparativa, junto a unas áreas rurales que seguramente por su aislamiento quedarán al margen de la expansión del virus, es el tiempo. El que posee gracias a que a la región ha llegado con retraso el COVID-19 y las administraciones públicas conocen cuáles han sido los aciertos (de China y Corea del Sur) y los errores (en la UE y EEUU) a la hora de afrontar el reto sanitario.

Los países latinoamericanos no tienen medios, recursos, tecnología ni la capacidad de acción para seguir el ejemplo de Corea del Sur: emprender una campaña masiva para examinar a la población, independientemente de si tienen síntomas o no y, en un marco de transparencia absoluta, hacer pruebas masivas para detectar el virus. Lo que sí puede hacer la región es apostar por la toma de medidas más drásticas lo antes posible, ceñidas a la evidencia científica y a la experiencia de otros países que han resultado exitosas para la gestión de los brotes. Se trata de aprovechar este mayor margen de acción que resulta vital para compensar las debilidades que tiene la región en cuanto a medios humanos y técnicos, así como las insuficiencias financieras.

Todo indica que, salvo excepciones, la mayoría de los países han tomado decisiones más drásticas y de forma más acelerada que en la UE o EEUU. Esto resulta clave de cara a ralentizar la expansión del coronavirus y así ganar tiempo para evitar el colapso de unos servicios sanitarios que presentan graves ineficiencias. Aunque no garantiza el éxito.

Carlos Malamud, Investigador principal, Real Instituto Elcano | @CarlosMalamud
Rogelio Núñez, Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano y profesor colaborador del IELAT, Universidad de Alcalá de Henares | @RNCASTELLANO

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