Las comunidades campesinas de Colombia han sufrido décadas de conflicto entre el Ejército, los paramilitares y los grupos guerrilleros, quienes disputan el control de sus territorios, pero las amenazas que enfrentan se han intensificado con la llegada del COVID-19.
En lugar de protegerles ante la pandemia, las autoridades colombianas están invadiendo sus territorios para reanudar la erradicación forzada de los cultivos de coca, la materia prima para elaborar la cocaína. Esto implica exponer al contagio a una población con poco acceso a salud, y quitarles su único modo de subsistencia, mientras cumplen con las órdenes de aislamiento y distanciamiento social. Como si esto no fuera suficientemente grave, las autoridades además están abandonando a las comunidades campesinas a merced de grupos armados que han amenazado con “dar plomo a cualquier persona que resulte sospechosa de contagio con COVID-19”.
A pesar de que varias organizaciones sociales solicitaron la suspensión de la erradicación forzada durante la contingencia, se han ejecutado operativos en siete departamentos del país desde que el gobierno decretó el aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia el 25 de marzo. Organizaciones locales han denunciado que los militares realizaron disparos durante los operativos, y que, en un caso, incluso dispararon contra los cultivadores de coca. Estos operativos socavan los términos del Acuerdo de Paz de 2016, que estableció que la erradicación de cultivos ilícitos debería de ser voluntaria.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha reportado que la Policía y el Ejército han llevado a cabo estas operaciones sin tomar en consideración los protocolos de higiene y salubridad para evitar contagios de COVID-19. De esta manera, están violando el derecho a la salud de las comunidades campesinas, las cuales suelen ser más vulnerables ante la pandemia, al carecer en muchos casos de centros médicos cercanos.
Jani Silva, representante legal de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica en Putumayo, dijo en una entrevista con Amnistía Internacional, organización para la que trabajamos, que las comunidades campesinas de la región pidieron al gobierno “que al menos los militares no se arrimen a las casas cuando van a erradicar los cultivos de coca, pero eso no pasa… los soldados se acercan a las casas de las personas, y ellos vienen de otro lado, pueden estar contaminados y contaminar a las personas.”
Durante el último año, nuestra organización ha visitado varias comunidades campesinas en la selva amazónica de Putumayo y las montañas escarpadas del Catatumbo. En estas regiones, donde hay escasa presencia estatal más allá de los despliegues militares, el mensaje de quienes cultivan de coca es claro: lo hacen porque no les queda de otra. Muchas personas dicen que no quieren sembrar cultivos ilícitos, pero la histórica falta de inversión social y económica en sus comunidades les deja sin alternativa.
“El gobierno no puede decretar el aislamiento social y no garantizar los derechos fundamentales de las comunidades, como lo es el agua, la comida y la salud, a la par que despliega operativos de erradicación forzada de cultivos de coca, que atentan contra nuestra soberanía alimentaria”, dijo María Ciro, miembro del Comité de Integración Social del Catatumbo.
Invadir sus territorios en plena pandemia para erradicar la coca puede ser una sentencia de muerte. Las personas campesinas no solo se enfrentan a perder su única fuente de ingresos, sino también están en riesgo de perder cultivos lícitos durante la erradicación que necesitan para no morir de hambre mientras continúe la contingencia.
Silva advierte que “dejar a las familias desprotegidas del todo, sin ninguna posibilidad de poder defenderse, en un contexto en el que el gobierno no responde por nada, sería catastrófico. Las personas estarían obligadas a desplazarse. ¿Qué va a hacer la gente sin coca, sin plata, sin comida y sin poder salir a trabajar? Con este tema de la pandemia habría una hambruna de muerte”.
Las comunidades campesinas del Catatumbo han protestado pacíficamente para que, al menos durante la emergencia sanitaria, el gobierno detenga los operativos de erradicación de la coca. Pero alzar la voz en Colombia puede costar la vida. El 26 de marzo, la Asociación de Campesinos del Catatumbo acusó al Ejército de la ejecución extrajudicial de Alejandro Carvajal, un joven de 20 años que participaba en las protestas contra la erradicación forzada.
La situación en Putumayo es igual de grave. El 19 de marzo, hombres armados asesinaron a Marco Rivadeneira, defensor de los derechos de comunidades campesinas, quien promovía la sustitución de cultivos en la región. En total, al menos 14 personas han sido asesinadas en Putumayo durante la cuarentena.
A sus 56 años, Silva es muy consciente de los riesgos que corre el campesinado. Creció a puertas de la Amazonia, rodeada por aguas cristalinas, árboles grandes y animales salvajes, pero tuvo que mudarse a la ciudad de Puerto Asís tras recibir amenazas relacionadas con su labor como defensora del territorio y del medioambiente. El mes pasado fue advertida sobre un nuevo complot para asesinarla.
“Con esta pandemia nos han dejado claro que el Ejército no garantiza la seguridad de los campesinos, y son los grupos armados quienes manejan el territorio”, dijo Silva, refiriéndose a los actores paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes que operan en Putumayo. “Con las amenazas, y los asesinatos que ha habido en la región, todos tenemos pánico y preocupación, no solo de contraer el virus, sino de que lo maten”.
Ante este panorama aterrador, el gobierno colombiano debe suspender inmediatamente las operaciones de erradicación de cultivos de coca y tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de la población campesina a la salud y a la vida. La pandemia del COVID-19 no es un pretexto para violar los derechos humanos de nadie.
Duncan Tucker es el jefe de medios para las Américas de Amnistía Internacional. Daniela Camacho es la encargada de campañas para Colombia de Amnistía Internacional.