Cinco años después del inicio de la Primavera Árabe, Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez han alcanzado niveles aceptables de estabilidad política. Sin embargo, su crecimiento sigue siendo débil y el Fondo Monetario Internacional no espera que su expansión supere el 1,5% per cápita este año. Cabría preguntarse las razones, dado el gran potencial de desarrollo y la abundante fuerza laboral joven con que cuenta la región.
Una explicación obvia sería que, a pesar de los importantes avances en la creación de gobiernos estables, son países que siguen expuestos a riesgos políticos que ahuyentan a los inversionistas privados. Pero la inversión privada era modesta antes de los levantamientos de 2011, cuando los riesgos ya eran altos. Tiene que haber más motivos.
Si se da una mirada a la historia económica reciente de estos países se puede ver el problema con más profundidad. Los economías de mercado son relativamente nuevas en Oriente Próximo y el Norte de África: sólo surgieron tras los años 80, cuando el modelo de crecimiento dirigido desde el estado colapsó debido a sus problemas de eficiencia y la deuda resultante. No obstante, a diferencia de América Latina y Europa del Este, los países árabes liberalizaron sus economías sin liberalizar sus sistemas políticos. Respaldados por las potencias occidentales, sus autócratas mantenían firmemente las riendas del poder.
Como resultado, a pesar de que las reformas de los años 90 redujeron el papel económico del estado (en Egipto, el gasto estatal bajó del 60% a un 30% del PGB en los años 90), la política seguía determinando a los mercados. Puesto que se repartían privilegios económicos de un modo que bloqueaba el surgimiento de empresarios independientes que pudiesen desafiar el control de los autócratas, las firmas favorecidas lograron el virtual monopolio de amplios sectores económicos recién liberalizados.
Por ejemplo, en Egipto las firmas de 32 empresarios íntimamente vinculados al entonces Presidente Hosni Mubarak recibieron en 2010 más del 80% del crédito destinado al sector privado informal y ganaron un 60% de los beneficios generales del sector, al tiempo que daban empleo a solo un 11% de la fuerza laboral del país. En Túnez, la camarilla del ex Presidente Zine El Abidine Ben Ali recibió un 21% de los beneficios del sector privado en 2010, a pesar de que sus empresas empleaban a apenas un 1% de la fuerza laboral.
No es de sorprender que el sistema haya generado un crecimiento apenas modesto. La lealtad política no se traduce en eficiencia económica, y los leales a los autócratas no lograron crear corporaciones competitivas de primer nivel. Puesto que los potenciales competidores con talento se encontraban en una posición tan desventajosa, nadie se sentía motivado a innovar ni invertir adecuadamente.
Y no eran solamente los sectores que tradicionalmente proporcionan altas rentas (como el inmobiliario o la explotación de recursos naturales) los que no lograron alcanzar su potencial de crecimiento. En los sectores comerciales, como el manufacturero y los servicios públicos, las rentas se generaban a través de protecciones y subsidios no aduaneros, lo que producía un débil crecimiento de las exportaciones.
El resultado fue una escasez de empleos en el sector formal, que raramente ocupaba a más del 20% de la fuerza laboral. Puesto que los pocos buenos puestos de trabajo se reservaban a los grupos favorecidos, cada vez más trabajadores jóvenes y educados tuvieron con conformarse con trabajos de menor calidad en el sector informal. Si a eso se añade la baja calidad del sector servicios, la movilidad social llegó a un punto de parálisis.
La respuesta a la creciente insatisfacción fue más represión. A medida que los riesgos políticos se elevaban, las camarillas de los autócratas exigían mayores utilidades. Finalmente, la falta de capacidad de los regímenes de controlar las manifestaciones callejeras y al sector privado culminó en protestas populares y revoluciones políticas.
Los gobiernos surgidos de las cenizas de la Primavera Árabe heredaron un sistema disfuncional de acuerdos a puertas cerradas. La inadecuada protección de los derechos de propiedad impide el crecimiento, pero en el actual ambiente no es realista plantearse la aplicación justa y eficaz de las reglas, si se consideran la polarización política y los niveles de corrupción de una burocracia mal pagada.
Estos países podrían intentar imitar el éxito económico de Turquía de la primera década de este siglo, cuando la alianza política entre el partido gobernante y una amplia variedad de dinámicas empresas pequeñas y medianas (pymes) contribuyó a la triplicación de las exportaciones. Aquí el desafío sería encontrar inversionistas adecuados que puedan impulsar el crecimiento y crear empleos, más que solamente brindar apoyo político.
En este respecto, Marruecos y Jordania han tenido cierto éxito, ya que sus monarquías han podido disponer de élites que ofrecen tanto obediencia política como sostén económico. Sin embargo, si bien sus gobiernos han logrado ampliar en alguna medida sus coaliciones de negocios, las camarillas rentistas tradicionales limitan las perspectivas de avanzar. Satisfacerlas implica socavar la inversión en los sectores comerciales y obstaculizar el crecimiento de las exportaciones.
Túnez podría imitar parte de la experiencia marroquí y ampliar su sector exportador buscando atraer inversión extranjera directa y abriendo su sector de servicios a las pymes locales. Pero seguiría teniendo que enfrentar el reto de liberalizar su economía ante la creciente presión de los sindicatos para proteger a empresas ineficientes que se pueden ver amenazadas por un mayor nivel de competencia.
Por su parte, Egipto depende de las empresas públicas y privadas cercanas a su Ejército, junto con los fondos del Consejo de Cooperación del Golfo, para apuntalar su economía. Pero esta vía parece cada vez más limitada si se consideran los menores ingresos petroleros del CCG (por no mencionar la desilusión ante su ineficiencia).
En los cuatro países el aumento del empleo seguirá estando limitado en el futuro inmediato. No será fácil mejorar la inclusión económica sin amenazar a los líderes políticos, ya que para ello es necesaria la creación de mecanismos de gobierno más incluyentes. En los casos de Marruecos y Túnez, la convergencia de los intereses de los islamistas moderados y los liberales ofrece un rayo de esperanza. Pero, por el momento, en Egipto y los demás países de la región esa posibilidad parece no existir.
Ishac Diwan is an affiliate at the Belfer Center’s Middle East Initiative at Harvard University and Chaire d’Excellence Monde Arabe at Paris Sciences et Lettres. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen