El crimen organizado en el programa de gobierno del futuro presidente de Brasil

Tema

¿Cuáles son las propuestas electorales en materia de seguridad –en particular en relación con lucha contra el crimen organizado– del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro?

Resumen

Este ARI presenta una evaluación del programa de gobierno sobre el crimen organizado y la seguridad pública de Jair Bolsonaro, elegido presidente de Brasil en segunda vuelta con el 55,13% de los votos válidos (cerca del 39% de los votos totales).

Mucho se ha hablado del nuevo presidente: la prensa ha insistido en resaltar sus manifestaciones homófobas y racistas. Sin embargo, poco se sabe de sus propuestas políticas concretas y aún menos en el ámbito de la seguridad. Este es un tema trascendental considerando que la situación, lejos de mejorar, ha ido empeorando y fortaleciéndose el poder de las bandas criminales. Conviene por ello contemplar las propuestas de seguridad del nuevo presidente y su alcance ante la complejidad de la situación de inseguridad actual.

El programa de gobierno de Bolsonaro en lo referente al crimen organizado y a la seguridad pública no contempla ninguna fórmula novedosa ni original. El planteamiento es meramente represivo, basado en una visión del mundo simplista y simplificadora, compuesta sólo de polaridades, del bien contra el mal, tomados como absolutos, muy en coherencia con la visión de conjunto del nuevo presidente. Los resultados ya se conocen: es muy probable un aumento de la violencia.

Análisis

Introducción

En Brasil, la segunda vuelta de la elección a la presidencia de la República se produjo el domingo 28 de octubre. El objetivo de este texto es presentar las propuestas en el ámbito de la seguridad pública del candidato vencedor Jair Bolsonaro, con énfasis sobre las medidas para el crimen organizado y política de drogas.

Según el Tribunal Superior Electoral, Jair Bolsonaro fue elegido con 57.797.847 votos de un total de 104.838.753 votos válidos. Considerando un electorado de 147.306.294, los votos nulos alcanzaron el 7,43%, casi el doble de la media histórica desde 1989, en las primeras elecciones directas a la presidencia de la República tras el régimen burocrático-autoritario. Si a este porcentaje se suman los votos en blanco (2,14%) y las abstenciones (21,3%), es decir, electores que no asistieron a las urnas, se logra un total del 30,87% del universo electoral que no optó por ninguno de los candidatos. Conviene mencionar que el voto es obligatorio para adultos entre los 18 y 65 años de edad y facultativo entre los comprendidos entre los 16 y 18 años y para los mayores de 65.

Se considera que a la conocida fragmentación partidista –hay 35 partidos políticos registrados en el país, con 13 candidaturas a la presidencia de la República aprobadas– se sumó una polarización semejante a la de las primeras elecciones directas en 1989. Pero el elemento novedoso de estas elecciones es la falta de compromiso con la democracia del candidato vencedor, como sus propios discursos a lo largo de toda su carrera política.

La victoria electoral de Bolsonaro ha ido acompañada de una nueva composición del Congreso Nacional, con un avance sin precedentes del Partido Social Liberal (PSL), que ha apoyado su candidatura. El crecimiento de los diputados es llamativo ya que, de ocho en la anterior legislatura, ahora será una fuerza compuesta por 52, teniendo, por lo tanto, la segunda mayor bancada. No obstante, este ascenso no se ha realizado a costa del Partido del Trabajo (PT). Por el contrario, sigue siendo la fuerza mayoritaria en la Cámara, al conservar 57 diputados, ya que sólo ha perdido cuatro escaños.

Además de señalar el mantenimiento del PT como fuerza mayoritaria, frente a previsiones que auguraban lo contrario, cabe destacar tres características para la próxima legislatura:

  • La renovación, pues de 513 escaños de la Cámara, 243 serán ocupados por diputados electos en la primera legislatura (el 47,3%).
  • La pulverización partidaria, pues las dos mayores bancadas suman 109 escaños, con 30 partidos representados.
  • La militarización, con 22 diputados elegidos que se han declarado militares (fuerzas armadas, policía y bomberos), entre los cuales hay dos generales retirados. Esta militarización se da no sólo en el Legislativo, sino también en el Ejecutivo, dado que cuatro de los 15 Ministerios contemplados en el programa de gobierno estarán dirigidos por militares.

En este nuevo panorama político mucho se ha hablado del nuevo presidente de Brasil. La prensa ha insistido en resaltar sus manifestaciones homófobas y racistas. Sin embargo, poco se sabe de sus propuestas políticas concretas y aún menos en el ámbito de la seguridad. Este es un tema trascendental considerando que la situación, lejos de mejorar, ha ido empeorando y fortaleciéndose el poder de las bandas criminales. Conviene por ello contemplar las propuestas de seguridad del nuevo presidente de Brasil, y su alcance, ante la complejidad de la situación de inseguridad actual.

Crimen organizado y crisis de la seguridad pública

Paralelamente a la crisis política, la crisis económica y su desdoblamiento en crisis social generalizada ha creado una especie de simbiosis del caos, fundamentalmente a partir de 2013. Hay indicadores en el ámbito de la seguridad que se suman a este contexto, muy particularmente en relación con el ámbito de la seguridad pública y el crimen organizado. El actual sistema penitenciario refleja este escenario, con una población carcelaria de al menos el doble de las plazas disponibles –cerca de 726.000 detenidos para 386.000 plazas–, con una media del 40% de detenciones provisionales y en un espectro social mayoritariamente negro y joven, con cerca del 64% y más del 50%, respectivamente, según datos del Levantamiento Nacional de Informaciones Penitenciarias (Infopen) de 2017.

El agotamiento del sistema penitenciario tiene mucho que ver con tres procesos concomitantes, iniciados entre 1980 y 1990. Primero, la adopción y profundización de políticas estatales, especialmente para el tráfico de drogas, basadas en la represión indiscriminada, la criminalización del comercio de pequeñas cantidades de drogas, el encarcelamiento masivo y la militarización policial. En segundo lugar, también data de esta época la transformación de Brasil de principal ruta de transporte de drogas en uno de los mayores mercados, llegando a la segunda posición de consumo de cocaína en 2011. El tercer proceso ha sido el desarrollo de una nueva forma de organización de facciones del crimen organizado.

La nueva forma de organización del crimen organizado, especialmente del Primer Comando de la Capital (PCC), se basa en tres pilares: el primero referente a ser una sociedad estamental y, por lo tanto, basada en el honor –lo que no la diferencia de otras formas tradicionales de organizar el crimen pero que cuenta con un estatuto–; el segundo es relativo a la descentralización del comercio ilegal, de la seguridad y de la aplicación de la justicia para sus miembros y en los lugares de actuación; y, por último, el de la política de experimentación en sus acciones con el mercado legal y el Estado –por ejemplo, ataques contra policías, secuestro de reporteros, corrupción de funcionarios y ocupación de cargos públicos–, en las que las acciones con éxito se mantienen y las fracasadas se eliminan.

En el intento de controlar rebeliones, el gobierno brasileño adoptó como política la transferencia de presos entre centros penitenciarios localizados en diferentes puntos de la federación. Esto permitió, en un primer momento, la coalición entre el PCC, de São Paulo, con el Comando Rojo (CV, la sigla en portugués), de Río de Janeiro, garantizando la cooperación para el mantenimiento relativo de una paz esencial para los negocios de ambas facciones.

Un conjunto de intereses y diferencias internas llevaron al nacimiento de otras facciones, hoy estimadas en más de 80. Las más importantes son, además de las ya mencionadas, la Familia del Norte (FDN), el Tercer Comando de la Capital (TCC), los Amigos de los Amigos (ADA) y el Primer Grupo Catarinense (PGC).

A la disputa por el control del mercado de tráficos ilícitos, con el de las drogas en primer plano, se sumó la falta de políticas públicas de seguridad efectivas, lo que alimentó la crisis penitenciaria, con episodios de escalada de violencia especialmente en el norte y nordeste del país, provocando, a su vez, huelgas de policías que condujeron al envío de tropas militares para controlar la situación. Un buen ejemplo de la profunda crisis política, institucional y de seguridad pública fue una intervención federal en Río de Janeiro encabezada por un general, iniciada el 16 de febrero de este año, en un intento de contener el caos social, la explosión de violencia en el estado y el control de las milicias vinculadas al narcotráfico.

El uso de las fuerzas armadas para misiones internas, apelando a la Ley de Garantía y del Orden (GLO) aprobada por los gobiernos del PT, es cada vez más frecuente. Es un ambiente propicio para la ampliación de la actuación de los militares, como entes decisores, en un gobierno que estará marcado por la presencia de oficiales de las fuerzas armadas en su composición política.

Con estas referencias, se entienden mejor los límites y alcances que pueden tener las propuestas del programa de gobierno del presidente electo en el ámbito de la seguridad pública y de la lucha contra la delincuencia organizada. Como se verá, la elección de Jair Bolsonaro ha representado la consumación del “voto de enojo” en la mayor nación de América del Sur.

Programa de gobierno

El programa de gobierno de Jair Bolsonaro, bajo el nombre El Camino de la Prosperidad, es extenso pero poco sustancial. Son 81 páginas con imágenes y eslóganes pero con poco contenido y escasas fuentes primarias. Su lema, repetido en cada página, es “Brasil por encima de todo. Dios por encima de todos”, un epígrafe de la Biblia, de la conocida estrofa “Y conoceréis la verdad y la verdad os liberará” (Juan 8:32).

La forma en que inició el programa y la estética utilizada dicen mucho acerca de cuál es el público que quiere representar, el mismo al que se ha dirigido Bolsonaro en todos sus discursos: el estrato neoconservador pentecostal de la sociedad, un fenómeno aún por estudiar.

La idea que subyace el programa, un mosaico de imágenes con escasa entidad, es que los males que aquejan a Brasil son consecuencia de políticas indulgentes con el crimen y la corrupción de la izquierda que gobernó el país, proponiendo como solución la “tolerancia cero” hacia cualquier actividad delictiva.

Los valores que dice defender bajo el rubro “la vida es sagrada” se mencionan en letras mayúsculas ya en la página dos: Propiedad Privada y Familia, en este orden. El valor “Libertad” tiene para el presidente electo varias connotaciones, pero fundamentalmente “libertad como elección personal”.

Esta noción está relacionada con la idea de que el pueblo brasileño, hasta el momento, ha subordinado sus opciones a una ideología: “... no permitiremos que Brasil prosiga en el camino de la servidumbre” (p. 7). En un segundo sentido, la “libertad” se asocia con “liberarse” de los males representados por el ciclo de gobierno anterior (p. 5): “Rompiendo el actual ciclo, con Brasil libre de crimen, de la corrupción y de ideologías perversas, habrá estabilidad, riqueza y oportunidades para todos...”. Y otra vez, más adelante: “... Brasil necesita liberarse de los corruptos. ¡El pueblo brasileño necesita ser libre de VERDAD!”. El “crimen” se relaciona a lo largo de todo el programa con la corrupción, que es su origen. Eliminar la corrupción es, por tanto, construir seguridad.

Al evaluar el contexto de inseguridad y criminalidad del país (p. 12) hace referencia al elevado número de homicidios –más de 62.000 por año–. Asimismo, aunque sin fundamentación alguna, relaciona, por un lado, el “más de un millón” de asesinatos con la existencia del Foro de São Paulo (organización de los partidos y movimientos de izquierda de América Latina y el Caribe creada en 1990); por otro, responsabiliza a las “filiales de las FARC” (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) con la introducción y la diseminación del crack (siendo Brasil en la actualidad el mayor mercado consumidor de este derivado de la cocaína) e insiste, nuevamente, en la corrupción como principal amenaza.

Para su diagnóstico de la situación de la seguridad pública, el programa utiliza como fuente un documental de 2017 elaborado por la Red Globo de Televisión, reproduciendo las estadísticas allí presentadas y que comparan el número de muertes en Brasil con las guerras en Oriente Medio. Argumenta que las armas no son el verdadero problema, a pesar de afirmar que las armas de fuego están presentes en siete de cada 10 homicidios. Según el programa electoral, los instrumentos más habituales son los “cuchillos y martillos”. Insistiendo en la disociación de las armas de armas de fuego con la violencia, también se citan ejemplos de países desarrollados que tienen menores restricciones en la adquisición y posesión de armas y presentan un número inferior de homicidios. Una de las pocas fuentes con algún crédito reproducidas en el programa es el Atlas de la Violencia (IBGE, 2018). Sin embargo, únicamente se citan datos aislados y muy particularmente se seleccionan fotos, cuyas imágenes pretenden reforzar la idea sobre la responsabilidad de la izquierda en relación con la criminalidad, tal y como resume la siguiente afirmación: “Coincidentemente, donde participantes del Foro de SP gobiernan, sube (aumenta) la criminalidad”. En el marco de las propuestas, menciona (p. 12), primero, la seguridad, seguida de la educación y la salud, como prioridades y, nuevamente, “la seguridad y el combate contra la corrupción” como “líneas de acción” (p. 22). De forma casi prosaica, uno de los primeros compromisos de Bolsonaro, en cuanto asuma la presidencia, será el de homenajear a aquellos policías muertos en acto de servicio y a sus familias (p. 29).

Por último, para reducir la criminalidad presenta ocho medidas, de las cuales sólo la primera –la inversión en tecnología y equipamiento para la policía– está en línea con lo que aconsejan las organizaciones internacionales. Las otras siete son contrarias no sólo dichas sugerencias, sino también a la política internacional de derechos humanos y la legislación brasileña. Proponiendo soluciones fáciles, indica que acabará con la criminalidad si reduce los derechos de los presos, aumenta las penas y reduce la mayoría de edad penal, arma a los ciudadanos, torna a los policías inmunes a la responsabilidad –reconociendo así que “la vida de un policía vale mucho”–, tipifica como terrorismo a movimientos sociales como el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST), retira de la ley cualquier relativización de la propiedad privada y redirige la “política de derechos humanos para la defensa de las víctimas de la violencia”.

No hay nada sustantivo en relación con la defensa nacional, sólo la exaltación de las fuerzas armadas como bastión de la lucha contra el comunismo. Hay un pasaje en que se compromete con la valorización de las fuerzas por medio de la inversión y de la modernización, pero no especifica ningún proyecto concreto. También afirma que las fuerzas armadas se emplearán para combatir el crimen organizado, pero no especifica si directamente o como apoyo a las demás fuerzas de seguridad. Propone también la implantación de colegios militares en todas las capitales, pero nuevamente no argumenta sobre qué beneficios pudieran derivarse ni presenta proyectos concretos.

Conclusiones

El programa de gobierno de Bolsonaro en lo referente al crimen organizado y a la seguridad pública, aunque no sólo en estos elementos, es producto de una visión del mundo simplista y simplificadora, compuesta sólo de polaridades, del bien contra el mal, tomadas como valores absolutos. De las ocho medidas propuestas, “para reducir los homicidios, robos, estupros y otros crímenes”, sólo una está indicada por los especialistas en seguridad como positiva: “investir fortemente em equipamentos, tecnología, inteligencia e capacidade investigativa das forças policiais”. El resto están contempladas internacionalmente como fracasadas, tales como “acabar com a progressão das penas” para encarcelados, “reducir a maioridade penal para 16 anos”, revocar el Estatuto do Desarmamento –permitiendo la posesión de armas a los ciudadanos–, dar “retaguarda jurídica para policiais” –lo que equivaldría a quedar impunes si provocan muertes por abuso de poder– y “tipificar como terrorismo as invasões de propiedades rurais e urbanas no territorio brasileiro” –una medida vista como una forma de desarticular los movimientos sociales más organizados del país–. Finalmente, se propone el “redirecionamento da política de direitos humanos, priorizando a defesa das vitimas da violencia”, lo que probablemente acabaría degenerando en una violación generalizada de los derechos humanos.

Los asesores del futuro presidente ambicionan para Brasil una “democracia nueva” que adopte una “tercera vía”, libre de “comunismo y de la corrupción del PT” y en la que “no debe haber ninguna restricción a la participación militares en cargos públicos”, pues son “personas muy cualificadas y competentes”. En una entrevista de 2011, István Meszáros afirmó “... Rosa Luxemburgo una vez dijo ‘socialismo o barbarie’. Yo añadiría algo a la frase de Rosa Luxemburgo: ‘barbarie, si tenemos suerte’...”. ¿Seremos los primeros en ver cumplida la profecía?

Víctor Teodoro, Doctorando en Ciencia Política (DCP-USP), becario CAPES y miembro del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional (GEDES-UNESP).
Suzeley Kalil, Profesora asociada de la Universidad Estadual Paulista (UNESP), investigadora Pq-2 del Consejo Nacional de Pesquisa (CNPq) y miembro del Grupo de Estudios de Defensa y Seguridad Internacional (GEDES-UNESP)

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