El abogado y analista José María Ruiz Soroa nos ha recordado no hace mucho a José Ortega y Gasset, que escribió en 1921 lo siguiente: «Oír a vascos y catalanes sostener que son pueblos oprimidos cuando su situación era y es privilegiada, parece grotesco».
Y Ortega añadió: «Pero a quien le interese no tanto juzgar a las gentes como entenderlas, le importa más notar que ese sentimiento es sincero, por muy injustificado que se repute».
Y Ruiz Soroa concluye: «Pues, por lo que a Vasconia se refiere, así seguimos un siglo después: los expertos hacendistas que echan cuentas dirán lo que quieran, pero la gente cree de verdad que paga demasiado por estar en España».
El sistema del cupo no es un invento de la Constitución de 1978 (Disposición adicional 2ª), sino que viene de lejos y consiste -permítaseme la síntesis- en que ellos cobran todos los impuestos y pagan al Estado lo que éste gasta en el País Vasco mediante un cupo. Pero la trampa está en que el cupo no lo calcula una comisión de expertos hacendistas, sino que es el fruto de una negociación entre el Estado y la Comunidad vasca, lo cual ha llevado a que, teniendo competencias más o menos homogéneas y con un esfuerzo fiscal semejante, el sistema foral le suministra a la Administración vasca una sobrefinanciación de los servicios públicos (esencialmente sanidad, enseñanza, ayudas sociales e infraestructuras) que no cesa de crecer cada año y que está por encima del 200 por ciento sobre la media per cápita de las otras comunidades autónomas.
Todo ello lleva a que -tal como escribe Ruiz Soroa- la Comunidad autónoma vasca no participa como contribuyente en el esfuerzo nacional de redistribución interterritorial, cosa que sí hacen otras comunidades de renta similar, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que aporta un porcentaje significativo de sus recursos fiscales a los fondos nacionales. De esta forma, el País Vasco se ahorra el equivalente al 5% de su PIB. Ahorro que no hace sino crecer desde hace años.
¿Cómo es posible semejante abuso? Pues porque los sucesivos gobiernos han considerado que era un asunto menor y que era bueno «pactar», «negociar». Y negociar significa que se tengan en cuenta toda clase de argumentos, y no sólo ni principalmente los técnicos. Y en la relación Euskadi-Estado ha habido siempre muchísima política por medio: «Yo te doy un voto a ti y tú me das más dinero a mí». Y eso fue lo que le pasó a Rajoy, que les otorgó un cuponazo a cambio de su voto favorable a los presupuestos, lo cual no le impidió al PNV votar en contra de Rajoy y a favor de Sánchez pocos meses después, cuando se presentó la moción de censura, en una muestra patente de la palabra dada de estos aprovechateguis.
Además, esa negociación del cupo ha sido y sigue siendo opaca y, una vez aprobado, ese cupo se prorroga indefinidamente si no hay un nuevo acuerdo para renovarlo. Para más inri, el cupo pasa a ser ley, pero en lectura única, lo cual elimina cualquier posibilidad de que los españoles sepamos qué hay detrás de este auténtico trágala.
Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una negociación entre dos poderes públicos sea secreta?
A propósito de la ley del cupo vasco se ha vuelto a plantear la evidente contradicción que existe entre la Disposición Adicional Primera de la Constitución española, que ampara «los derechos históricos» vascos, y el artículo 138.2 de esa Constitución, según el cual las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Y si este sistema del cupo no es un privilegio, ¿qué es entonces?
Sea como sea, casi todo el mundo critica hoy esta «asimetría» vasco-navarra, pero nadie o casi nadie ha recordado que a esta anomalía financiera se añade otra. ¿Cuál? Pues las pensiones, que son deficitarias en el conjunto de España y aún más en el norte. Esos déficits se cubren con los impuestos que pagamos todos los españoles. ¿Todos? Pues no. Los que residen en territorios forales no pagan ni un solo euro para cubrir el déficit que las pensiones generan allí. El mantenimiento de la Caja Única de la Seguridad Social no debería suponer que los territorios forales no cubran sus propios déficits.
Con datos de 2019 (último año normal), habría que bajar las pensiones vascas más de un 30% para que sus cotizaciones cubrieran el pago de las más de 350.000 pensiones de jubilación que allí se perciben. En otras palabras: cada pensión que se paga en el País Vasco genera casi 6.000 euros anuales de déficit a la Seguridad Social que apoquinamos vía impuestos todos los españoles… menos los vascos.
A esos déficits no aluden jamás los «finos» economistas que peroran al servicio del separatismo, cantando y contando las delicias de la independencia. Mentiras que en román paladino se traducen en ese mantra según el cual «España nos roba». Pues no.
Por todo lo antedicho, un gobierno constitucionalista -como debería ser el español- tendría que presentar en las Cortes un proyecto de ley que regulara el cálculo del cupo vasco, de suerte que ese cálculo fuera realizado por técnicos especialistas en Fiscalidad y Economía, tres nombrados por el Gobierno nacional y dos por el Gobierno vasco. Dicha ley debería dejar claro que el déficit que pudieran generar las pensiones en el País Vasco se cubriría con los impuestos que allí se pagan.
Sé muy bien que este asunto es tabú y que ningún partido que presente listas en las elecciones vascas querrá saber nada de él (ahí está el ejemplo de Ciudadanos, que lo planteó en su día y se hundió electoralmente en el País Vasco). Mas, sea como sea, es un asunto tan escandaloso que un Gobierno decente -si eso fuera posible- no debería mantener jamás.
Joaquín Leguina fue presidente de la Comunidad de Madrid.