El daño de la discordia regulatoria

En la sopa de letras de las instituciones involucradas en la regulación de los mercados financieros globales, el FMLC -el Comité de Legislación para los Mercados Financieros- no es muy prominente. Considerando que sólo tiene sede en Londres, al haber nacido de una iniciativa del Banco de Inglaterra hace 20 años, y que la mayor parte de sus miembros son abogados, la mayoría de los bancos ni siquiera han oído hablar de él (aunque algunos de ellos están representados en su Consejo). Pero los servicios ofrecidos por el FMLC nunca han sido más necesarios.

La misión del FMLC consiste en identificar y proponer soluciones para cuestiones de incertidumbre legal en los mercados financieros que podrían crear riesgos en el futuro. Como demostró un documento reciente del FMLC, la ola de nuevas regulaciones implementadas desde la crisis financiera global -muchas de las cuales estuvieron mal planeadas o fueron inconsistentes en los diferentes países- ha dado lugar a un panorama embrollado de incertidumbres legales.

Consideremos los requerimientos de capital de los bancos. El Acuerdo de Basilea III, cuya aceptación aumentó la liquidez de todos los bancos y disminuyó su apalancamiento, es visto como un patrón firme en algunas partes del mundo. Pero, en otras, se lo considera como un estándar mínimo al que pueden sumarse reglas adicionales. Esa “súper-equivalencia” o, más coloquialmente, “enchapado en oro” crea inconsistencias en las diferentes jurisdicciones, facilitando con ello el arbitraje regulatorio.

Del mismo modo, la Unión Europea, a diferencia de Estados Unidos, considera el ratio de apalancamiento como un extra opcional de supervisión, conocido como un “pilar 2” (que permite a los supervisores agregar fondos de capital adicionales para encarar los riesgos idiosincráticos de un banco en particular). Y si bien tanto Estados Unidos como la UE prohíben las operaciones bursátiles por cuenta propia, cada uno las define de manera diferente.

También existen inconsistencias entre Estados Unidos y la UE en cuanto a la reforma del mercado de derivados que, según advirtió el Consejo de Estabilidad Financiera, podría minar los objetivos, fijados por el G-20, de una mayor estandarización de los contratos y una mayor transparencia. Y, mientras que los estándares de Basilea siguen refiriéndose ampliamente a las calificaciones de crédito como la base para evaluar la capacidad de endeudamiento de los prestatarios, la Ley Dodd-Frank en Estados Unidos se aleja de la dependencia de las calificaciones.

Esas diferencias -y el Consejo del FMLC enumera muchas más- reflejan un cambio peligroso en la estrategia del mundo frente a la regulación. El entusiasmo post-crisis inicial por normas regulatorias nuevas y acordadas globalmente ha cedido lugar a una variedad de iniciativas nacionales, impulsadas por agendas políticas domésticas, que poco tienen en cuenta la compatibilidad transfronteriza.

Más problemático aún, los procedimientos de revisión por pares que se han introducido hasta el momento harán poco, si es que hacen algo, para resolver el problema. Tampoco los memorandos de entendimiento redactados por los reguladores financieros nacionales ofrecen esperanza de salvación. Según el documento del FMLC, “suelen ser objeto de desacuerdo interpretativo, no son legalmente vinculantes, no se benefician de los mecanismos de resolución de disputas vinculantes y no impiden que las autoridades nacionales actúen unilateralmente”.

¿Qué se puede hacer entonces? El FMLC hace cuatro recomendaciones importantes.

Primero, el Consejo de Estabilidad Financiera debería ayudar a reducir las inconsistencias evitables entre los países difundiendo un conjunto de principios de alto nivel que todos los países miembro deberían acatar al introducir nuevas regulaciones. De hecho, la necesidad de esos principios debería haberse reconocido en 2009, cuando comenzó la ola de re-regulación.

Segundo, para abordar los conflictos regulatorios existentes, el FMLC recomienda establecer un marco de “conflicto de regulación” para determinar qué régimen legal -el del país de origen de una empresa global o el del país anfitrión de su subsidiaria local- tiene jurisdicción en una disputa transfronteriza específica. La alternativa de confiar en una organización multilateral externa que actúe como mediador en este tipo de disputas, explica el informe, cuenta con escaso apoyo de los países del G-20.

Tercero, el FMLC propone expandir el mandato del Consejo de Estabilidad Financiera. Ese organismo, que surgió del antiguo Foro de Estabilidad Financiera en 2009 con escasos poderes y ningún status formal, recién hace poco se convirtió en una entidad legal separada. El fortalecimiento de sus poderes -para incluir, por ejemplo, el establecimiento de principios para abordar las inconsistencias legales transfronterizas- podría contribuir a garantizar que se puedan resolver los problemas planteados por las disparidades regulatorias.

Finalmente, el FMLC exige el establecimiento de una secretaría permanente del G-20 para mejorar la continuidad y la coordinación entre las presidencias del G-20. Tal como están las cosas, las prioridades políticas evolucionan constantemente y los expedientes individuales pierden su centralidad y hasta desaparecen de un año al otro.

La incertidumbre regulatoria tal vez no parezca el tema más emocionante de todos, razón por la cual, quizás, el informe del FMLC atrajo tan poca atención. Pero, como demostró descarnadamente la crisis financiera global de 2008, puede hacer que los mercados se vuelvan disfuncionales y que la ambigüedad sobre las responsabilidades de los diferentes reguladores torne difícil, y hasta imposible, abordar los problemas causados por las firmas en quiebra. (La memoria sobre la crisis del ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Tim Geithner esclarece este punto de manera dolorosa).

Cuando presidí el organismo regulatorio del Reino Unido, la Autoridad de Servicios Financieros, creía en la idea de que los abogados deberían estar a disposición, no al mando. Pero siempre se los debe escuchar. Los abogados influyentes del FMLC han hablado. El mundo debería prestar atención.

Howard Davies, a professor at Sciences Po in Paris, was the first chairman of the United Kingdom’s Financial Services Authority (1997-2003). He was Director of the London School of Economics (2003-11) and served as Deputy Governor of the Bank of England and Director-General of the Confederation of British Industry.

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