Para Barcelona y más
El problema del agua ha vuelto al primer plano de la actualidad política al hilo de una situación de grave emergencia como es el riesgo cierto de desabastecimiento del área metropolitana de Barcelona y su entorno que, a fecha de hoy, no tiene la plena seguridad de un suministro estable y garantizado en el próximo futuro. Para abordar el problema, además de otras medidas de orden interno ya adoptadas o en estudio por la Administración catalana, se ha propuesto la prolongación hasta Barcelona del ya existente trasvase del Ebro a Tarragona.
En los años 70, Tarragona vivía una situación de escasez y deterioro de sus disponibilidades hídricas. Sustentadas éstas en acuíferos sobreexplotados o salinizados, había que sustituirlos por otros recursos alternativos, suprimiendo la sobreexplotación y garantizando y mejorando la calidad del suministro. Para ello se aprobó la Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en Tarragona, que autorizaba el trasvase desde el Ebro a dicha provincia con un máximo de 4 m3/s. Este minitrasvase del Ebro lleva en funcionamiento casi 20 años. En la actualidad los volúmenes concedidos suponen la disponibilidad efectiva de unos 120 hm3/año, de los que Tarragona está consumiendo unos 70-80, por lo que existe un remanente de la concesión de 40-50 hm3/año, no utilizados pero reservados para las futuras necesidades de la provincia.
A la vista de estas circunstancias, en la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001 se consideró ampliar este trasvase a Barcelona de forma temporal mientras se desarrollaba el ramal norte del PHN, con el que se podría incluso compartir parte de la infraestructura. Así se dispondría a corto plazo de una importante seguridad adicional para Barcelona, mientras se desarrollaba a medio plazo el nuevo ramal, que retornaría la reserva a Tarragona y podría incluso complementarla. Para ello se acordó llevar a cabo la habilitación legal y la programación de la infraestructura correspondiente.
La habilitación legal se llevó a cabo en la Ley del PHN, modificando la ley del minitrasvase añadiendo dos palabras «...y Barcelona», de forma que se ampliaba el ámbito de aplicación del agua a esta provincia, además de a la de Tarragona. Por su parte, la infraestructura (conexión CAT-Abrera) se programó en el Anexo II de la Ley del PHN.
Iniciado el desarrollo de estas actuaciones, el Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modificó la Ley del PHN, derogó todos los artículos relativos al trasvase del Ebro tanto en el ramal norte hacia Cataluña, como en el ra-
mal sur hacia la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, suprimiendo la conexión prevista desde Tarragona. Posteriormente, la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modificó el PHN, suprimió las palabras añadidas «y Barcelona», anulando tanto la habilitación legal como la infraestructura necesaria para llevar agua a Barcelona.
A fecha de hoy, la sequía ha evidenciado la necesidad de retomar aquella iniciativa, derogar la derogación, y restablecer la previsión del PHN de 2001, bien habilitando mecanismos de cesión de derechos, concesiones con posibles remanentes u otra fórmula jurídica que, por el momento, no ha sido completamente perfilada. En cualquier caso, Barcelona tendrá agua del Ebro.
La historia permite observar que lo que ahora se va a ejecutar por un mecanismo de emergencia es exactamente igual a lo que se planteó en el PHN de 2001 y se derogó en 2005. La obra ya podría estar ejecutada y haber contado, además, con financiación de fondos europeos. En segundo lugar, resulta evidente la necesidad de que la política de agua sea objeto de acuerdos políticos a largo plazo. Cada vez más escasa y sometida a mayores presiones, ha de ser una política de Estado, al margen de coyunturas y vaivenes del momento. Resulta evidente en tercer lugar, la necesidad de una visión integrada para aproximarse a los problemas del agua. Prescindiendo de prejuicios técnicos y anatemas nominales, no debe descartarse a priori ninguna alternativa que pueda contribuir a resolver los problemas.
El problema de Barcelona debe ser resuelto sin vacilaciones, de forma definitiva, con medidas diversas programadas a corto, medio y largo plazo. Pero hay que recordar el problema que se vive desde Castellón hasta Almería. Acaso menos visible, paliado a costa de inadmisibles cotas de sobreexplotación y degradación medioambiental, es igualmente grave y requiere análoga atención. Es cierto que no se han producido restricciones para usos urbanos, pero existe una permanente restricción a otros usos, como el regadío, que está ahogando al sector, desertizando el territorio e induciendo al medio ambiente hídrico daños cuyo alcance tardará en poderse percibir en toda su dimensión.
Es urgente y prioritario poner todos los medios posibles para impedir que Barcelona se quede sin agua para sus usos urbanos e industriales, pero es igualmente importante prever los medios para que esto no se produzca en otros lugares. Los mecanismos se instituyeron en la Ley de Aguas de 1985 y posteriores reformas. Se requiere sólo la voluntad de su cumplimiento.
Francisco Cabezas es director del Instituto Euromediterráneo del Agua.
Otro modelo de gestión
En España, uno de los países con más presas por habitante y kilómetro cuadrado, proponer la construcción de nuevos embalses para prevenir próximas sequías es como regalar un monedero a un pobre. Embalses no faltan; lo que falta en época de sequía es agua. Cuando llueve, ciertamente, hay donde almacenarla. Por otro lado, promover grandes trasvases, como hacía el Plan Hidrológico Nacional (PHN) del PP, no ofrece fiabilidad para prevenir las sequías, en la medida en que éstas suelen ser regionales y afectan al conjunto del área mediterránea. De hecho, el propio PHN preveía que el 20% de los años, en concreto los de sequía, el proyectado trasvase del Ebro no podría trasvasar ni un metro cúbico, pues la propia Cuenca del Ebro estaría en estrés hídrico.
Una de las razones principales de nuestra vulnerabilidad frente a la sequía reside en el uso maximalista que hacemos de los recursos regulados. Debemos reducir nuestra ambición en años de vacas gordas y cambiar la estrategia de gestión de esa enorme capacidad de regulación disponible para incrementar nuestro margen de maniobra en años de vacas flacas.
Desde las estrategias hidráulicas que han estado vigentes a lo largo del siglo XX, las propuestas se centran en más hormigón e intensificación de la explotación de ríos y acuíferos, aun a costa de degradarlos más. La Directiva Marco Europea, sin embargo, promueve enfoques basados en recuperar y conservar el buen estado de los ecosistemas acuáticos como eje central de los planes de sequía. En efecto, recuperar el buen estado de acuíferos y humedales refuerza la inercia y la llamada resiliencia del ciclo hídrico, frente a la variabilidad climática. Desde esta perspectiva, la gestión integrada de aguas subterráneas y superficiales pasa a ser uno de los principales ejes a desarrollar, asumiendo los acuíferos como las reservas estratégicas más fiables en caso de sequías agudas.
Las nuevas tecnologías de ósmosis inversa disponibles (membranas de baja presión, cámaras isobáricas) no sólo permiten obtener aguas de mayor calidad a menor coste, por regeneración y reutilización de caudales y por desalación de aguas marinas, sino que ofrecen mayor fiabilidad (aún en sequías extremas), flexibilidad y modularidad.
En todo caso, desde las perspectivas de cambio climático en curso, el crecimiento del regadío previsto en la planificación hidrológica actual es insostenible. El agotamiento de los caladeros nos llevó en su día a reconvertir el sector de la pesca y, desde luego, a nadie se le ocurrió recrecer la flota, sino reducirla, modernizarla y proteger a los sectores más vulnerables. De forma análoga, hoy es necesario promover un Plan de Reconversión del Regadío que permita reducir la superficie regada y aumentar la garantía de riego y de abastecimiento en sequía. En España hay decenas de miles de hectáreas de baja productividad, en muchos casos salinizadas, en las que se cultivan subvenciones más que producciones rentables. Hacer adecuadas ofertas de compensación a los regantes permitiría retirar muchas de esas hectáreas y recuperar importantes caudales. Lo que no tiene sentido es mantener planes de crecimiento del regadío, como los del Valle del Ebro, donde los gobiernos autónomos de la Cuenca (especialmente en Aragón, Navarra y Cataluña) vienen promoviendo la transformación de más de 300.000 nuevas hectáreas de regadío.
Respecto a la situación en Barcelona, la estrategia planificada de cara al futuro es ejemplar. Está basada en la modernización de redes, la reutilización de caudales, la desalobración de las aguas subterráneas de los acuíferos del Besos y del LLobregat por ósmosis inversa (que ya opera en el Besos a un coste de 0,25 euros/m3) y de forma muy especial la desalación de aguas marinas en las plantas de Llobregat, Torderas y Cunit, que generarán 200 millones de metros cúbicos al año de aguas de alta calidad a un coste de 0,4 euros/m3. Desde esta estrategia, se descartan tanto el gran trasvase del Ebro, que chocaría con graves problemas de disponibilidad de caudales (como preveía el PHN), costes similares a la desalación y peor calidad de aguas; como el del Ródano, que costaría por encima de 1 euro/m3 (hace 10 años se presupuestó en torno a 0,7 euros/m3). Barcelona proyecta incluso devolver buena parte de los caudales del trasvase del Ter en el se ha basado desde hace tiempo su abastecimiento.
El problema no está por tanto en la planificación, sino en la gestión de una sequía sin precedentes para la que no llegan a tiempo las citadas desaladoras en construcción. En este contexto, tanto el trasvase desde el Delta, sobre la base del preexistente minitrasvase a Tarragona, como otras posibles opciones desde el embalse de Rialp, sobre el Segre, deben basarse en la organización de un Centro de Intercambio que garantice la retirada negociada e indemnizada de 4.000 hectáreas de regadío en el Canal de Urgel, de forma que se mantengan e incluso puedan incrementarse los caudales ambientales en el Segre y en el Bajo Ebro, al tiempo que se dispone del agua necesaria para que Barcelona, aún en el peor de los casos si no llueve en los próximos meses, no sufra restricciones.
Pedro Arrojo Agudo es profesor del Departamento de Análisis Económico de Zaragoza y Premio Goldman de Medio Ambiente 2003.