El debate energético en Europa

Los problemas financieros retumban de tal modo en el debate sobre Europa que corren el riesgo de convertirse en el instrumento solista del (des) concierto europeo. Y, sin embargo, hay otros asuntos. Justamente cuando se están cumpliendo 60 años desde que se fundara la Comunidad Europea del Carbón y del Acero resulta apropiado debatir sobre las prioridades de la infraestructura energética en el continente. Son éstas el objeto de una reciente Comunicación de la Comisión Europea y del Informe que acaba de aprobar el Pleno del Parlamento Europeo y del que he tenido el honor de ser ponente.

La preocupación por la energía se advierte en los estudios que la Comisión publicó en forma de Libros desde mediados de los años 90, hijos de la Carta europea de la energía de 1991. En 2006 se fijaron con claridad los objetivos renovados de la política energética: mercado común; impulso de las energías renovables como instrumento de lucha contra el cambio climático; seguridad del abastecimiento y diversificación de sus fuentes. Después, el famoso tres veintes -reducción del 20% de los gases de efecto invernadero, mejora de la eficiencia energética en un 20% y aumento de las renovables en un 20%-, se ha convertido en un expresivo resumen de las preocupaciones europeas. En cierta manera, la brújula para sus medidas políticas pues no hay que olvidar que, en estricta conexión con la política energética, circulan las relacionadas con el transporte, la vivienda o los edificios públicos.

Junto a estos fines, la clara conciencia de que la geopolítica bilateral (acuerdos de los Estados miembros con países productores) es una estrategia errónea que ha de ser sustituida por una política común que convierta la política energética en una parte sustancial de la política exterior. Era Jean Monnet quien aseguraba que «para construir Europa es preciso avanzar paso a paso y que lo esencial es tener un objetivo lo suficientemente claro como para no perderlo de vista».

En el Tratado de Lisboa se ha consagrado un título a la energía (el XXI) donde aparecen formulados los compromisos mencionados y, además, el fomento de «la interconexión de las redes energéticas». Sin embargo, el artículo 192 establece un procedimiento para la toma de decisiones cuando se trate de «medidas que afecten de forma significativa a la elección por un Estado miembro entre diferentes fuentes de energía y a la estructura general de su abastecimiento energético». En tal caso, el Consejo decide por unanimidad.

Dicho en lenguaje entendible: en manos de cada uno de los Estados queda el asunto central de la estructura de sus abastecimientos y la configuración de su cesta energética (mix). Por eso vivimos ahora el debate desencadenado por la decisión unilateral alemana de abandonar la energía nuclear y el malestar que ha causado en países vecinos. Pues es bien cierto que existe una contradicción entre la pretendida garantía del abastecimiento de la Unión Europea en su conjunto y, al mismo tiempo, la imposibilidad de intervenir en la definición de ese abastecimiento en los 27 países pues ello está reservado a los Estados.

El objetivo del Informe que hemos aprobado está orientado a corregir unas infraestructuras energéticas que, a juicio de la Comisión Europea, se hallan «desfasadas y mal interconectadas». Así, por ejemplo, nos encontramos con un aumento espectacular de generación de electricidad de origen eólico en las regiones del Mar del Norte y en el Báltico; con el inmenso potencial de energía renovable en el sur de Europa y en el norte de África; con los problemas que derivan del almacenamiento de electricidad a gran escala; con las necesidades de recarga de los vehículos eléctricos y con el transporte y almacenamiento de CO2 e hidrógeno, entre otras cuestiones urgentes. Todo ello es imposible afrontarlo si no ideamos nuevas redes y nuevas conexiones tanto en el interior de la UE como con terceros países.

Se trata ahora de ir avanzando en la determinación de las infraestructuras necesarias: a) estableciendo los criterios que permitan seleccionar proyectos de interés europeo; b) garantizando la ejecución de estos proyectos en plazos razonables y arbitrando fórmulas para solucionar el conflictivo asunto de los procedimientos de autorización y otorgamiento de licencias en los Estados miembros; c) asegurando una financiación que atraiga e impulse la inversión privada.

Importante para España -y para Portugal, pues en este achaque vamos de la mano- es la insistencia desde Europa en acabar con las islas energéticas, que es como se define a la Península Ibérica, tradicionalmente mal conectada con los mercados del centro europeo. Lo mismo ocurre con la preocupación por asegurar las conexiones con las redes europeas tanto de territorios insulares -Islas Canarias, Madeira, las Azores- como de las zonas montañosas. Se fija el objetivo temporal para solucionar este histórico atraso en el año 2015.

La eficiencia energética y el ahorro son ingredientes centrales en el nuevo diseño porque hemos creído que, mediante la reducción de la demanda de energía, se puede disminuir la dependencia de las importaciones con el consiguiente efecto en las necesidades en infraestructuras tanto públicas como privadas. En conexión con ello, se insiste en la necesidad de crear redes inteligentes que aseguren la adecuada relación entre la producción, el transporte y la distribución y que permitan al ciudadano un consumo consciente -y ahorrador- de energía.

Preocupación fundamental ha sido la tramitación de las licencias, autorizaciones y demás piezas del procedimiento administrativo destinadas a permitir la ejecución de las obras necesarias. El lamento de todos los actores es unívoco: los proyectos se eternizan por la oposición de las poblaciones a ver crecer en su vecindad torres o instalaciones de cualquier tipo. En Alemania se da el caso de que, los mismos que se declaran ecologistas y contrarios a las plantas nucleares, se están oponiendo -a través de asociaciones, plataformas y otras formas del humano ayuntamiento- a las instalaciones que han de servir para sacar la gran cantidad de energía eólica que se está produciendo en el norte del país y llevarla a los centros de consumo.

Para solucionar este conflicto, siendo respetuosos con las competencias de los Estados, se ha pensado en la información temprana a la ciudadanía y en establecer un sistema de advertencias para el caso de que las autoridades de un Estado no atiendan una solicitud en un plazo razonable, así como controlar si los procedimientos nacionales garantizan la ejecución correcta de los proyectos europeos para, en caso contrario, constatar formalmente el impedimento que un Estado pone a la construcción del mercado interior en la UE.

Estamos ante objetivos muy ambiciosos para los que es necesario el concurso de todos. En este sentido son imprescindibles las empresas del sector que claman justamente por un marco regulatorio estable, no sometido a bandazos ni caprichos transitorios de los gobiernos, la mejor forma de asegurar la financiación de sus esfuerzos.

Hasta ahora la política energética de la UE -tanto hacia el exterior de sus fronteras como en su interior- ha carecido de un impulso decididamente europeo. Hoy debemos ser conscientes de que el tiempo de las políticas energéticas nacionales pertenecen al pasado.

Europa ha de hablar con una sola voz. Una voz que sea bien audible y resuene cabal en la bóveda del edificio europeo.

Porque es de nuestra fragilidad energética de donde hemos de sacar las fuerzas para construir una Europa energéticamente sólida y vigorosa, digna sucesora -en este año de aniversario- de aquel gran invento que fue la CECA. Nuestra cuna como europeos justamente.

Francisco Sosa Wagner, eurodiputado. Ha sido ponente del Informe sobre infraestructuras energéticas en el Parlamento Europeo. Su último libro (con Mercedes Fuertes) es El Estado sin territorio. Cuatro relatos de la España autonómica, dos ediciones, 2011, Marcial Pons.

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