El debate inesperado sobre el aborto en Argentina

En una manifestación a favor del aborto en Buenos Aires, en abril de 2018 Credit Natacha Pisarenko/Associated Press
En una manifestación a favor del aborto en Buenos Aires, en abril de 2018 Credit Natacha Pisarenko/Associated Press

La comediante argentina Malena Pichot tiene una rutina en la que fustiga a quienes se oponen a la legalización del aborto. El chiste —si se le puede llamar así— habla de cómo su postura devalúa con dolo a las mujeres.

“Odian tanto a las mujeres”, dice, “las desprecian tanto que se identifican más con un embrión más pequeño que un grano de arroz. Sienten más empatía con eso que con una mujer que pase por un aborto clandestino y pueda morir”.

El año pasado, prácticamente nadie hubiera podido imaginarse que las discusiones sobre cuándo un grupo de células puede ser considerado un bebé o el número de mujeres que mueren a causa de abortos clandestinos estarían dominando los titulares argentinos. Pero ahí están: los legisladores se preparan para discutir varias propuestas de ley que legalizarían el aborto dentro de las primeras catorce semanas de embarazo. La Cámara de Diputados tiene planeado votar sobre el tema el mes próximo. Si la ley se aprueba, Argentina se convertiría en el país más poblado de América Latina en permitir que las mujeres interrumpan embarazos, en una región que se inclina hacia la prohibición absoluta.

Sorprende el hecho de que este país de pronto se vuelva un ejemplo regional a favor del derecho a decidir. La década pasada, más o menos, marcó el comienzo de una serie de reformas progresivas en el país que incluyen el matrimonio igualitario, los derechos de las personas transexuales y políticas sobre educación sexual. Sin embargo, antes de esta primavera, el aborto estaba fuera de toda cuestión debido a una combinación de falta de voluntad política y oposición de la influyente Iglesia católica, que lucha en el lugar de origen del papa Francisco.

No obstante, el tema se puso a discusión inesperadamente en marzo, cuando el presidente conservador Mauricio Macri abrió el Congreso con una invitación para que los legisladores debatieran el problema, aunque se aseguró de agregar una advertencia protectora de que él mismo está totalmente “a favor de la vida”. Los comentaristas sorprendidos e incrédulos calificaron el movimiento de Macri como una estrategia política: un debate sobre el aborto podría ayudar a que se desvíe la atención de los problemas económicos en Argentina, como la creciente inflación y el impopular aumento a las tarifas de servicios públicos y transporte.

Aunque también pudo haberse hecho con miras a cambiar la opinión pública. Varias encuestas señalan que la mayoría de la población actual apoya la descriminalización del aborto, con un porcentaje mayor entre votantes jóvenes y aquellos con niveles educativos más altos. El aborto cruza líneas de los partidos más importantes y el problema era cada vez más notorio en los meses previos al anuncio de Macri. La zambullida nacional en el debate sobre el aborto también es consecuencia de casi tres años de activismo público sin precedentes por parte de las argentinas, reunidas bajo la consigna de Ni Una Menos.

Ni Una Menos comenzó con una protesta en 2015 contra la creciente ola de feminicidios que terminó con las vidas de 235 mujeres ese año. La marcha original fue provocada por el asesinato de una niña de 14 años embarazada a manos de su novio adolescente, que la enterró en el patio trasero de sus abuelos. La historia es típica, aunque los detalles sangrientos pueden variar.

El movimiento comenzó como respuesta a los cientos de asesinatos de mujeres y niñas, pero las activistas rápidamente esgrimieron que para detener el feminicidio también es necesario enfocarse en la mentalidad machista que lo incita, en una cultura donde los feminicidios son considerados tradicionalmente como crímenes pasionales y los perpetradores se justifican aludiendo a infidelidades reales o supuestas. De pronto, cientos de miles de mujeres comenzaron a exigir reformas legales y políticas para penalizar la violencia de género, para ofrecer apoyo a las víctimas y para desarrollar educación que tenga como objetivo la erradicación de la violencia. El aborto pronto se volvió parte esencial de las demandas.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, al menos 350.000 personas se reunieron en Buenos Aires para exigir el aborto legal, seguro y gratuito en hospitales públicos. La campaña se enfocó en un argumento pragmático: hacer ilegal el aborto no disuade a las mujeres de hacerse uno, sino que solo las hace más propensas a morir a causa de ello.

Los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en la Argentina, que tiene una tasa demasiado alta para el nivel de desarrollo del país. Los expertos creen que 500.000 se llevan a cabo anualmente, y las complicaciones consecuentes mataron a un aproximado de 43 mujeres el año pasado. En la Argentina los abortos están técnicamente permitidos en casos de violación y si la salud de la mujer está en peligro pero, en realidad, barreras como un uso exagerado de las leyes de “objeción de conciencia”, que permiten que los doctores y los hospitales se rehúsen a llevar a cabo estos procedimientos, hace que el acceso, incluso bajo estas circunstancias, sea extremadamente limitado. El caso de una joven madre de tres niños a la que en 2007 se le prohibió realizarse un aborto necesario para poder recibir tratamiento contra el cáncer es emblemático. Murió, igual que el bebé.

Si Argentina legaliza el aborto, el país se convertiría en una anomalía en una región donde domina el enfoque conservador y donde la violencia contra las mujeres continúa sin control. En El Salvador, el aborto es absolutamente criminalizado en todos los casos, incluso cuando la vida de la embarazada está en peligro. Los casos son perseguidos sin piedad y, en ocasiones, las mujeres han recibido sentencias de encarcelamiento por décadas o cargos de homicidio calificado. El Salvador también tiene el índice de feminicidios más alto del mundo; los países latinoamericanos lideran los diez primeros lugares con los índices de feminicidios más altos. A excepción de Uruguay, donde la interrupción legal del embarazo de doce semanas casi ha erradicado por completo las muertes por causa de abortos inseguros, el avance en el tema ha sido insignificante. Chile legalizó el aborto en circunstancias extremadamente limitadas el año pasado; sin embargo, las regulaciones gubernamentales ya están socavando su acceso. En Brasil, los legisladores de extrema derecha están ejerciendo presión a favor de la prohibición total. Además, el mes pasado en El Salvador se bloquearon los intentos para permitir el aborto en situaciones que ponen en riesgo la vida de la mujer.

Los comentadores sarcásticos dicen que es fácil oponerse al feminicidio porque nadie lo defiende. El chiste de Pichot ataja la hipocresía que subyace en esa visión, porque la sociedad que no reconoce el cuerpo de la mujer como solo suyo es precisamente una donde puede ser asesinada impunemente.

La propuesta de ley más importante de las ocho consideradas en la Cámara de Diputados ha sido presentada periódicamente por una coalición de organizaciones de activistas desde 2007. Cada propuesta de ley ha perdido estatus parlamentario sin llegar al pleno.

No está claro cuál será el resultado de la votación de junio. Los cálculos muestran una ligera mayoría contra la legalización en la Cámara Baja y una gran mayoría en contra en el Senado; no obstante, los legisladores indecisos aún podrían cambiar el voto. Eso haría poco por las trescientas mujeres asesinadas en Argentina el año pasado, pero haría mucho por expresar que sus muertes y las muertes completamente evitables de otras mujeres son inaceptables.

Jordana Timerman es una periodista argentina y editora del Latin American Daily Briefing.

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