EL PAÍS editorializaba el pasado día 12 su razonable extrañeza que siendo la energía nuclear fuente de un 20% de nuestra electricidad, España esté claramente del lado antinuclear, chocándole que una decisión, profundamente política y trascendente, ocurriera con total ausencia de debate al respecto, pese a las incógnitas que genera la endiablada combinación de cambio climático y crisis energética.
Recogemos el desafío y debatamos desde la óptica del empleo, tras saludar el trabajo hecho por verdes y diplomáticos y reconocer que quizás hemos pecado de voluntarismo sobre la capacidad real de la ONU para establecer compromisos efectivos y de envergadura, confundiéndola con un sujeto de la gobernanza mundial capaz de imponer los titánicos esfuerzos que hay que abordar para cumplir los objetivos climáticos 2030 y 2050.
En Glasgow, federaciones sindicales mundiales y representativas del sector energético declararon que la energía nuclear “ya ha ahorrado 70.000 millones de toneladas de emisiones de CO₂ en todo el mundo y proporciona energía limpia a cientos de millones de personas, siendo la única fuente de electricidad limpia disponible las 24 horas del día, haga el tiempo que haga. Sin nuevas inversiones, en 2040 se perderán más de 100 gigavatios que abastecen a 200 millones de hogares y costando probablemente medio millón de puestos de trabajo”.
El punto 52 del flamante Pacto Climático de Glasgow alerta de que la transición climática necesita “garantizar transiciones justas que promuevan el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, así como la creación de trabajo decente y empleos de calidad”. Preocupación más que justificada en lo que respecta a España, ya que las políticas de empleo no van a dar respuestas mínimamente suficientes a lo que van a exigir las familias trabajadoras españolas, y sobre todo los jóvenes. Nuestra potencialidad de empleo, basada en los servicios y el turismo, o el automóvil, amén de la construcción ya demediada por la crisis de 2008, son muy vulnerables a las transformaciones digital y verde.
ONU locuta causa NO finita, y aquí la pelota está en manos de la UE, único ente geoestratégico representado por partida doble en Glasgow: Comisión Europea y Estados miembros. En breve, la Comisión publicará su primera clasificación (taxonomía) con la lista de actividades económicas financiables y coherentes con el Pacto Verde Europeo, y su respuesta a las tres crisis del Antropoceno: clima, biodiversidad y medioambiente.
La taxonomía pos Glasgow tiene tres temas, trascendentes para el empleo, pendientes de urgente decisión: el futuro de la energía nuclear, el papel del gas en la transición energética y la conexión de la Política Agraria Común (PAC) con los objetivos climáticos. Queda todavía, por avanzar más, la denominada taxonomía social, para garantizar en las inversiones futuras el respeto al pilar europeo de empleo y derechos sociales.
Las argumentaciones en torno a la energía nuclear son múltiples, por lo que en el imprescindible debate, poscovid y pos COP26 habrá que evitar las pasiones talibanas. Conocemos las posiciones sobre la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía: Alemania ha venido encabezando la postura a favor del gas y contra la nuclear; Francia juega la carta nuclear. Emmanuel Macron justifica esta posición para garantizar el suministro eléctrico y lograr la neutralidad de carbono en 2050. España, por boca de la vicepresidenta Teresa Ribera, es mucho más radical, ya que no quiere que sean elegibles para fondos europeos ni la energía nuclear, ni el gas. El debate de lo nuclear es la piedra de toque sobre la unidad que la Unión Europea necesita en torno a su modelo social y el empleo, para desde la conciliación reforzarse y mantener una diversificación de sus fuentes de energía primaria, que afronte tanto la transición climática, como las eventuales crisis del precio del kilovatio.
Liderar la lucha frente a la crisis climática supone, para la UE, entrar en conflicto con la globalización y sus mercados, frente a Estados Unidos y China decididamente proteccionistas y con la vecindad de Estados geopolíticamente agresivos como Rusia. Aquellos que aspiramos a mantener y comprometer el objetivo climático deberemos pensar en un cierto proteccionismo, con toda la incorrección política que despierte. Admirando los esfuerzos de la Comisión en materia industrial y de servicios, puede que no sea suficiente para el mantenimiento de nuestros empleos si el resto del mundo, particularmente estadounidenses y chinos, marcan ritmos distintos y distantes, demorando el cumplimiento de los objetivos climáticos, lo que le daría una ventaja competitiva que se sumaría a las hegemonías ya adquiridas con conglomerados digitales: las grandes empresas tecnológicas (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), Huawei, Tencent y Alibaba. La defensa del empleo toma otras prospectivas si este análisis es correcto.
El debate de lo nuclear lleva a preguntarse sobre el grado de proteccionismo que la UE debe adoptar tanto para rectificar la globalización en su expresión actual, para que nuestro empleo no sufra un progresivo deterioro, como que simultáneamente, España honre los compromisos que ha tomado con la ONU, con el planeta y con las nuevas generaciones.
Cándido Méndez fue secretario general de UGT y Gregorio Martín Quetglas es catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Valencia